La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirma la condena de cinco años de prisión impuesta por la Audiencia de Valencia al ex marido de Mónica Oltra por abusar sexualmente de una menor tutelada. El tribunal ha decidido desestimar el recurso interpuesto por Luis Eduardo R. I. contra la sentencia de la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 y se habrían repetido entre dos y diez ocasiones, cuando el ahora condenado desempeñaba el turno de noche en un centro de menores de València. Según refleja la sentencia inicial de la Audiencia, el exmarido de la responsable de Políticas Inclusivas acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada.

Según él mismo alegó, entraba en la habitación de la menor, estando ésta sola, por la dificultad que tenía la adolescente para conciliar el sueño. Según su versión, ésta le pedía que le hiciera un masaje. No obstante, el condenado aprovechaba para masajearle la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba. La víctima tenía que fingir que seguía durmiendo ante la vergüenza que le producía dicha situación, según el fallo. 

La clave del caso ha estado en los informes contrapuestos elaborados por el Instituto de Medicina Legal de València y el elaborado por el instituto Espill. La sentencia del TSJC coincide con la tesis de la Audiencia sobre “lo anómalo que resulta la elaboración de este informe cuando eran plenamente conscientes de que el asunto ya estaba en manos de la Fiscalía”. Este informe reservado suscita reservas por cómo surge al margen de este procedimiento. Así, estos informes “podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda”, argumenta la sentencia.

De hecho, el informe psicológico aparece fechado el día 7 de noviembre de 2017 y el 22 de noviembre de 2017, pero las conclusiones de la “instructora de la información reservada” no son incorporadas a la causa hasta el 18 de diciembre de 2020 tras ser reclamado por la Audiencia una vez ya ha sentencia condenatoria de cinco años de prisión.

Respecto a la denegación de pruebas solicitadas por la defensa del condenado después de que el Ministerio Fiscal contemplara la circunstancia de prevalimiento, la sentencia explica que la defensa trató de introducir nuevas pruebas “tendentes a combatir la cuestión de fondo central”, como el cuadrante de fugas de la menor y la declaración de la víctima, “que ya le fueron oportunamente denegadas con anterioridad”. Asimismo solicitó una nueva pericial sobre la credibilidad del testimonio de la menor.

El fallo del TSJCV tampoco aprecia error en la valoración de la prueba. De hecho, como ya se ha argumentado una y otra vez por parte de la Audiencia Provincial, tanto en la sentencia condenatoria que fue anulada como en la que ahora ha sido ratificada, el testimonio de la menor víctima de abusos cumple con los criterios de verosimilitud, persistencia en la incriminación y ausencia de móvil espurio.