El Consejo de Ministros ha acordado declarar zona catastrófica al entorno de Sierra Bermeja afectado por el primer incendio de sexta generación registrado en todo el país, que calcinado casi 10.000 hectáreas.

Según un análisis provisional, los daños provocados por las intensas llamas se concentran en los términos municipales de Estepona, Jubrique, Genalguacil, Casares, Faraján, Júzcar y Benahavís. En todos ellos, la población tuvo que ser desalojada de forma preventiva debido al imparable avance de las llamas aunque no llegaron a afectar a ninguna vivienda, no así a ciertas parcelas y fincas privadas, y afectando también a la red de suministro de luz y agua.

El devastador fuego de Sierra Bermeja, en Málaga, sigue sin control

El devastador fuego de Sierra Bermeja, en Málaga. Agencia ATLAS | Foto: Álex Zea

Esta declaración se produce poco antes de que finalice el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que estaba previsto que el Gobierno autonómico solicitase al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia civil, lo que se conoce comúnmente como declaración de zona catastrófica.

Además, esta misma mañana los diputados nacionales del PSOE por Málaga, Ignacio López, Fuensanta Lima, José Carlos Durán y María Dolores Narváez, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados precisamente para solicitar esa declaración además de un informe de daños coordinado con el resto de administraciones públicas. En la misma línea lo hizo la representación del Partido Popular por la provincia en el Parlamento nacional la semana pasada.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado la “anticipación” del Ejecutivo de Pedro Sánchez así como su “apoyo a todos los municipios afectados por el incendio forestal de Sierra Bermeja”.

“Ahora es el momento de que tanto la Junta de Andalucía como los municipios afectados realicen una evaluación técnica de los daños para que las ayudas puedan llegar lo antes posible a los damnificados del que ya es el incendio más devastador que tiene lugar en la provincia de Málaga”, ha añadido el subdelegado.

Este acuerdo del Consejo de Ministros da cobertura a las emergencias de protección civil que se han producido con posterioridad al pasado 24 de agosto de 2021. Según explican desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, en todos estos casos, la emergencia alcanzó tal gravedad que las administraciones autonómicas tuvieron que activar sus planes de protección (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno, lo que permite ahora la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil (ZAEPC).

“Son, en todos los casos, emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y bienes públicos, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, daños que no han podido ser identificados y cuantificados todavía por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía”, se detalla.

Beneficios

Con esta declaración, las zonas declaradas como catastróficas podrán beneficiarse de una serie de medidas y ayudas, reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, destinadas a "paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios”.

Esta declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego o por las inundaciones. 

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil, detallan.