Tirones de pelo, llaves de artes marciales , empujones por las escaleras... Son solo algunas de las prácticas que, presuntamente, se llevaban a cabo en el «Hogar Educatea» de El Campello para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), según los testimonios de los trabajadores recogidos en la inspección realizada por la Generalitat. Unas prácticas denunciadas tanto por las familias como por los propios empleados ante Inspección, y que motivaron que la Fiscalía ordenase la detención de tres miembros de su personal.
En 2019, la Conselleria de Políticas Inclusivas ya realizó una visita de control que alertó de un total de nueve irregularidades, en su mayoría de carácter técnico. No obstante, ya detectó deficiencias en la limpieza de las estancias; el hecho de que una de las usuarias era menor de edad a pesar de que el centro únicamente podía alojar a mayores de 18 años; y la falta de autorización judicial de internamiento para algunos de los jóvenes, un documento imprescindible en este tipo de casos.
Sin embargo, el más esclarecedor de los informes es el emitido por la inspección de Servicios Sociales en mayo de 2021, ya que no solo constata que algunas de las irregularidades detectadas en 2019 no habían sido resueltas, sino que pone de manifiesto que tanto el coordinador como dos de los educadores del centro carecían de formación técnica superior, recoge la falta de higiene y seguridad, y alerta de los testimonios de empleados sobre prácticas agresivas y malos tratos que sufrían varios de los internos del centro, que la conselleria puso en conocimiento de la Fiscalía.
«Estrangulamientos»
Según el informe, al parecer era común «incitar a los usuarios a que pierdan los estribos y disparen su agresividad para después contenerlos» e incluso algunos empleado fueron testigos de cómo un usuario era «arrastrado por el pasillo cogido del pelo», según el relato de algunos de los trabajadores. El documento, de casi 40 páginas y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, también refleja cómo el presidente de la entidad «reconoce estar presente cuando un interno fue empujado escaleras abajo», acción contra la que no se tomó medida alguna.
Según Inspección, son los propios educadores del centro los que denuncian las prácticas violentas de algunos de sus compañeros, e incluso llegan a remitir a Servicios Sociales un informe firmado por varios de ellos en el que se denuncia que el coordinador del personal «instruía al resto de educadores en pautas de intervención violentas», concretamente «técnicas de artes marciales que incluían el estrangulamiento para interrumpir el riego sanguíneo y producir la pérdida de consciencia».
En dicho informe, también se detalla como pauta de actuación «obligar a una joven (tutelada por la Generalitat) a comerse su vómito», según los testimonios recogidos.
Sin un trato digno
Además, el habitáculo que se empleaba para recluir a los usuarios cuando sufrían una crisis «no cumplía las condiciones de seguridad e higiene necesarias para garantizar un trato digno» observándose en la inspección incluso «botellas para orina en el suelo».
Por todas estas irregularidades, el pasado 19 de noviembre, el juez decretó una orden de alejamiento para el coordinador, que era uno de los tres detenidos, como presunto autor de varios delitos. Los dos otros arrestados, el director y un empleado, quedaron en libertad sin llegar a pasar a disposición judicial, y hay otros tres trabajadores investigados.
Otra de las principales irregularidades detectadas en la inspección del pasado mayo es la de la escasa inversión en manutención para los jóvenes del centro. Según el informe, el Hogar Educatea - que recibió cerca de 320.000 euros de la Generalitat en 2020 - invirtió únicamente 4,10 euros diarios por usuario en gastos de alimentación. Teniendo en cuenta que se ofrecían un total de cuatro comidas al día, la entidad invertía únicamente 1,02 euros por usuario e ingesta. Una alimentación, según inspección, «insuficiente para garantizar la correcta nutrición de los jóvenes».
Finalmente, el informe de la conselleria concluye que la vivienda tutelada «se encuentra en un paraje que favorece el aislamiento y dificulta la integración social de los usuarios», por lo que reclama un cambio de ubicación así como que el centro sea gestionado «por una entidad que garantice la transparencia y la democracia que requiere el acuerdo de acción concertada».
Desde la conselleria explicaron que «la persecución de delitos corresponde a la Justicia» y que los supuestos malos tratos y vejaciones se pusieron en conocimiento de la Fiscalía tras la inspección. De cualquier forma, no concretaron si se ha impuesto algún tipo de sanción administrativa ni si se renovará el concierto con la entidad Educatea, que finaliza en los próximos meses. Por el momento, la vivienda tutelada permanece bajo la misma dirección pese a la investigación.
