Un hombre dejó su moto en un taller porque el vehículo tenía un problema con la velocidad del crucero el pasado día 6 de septimbre. Gracias a que tenía instalado un dispositivo antirrobo descubrió que alguien estaba circulando por la autovía A-50 a 222 kilómetros por hora, lo que constituye un delito penal.
Si pensarlo dos veces, acudió a la Guardia Civil para presentar la denuncia correspondiente: “Ya no es la multa que me pueda llegar es que esto es delito y yo soy funcionario público, lo primero que harían sería echarme”, explica.
El funcionario agradece tener la orden de reparación que prueba que la moto no estaba en su poder. En teoría, las pruebas apuntan a que fue uno de los trabajadores del taller el que pudo cometer la infracción, ya que cuando el hombre telefonó al mecánico, un trabajador le dijo que un compañero había salido a probarla debido a la avería que sufría el vehículo.
El hecho ha sido remitido para su investigación al Director General de Tráfico del Ministerio del Interior, Pere Navarro y al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Además, el caso ha llegado a la plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), una asociación que se ocupa de defender los derechos de los motoristas.
