Las represalias por el tiroteo entre clanes ocurrido en la madrugada del 1 de diciembre de 2018 en la barriada de las ‘Casitas Rosas’ de la Malva-rosa de València, que se saldó con tres personas heridas, podría acarrear para los familiares de las víctimas penas superiores a las que se enfrentan los propios autores de los disparos. Cuatro miembros de este clan, conocido como los ‘Mariano’, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por rociar con gasolina y tratar de prender fuego a varias viviendas del Cabanyal y de la Punta donde pensaban que vivían miembros del clan rival, aunque se confundieron en dos de las casas, poniendo en riesgo la vida de unos vecinos de nacionalidad rumana ajenos a las disputas entre estas dos familias.
Los cuatro procesados - el marido de la mujer herida de bala en la pierna, el hijo del matrimonio, un cuñado y un amigo – se enfrentan a penas que ascienden a los 27 años y medio de cárcel por cuatro delitos de incendio, dos de ellos en grado de tentativa y uno con riesgo para la vida de las personas, de ahí lo elevado de las penas que solicita el fiscal. Por contra, como ya informó ayer Levante-EMV, para los tres hermanos que presuntamente dispararon contra uno de los ahora acusados y contra su familia, después de una pelea en una discoteca de Massanassa, el Ministerio Público solicita 16 años y medio de prisión por dos delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y otro de lesiones leves. El juicio por el tiroteo, que estaba previsto que se celebrara justo un día antes del de la causa por los incendios, se suspendió por una solicitud de nulidad parcial.
La vista oral por las supuestas represalias contra la familia del clan de los ‘Huevo’, presuntos autores del tiroteo, sí que comenzó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València bajo fuertes medidas de seguridad, con agentes de la Usecic de la Guardia Civil como refuerzo para evitar posibles enfrentamientos entre ambas familias.
Los cuatro acusados, que respondieron únicamente a las preguntas de sus respectivos letrados, reconocieron haber ido a la Punta esa noche y haber rociado con gasolina una de las casas en la Entrada de Pedrós, donde fueron captados por una cámara de seguridad, con armas de fuego y un bidón de gasolina, grabación que será visionada durante el juicio como principal prueba de cargo contra ellos.
No obstante, los procesados, defendidos por los letrados Andrés Zapata, Jorge Abadia y Niceto Blanco, alegaron ante el tribunal que nada más percatarse de que había gente dentro desistieron en su acción. Según su versión, en la que coincidieron los cuatro, iban solamente a quemar las casas porque, según ordena la Ley Gitana, los autores del tiroteo estaban obligados a marcharse de allí tras herir a sus familiares, pero que en ningún momento tenían intención de causar un daño humano.
Además, solo admiten haber rociado con gasolina la puerta de una de las viviendas pero que en ningún momento le prendieron fuego. Respecto a los daños causados por el fuego en otros inmuebles de la calle Don Vicente Gallart del Cabanyal, éstos sostienen que fueron otros, pero que no pueden dar sus nombres porque los matarían.
Las víctimas rebajan la gravedad de lo ocurrido
Tras la declaración de los acusados comparecieron como testigos algunas de las víctimas, entre ellos el patriarca del otro clan, padre de los presuntos autores del tiroteo, así como algunos de los residentes rumanos que estaban en una de las casas rociadas con gasolina por error. Ninguno de ellos quiso hacer leña con lo ocurrido e incluso evitaron en todo momento hacer referencia a fuego alguno. Ante la insistencia del presidente del tribunal para que relataran lo ocurrido, recordando que estaban bajo juramento, pudieron aclarar al menos que se quemó un plástico que tenían en la puerta para evitar que entrara el aire y que colocó una manta para que su hija, menor de edad y con asma, no respirara el olor a “agua de motor” -gasolina-.
