"Buscad mi cuerpo en Los Cahorros -un extenso Parque Natural situado en Monachil (Granada)- si me queréis encontrar". Fue el último mensaje que dejó a su mujer. Hizo lo mismo con sus hijos, a quien les anunció que se iba a suicidar. Tras eso, se apagó su móvil. No se ha vuelto a encender. Domingo Benítez, el hombre de 53 años que desapareció el 29 de diciembre en Granada, no ha vuelto a comunicarse con nadie.
Su familia lo busca sin descanso, pero no hay rastro. Las batidas se tornan interminables, inabarcables, "es como buscar una aguja en un pajar", lamentan. Baten a ciegas, no parten de ningún punto. No lo tienen. Lo desconocen porque el Juzgado de Granada ha denegado la petición de acceder a su geolocalización. Lo han solicitado, junto a Policía Nacional, en dos ocasiones. Las dos han dicho no.
Domingo, con problemas psicológicos y adicción -alcoholismo crónico- se convierte en vulnerable. Su desaparición, inquietante en términos policiales, choca contra un muro. Los días pasan y la búsqueda se bloquea. Un grito, el de la familia, "saber dónde estuvo por última vez sería clave", unido a SOS Desaparecidos, pide que les dejen buscar.
Domingo ya había amenazado con quitarse la vida en otras tres ocasiones
La extensión de Los Cahorros es amplia. El Parque Natural rodea el Parque Nacional de Sierra Nevada, 86.208 hectáreas. Buscar a ciegas resulta imposible. La geolocalización es clave. "Si la tenemos, tenemos un punto aproximado donde el teléfono de Domingo dejó funcionar", explica Joaquín Amills, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos y voz de la familia de Domingo Benítez. "A partir de ahí sí puedes establecer unas batidas, ir marcando un territorio, y trazar búsquedas en un diámetro de 4 o 5 km. Si no, es estar todos con las manos atadas".
El juzgado alega que facilitar el dato sería atentar contra la libertad y la intimidad de Domingo. Tilda su caso de desaparición voluntaria. "Amenazó con suicidarse, ¿Qué necesitamos más?", lamenta Amills.
Un divorcio
En noviembre la estabilidad de Domingo mermó. Fue un mes difícil. Su mujer le comunicó su intención de divorciarse. Se iniciaron los trámites legales.
Domingo amenazó con suicidarse en tres ocasiones en los últimos días. En todas contactaba con su familia para anunciar su plan. Mandó fotos con tres escenarios diferentes en los que alertaba de sus intenciones: una manguera conectada al coche para respirar gas, una cuerda atada a un árbol y una barbacoa en llamas para prender la casa en la que estaba. Dos alertas resultaron falsas, la tercera sí lo intentó. La Guardia Civil, avisada por su todavía mujer, salvó la vida de Domingo al personarse en la vivienda. El fuego había comenzado.
Tras los mensajes, los últimos el 29 de diciembre, se interpuso la denuncia por desaparición y la Policía Nacional comenzó la búsqueda. Su teléfono, apagado desde entonces, no da señal. Su coche, con el que se marchó - un Seat Ibiza rojo con matrícula 9957 DFR- no aparece. "Se ha batido por aire, con los helicópteros de Policía Nacional, ha estado Protección civil, pero es buscar una aguja en un pajar".
"Si está en tratamiento psiquiátrico, si toma medicación, si tiene un problema de alcoholismo, que es crónico... Si aparte de las dos veces que amenazó con quitarse la vida tienes una tercera en que interviene la Guardia Civil. Si el móvil está apagado desde el día 29 de diciembre… ¿Qué más hace falta en este país para que te den la geolocalización?", lamenta Joaquín Amills.
Se pide la geolocalización: permiso denegado
Tras las primeras batidas, la Policía Nacional solicita al Juzgado nº 4 de Granada que facilite la geolocalización del teléfono móvil, "el Juzgado de Granada responde al cabo de una semana u ocho días diciendo que no", afirma Amills, que ya ha denunciado en varias ocasiones los problemas a los que se enfrentan los investigadores cuando solicitan este dato por vía judicial.
"La familia, su abogada y la Policía Nacional vuelven a solicitar al juzgado la geolocalización con la gravedad que viene demostrada. A finales de la semana pasada, cuando todos contaban con ello, el juzgado y la fiscalía dicen que no porque es una desaparición voluntaria". El perfil de Domingo, sus últimos mensajes, hablan por si solos. "Estamos hablando de una desaparición de una persona vulnerable".
El protocolo de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio del Interior establece que las desapariciones involuntarias incluyen aquellas personas que tiene problemas de salud mental. Problemas con deterioro cognitivo, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, personas con discapacidad, etc,. La búsqueda de la persona desaparecida viene generada por razones de su propia seguridad o ante la demanda de familiares o personas allegadas, y por interés social.
Domingo, con medicación, en shock, con depresión y planteamientos suicidas, contradice la definición de desaparición voluntaria. "Que alguien salga por su propio pie de su casa no quiere decir que el acto sea voluntario, su estado mental hace que las decisiones no se tomen libremente, sino de forma condicionada", recalca Amills.
"Cuando la policía te pide una geolocalización es porque hay pruebas de que esa persona es vulnerable"
El Juzgado de Granada sustenta su decisión en que no hay indicio criminal para acceder al contenido del teléfono, por lo que hacerlo podría atentar contra la libertad y la intimidad del desaparecido. Familia, asociación e investigadores chocan. "Cuando la policía te pide una geolocalización es porque hay pruebas de que esa persona es vulnerable. La policía tiene que tener recursos. La policía no va a buscar una geolocalización de una persona que se ha marchado sin más y posiblemente se ha ido de fiesta el fin de semana".
Los investigadores no avanzan, la investigación se enquista. "Avanzamos en protocolo, en actuar cada vez más rápido y en formación a los policías, pero no en otras actuaciones claves", denuncia Joaquín Amills.
El de Domingo no es un caso aislado. El pasado mes de octubre, SOS Desaparecidos presentó al Ministerio del Interior una petición formal para agilizar dicho trámite (el tiempo es clave en muchas búsquedas), establecer un protocolo de autorización, y/o autorizar a los investigadores el acceso - bajo criterio policial- de la geolocalización de sus teléfonos. El dato es necesario para empezar a buscar.
El presidente de SOS Desaparecidos es contundente, "el derecho que genera todos los derechos es el derecho a la vida. El derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, y todos los demás, son generados por el de la vida".
Domingo, desde hace un mes, no está. "Lo lógico es pensar que se ha suicidado, pero cuanto antes lo encontremos, ese descanso le vamos a dar a la familia". No hay que olvidar, recuerda el presidente de SOS Desaparecidos, que "lo que tiene que prevalecer es localizar a la persona. Deseamos encontrarla en buen estado, encontrarla viva, pero si no, hay que encontrarla aunque sea fallecida".
Sus hijos, su familia, esperan respuestas. Todo está preparado. La clave la tiene el juzgado, también la llave, la de los rastreos, la de las batidas, para afinar y volver a buscar.
