Una de las mayores mafias de inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral en plantaciones de marihuana desmantelada en la Comunitat Valenciana se ha saldado con una pena mínima de tres años y nueve meses de prisión —muy alejada de los 98 años de cárcel que solicitaba el Ministerio Fiscal para cada uno de los acusados llevados ante la Justicia— y un único condenado de los 26 procesados iniciales, entre los que se encontraban varias víctimas que fueron posteriormente exonerados de toda responsabilidad respecto del delito contra la salud pública al acreditarse que habían sido traídos mediante engaños y que eran obligados a cultivar la droga en naves de Alaquàs, Silla, Alginet, Benifaió y Millena.

Solo dos acusados han podido ser juzgados y hay cuatro presuntos cabecillas de la organización criminal que se encuentran en rebeldía y sobre los que pesa una orden de búsqueda y detención, como ya informó Levante-EMV. Pero el mayor problema con el que se ha encontrado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia a la hora de dictar sentencia es que tampoco se ha podido localizar y llevar a juicio, para que declaren contra sus presuntos explotadores, a ninguna de las víctimas de esta red que introducía en el país a ciudadanos vietnamitas y de origen chino, obligándoles a trabajar en las plantaciones ilegales en condiciones inhumanas y próximas a la esclavitud, como así reconocieron a este periódico algunos de ellos tras su detención y posterior puesta en libertad.

La Sala argumenta que «sin esos testimonios solo cabe deducir una actividad aislada que realiza Shengjin L. —el único condenado— relacionada con el cultivo de marihuana en varias naves, pero no es posible establecer una distribución de tareas», ni tampoco su participación en los delitos de trata de seres humanos e inmigración ilegal por los que ha sido finalmente absuelto. El condenado, de 46 años y nacionalidad china, se enfrentaba a una pena de 98 años de prisión pero finalmente la pena impuesta apenas asciende a los tres años y nueve meses de cárcel por un delito contra la salud pública y tres millones de euros de multa. Asimismo, se le impone otra multa de 2.250 euros por el delito de fraude de fluido eléctrico, ya que las citadas plantaciones de marihuana contaban con enganches ilegales al tendido eléctrico. En una de las naves la policía se incautó de 1.092 plantas.

Por su parte, Huadi L., de 43 años y también de nacionalidad china, ha sido absuelto de todos los cargos. Los dos acusados, defendidos por el letrado Jorge García-Gasco y los únicos que han podido ser sentados en el banquillo, evitan así penas que juntas sumaban cerca de 200 años de prisión.

La sentencia argumenta que las declaraciones de las supuestas víctimas no han podido ser tenidas en consideración al ser prestadas cuando todavía estaban en calidad de investigados. Además tampoco cumplen con el principio de contradicción al no haber estado presente el letrado de los acusados, uno de los cuales fue detenido mes y medio después de que los ciudadanos vietnamitas que estaban siendo presuntamente esclavizados prestaran declaración. Por lo tanto no hay pruebas que acrediten que ninguna de las personas encontradas en las naves de Alaquàs, Silla o Alginet, así como en una vivienda de València, «hubiesen sido traídas a España para trabajar contra su voluntad en plantaciones de marihuana», aclara el fallo.

Lo que sí considera probado es que Shengjin L. «participaba en funciones de, al menos, permanente apoyo logístico en el desarrollo de los cultivos de marihuana con fines de distribución a terceros en las naves, llevando a efecto traslado de personas o aprovisionamiento a la actividad que se desarrollaba en las mismas y siendo consciente del uso que se daba a las instalaciones, la dotación de medios que ello requería y la existencia de personas que se alojaban en las propias naves y que se dedicaban al cultivo y mantenimiento de las distintas plantaciones», como así demostraron las vigilancias realizadas por la Policía Nacional de Xirivella.

Los dos únicos acusados llevados a juicio —en primer plano el condenado y al fondo el absuelto— negaron su participación en la organización criminal y aseguraron desconocer la actividad que había en las naves o que se tratara de personas traídas contra su voluntad. No obstante, las víctimas, en situación de extrema necesidad en sus países de origen, relataron a la policía que la mafia les exigía el pago de una deuda de entre 8.000 y 20.000 euros.