El desalojo de ‘okupas’ a espaldas de la ley puede salirle muy caro a los trabajadores de una empresa especializada en «desokupaciones», quienes se enfrentan a penas que ascienden a los doce años de cárcel por dos delitos de allanamiento de morada y cuatro de coacciones tras irrumpir presuntamente por la fuerza en dos viviendas de la calle Emilio Marí de València y obligar a los moradores ilegales a firmar un documento de renuncia a permanecer en el inmueble ‘okupado’.
Esa es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para cada uno de los tres trabajadores detenidos a finales del pasado mes de septiembre por la Policía Local de València tras entrar encapuchados en las citadas viviendas mientras las dos parejas de ‘okupas’ dormían. Asimismo, la Fiscalía solicita también el pago de una multa de 7.200 euros para el promotor inmobiliario dueño de los inmuebles ‘okupados’ que contrató los servicios de esta empresa madrileña de desalojos, acusado de un delito de realización arbitraria del propio derecho.
Los tres trabajadores están acusados de allanamiento de morada, coacciones y lesiones, y el promotor inmobiliario de un delito de realización arbitraria del propio derecho
Además de los delitos de allanamiento de morada y coacciones, ya que los procesados amenazaron a sus víctimas con golpearles y cortarles la cabeza -según el escrito del fiscal-, éstos también se enfrentan a penas de multa de 3.500 euros por las lesiones leves que sufrieron ambas parejas durante el desalojo forzoso.
Uno de ellos acusado también de abusos sexuales
Incluso uno de los trabajadores está acusado también de un delito de abuso sexual por tocarle los pechos a una de las mujeres, mientras ésta se vestía rápidamente tras ser sorprendida desnuda cuando dormía por los presuntos allanadores de su morada. Éstos esgrimían una navaja y una barra de hierro, siempre según la versión que mantiene el fiscal.
Fuentes de la empresa para la que trabajan los acusados sostienen que en ningún momento se hizo uso de la violencia y que «si hubiera una ley que actuara con rapidez para sacar a alguien que ha ‘okupado’ tu casa, no harían falta empresas como la nuestra». «Mis chicos jamás han utilizado la violencia, nuestro trabajo es de mediación para que se vayan voluntariamente», indicó una responsable a este periódico tras las detenciones.
Los hechos, de los que informó en exclusiva Levante-EMV en su día, se produjeron la madrugada del pasado 29 de septiembre cuando los tres acusados, uno de ellos con antecedentes penales, irrumpieron en una de las viviendas de la calle Emilio Marí de València para obligar a los 'okupas' a abandonar el inmueble y facilitar a los operarios de otra empresa la instalación de una nueva puerta de seguridad 'antiokupas'.
Previamente el promotor inmobiliario también procesado había contratado ese mismo mes de septiembre los servicios de esta empresa de 'desokupaciones' con el fin de recuperar la posesión de dos inmuebles de su propiedad en el barrio de Benicalap, que habían sido ocupados recientemente por personas que habitaban en ellos sin el consentimiento del titular. El fiscal le acusa de un delito de ejecución arbitraria del propio derecho por actuar "prescindiendo del procedimiento judicial legalmente previsto" para recuperar sus inmuebles.
