Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y Europol, han detenido en distintos puntos de la provincia de Valencia a cinco personas por su presunta pertenencia a una organización criminal, de carácter familiar, que había blanqueado en España más de 45 millones de euros. El dinero, según fuentes de la investigación, procedía de distintas tramas de corrupción urbanística principalmente en Guinea Ecuatorial Las investigaciones policiales comenzaron en el año 2017, coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de València y por el Juzgado de Instrucción número 20 de València, también.
Los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad central de Delincuencia Económica y Financiera, con sede en Madrid, iniciaron la investigación al comprobar la intensa relación comercial y financiera que había desarrollado una mercantil española, radicada en València y dirigida por una organización de carácter familiar.
Cuando pusieron la lupa sobre las operaciones comerciales de esa empresa, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles, observaron que trabajaban con unos precios muy superiores a los valores de mercado, algo típico en algunos sistemas de blanqueo. Además, la firma carecía de personal e incluso de infraestructura que permitiera alcanzar o explicar semejante volumen de negocio, e introducía en el sistema financiero español enormes cantidades de dinero. De hecho, el total de dinero negro lavado que los agentes han logrado certificar supera los 45 millones de euros.
«Para la realización de estas actividades», explicó ayer la Policía Nacional en un comunicado, «la organización criminal realizó ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países, así como la adquisición de inmuebles en España a nombre de otras personas».
La organización creó una estructura societaria para camuflar el destino final de los fondos obtenidos y el «extraordinario incremento patrimonial» de la mercantil bajo sospecha. Las pesquisas policiales han permitido establecer que buena parte del dinero fue blanqueado comprando numerosas propiedades inmobiliarias tanto en València como en municipios costeros.
Debido a las conexiones internacionales de esta organización criminal, durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (Efecc) de Europol, dada su experiencia en la detección de la vías más habituales para blanquear y para encontrar los posibles vínculos de corrupción de donde procedía toda esa inmensa cantidad de dinero.
La familia en València
Hasta el momento, se ha procedido a la detención de cinco personas españolas, con lazos familiares entre sí, por su presunta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal, aunque «no se descartan futuras detenciones», matizó ayer la Policía Nacional en su comunicado, ya que esta investigación solo ha servido para detectar el lavado de dinero negro en España, pero no los delitos urbanísticos cometidos en Guinea, competencia de las autoridades de la antigua colonia española.
La semana pasada, una vez localizados todos los sospechosos, los agentes de la UDEF central se desplazaron a València y, con la colaboración de funcionarios de la Agencia Tributaria y de Europol, así como del grupo de Blanqueo de la UDEF de València, pusieron en marcha la operación para arrestar a los cincos presuntos integrantes del entramado familiar
El operativo policial incluyó dos registros, uno de ellos en el domicilio del presunto cabecilla y el otro en la sede de la empresa, en los que fueron intervenidos 21.000 euros en efectivo y abundante documentación, tanto en papel como en soporte electrónico y digital (ordenadores fijos, portátiles, tabletas, discos duros y teléfonos móviles), que ahora serán examinados en busca de más pruebas de las rutas seguidas por el dinero fraudulento.
Además, han sido intervenidos judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia, así como dos vehículos utilizados por la organización. Así mismo, han sido embargadas 35 cuentas bancarias en distintas entidades financieras, a lo que se añaden diferentes objetos y colecciones de alto valor económico.
