La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de varias estafas por valor de 100.000 euros y al que reclamaban 11 juzgados en un zulo que tenía habilitado en su chalé, sito en una urbanización de València. Allí permanecía escondido y vigilando mediante dispositivos electrónicos a los agentes que examinaban su casa, hasta que fue localizado por un perro adiestrado.

El sospechoso no salía del chalé porque sabía que estaba en busca por diferentes juzgados. El exterior de la vivienda estaba cercado y dotado de un sofisticado sistema de grabación de cámaras de vigilancia.

"El GOES (Grupo de Operaciones Especiales) entró en la casa con una orden judicial y, una vez en el interior, comprobaron que también había cámaras de video vigilancia por todas las estancias, pero sin localizar rastro del sospechoso. Mientras se realizaba el registro por parte de los investigadores, un perro del grupo de Guías Caninos, especializado en búsqueda de dinero, "marcó" un mueble en una de las estancias, por lo que la guía del perro observó con más detenimiento la estantería, ejerciendo un poco de fuerza sobre ella", señala la Policía en una nota.

Y así encontraron "un pequeño agujero en el tabique a través del cual observaron un brazo" del sospechoso, "que se encontraba escondido junto a un portátil y un móvil con el que vigilaba los movimientos de los policías".

Fue detenido como presunto autor de tres delitos de estafa. En el registro se intervinieron 17.000 euros, una pistola, 38 cartuchos, un uniforme de Guardia Civil, numerosa documentación, tres teléfonos móviles, un portátil, una tablet y cuatro discos duros. El arrestado, con 29 detenciones por estafa, falsificación de documentos, usurpación de estado civil y apropiación indebida, ha ingresado en prisión.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por dos empresarios valencianos por la estafa de 22.233 euros para la supuesta compra de material de protección frente al covid.

Con las primeras pesquisas, los agentes localizaron la cuenta en la que las víctimas ingresaban el dinero, identificando como titular una mercantil, cuya administradora única era una mujer de 39 años, de origen colombiano, que fue detenida como presunta autora de un delito de estafa y a la que le constaba una reclamación judicial por otro delito de estafa. Al mismo tiempo descubrieron que el presunto estafador era un hombre el cual se había presentado a sus víctimas con una identidad falsa.

Una vez averiguada la verdadera identidad del sospechoso, lograron relacionar la cuenta bancaria investigada con él, y comprobaron que le constaban 11 reclamaciones judiciales, dos de ellas para ingreso en prisión.