Cae en Ibiza el líder de la banda de narcos de València que tenía a dos guardias civiles a sueldo

Fernando M. S., uno de los principales narcos de València, que llegó a participar en buena parte de las importaciones de cocaína a gran escala por el Puerto valenciano durante la década de los 2000, ya está entre rejas. M. S. ha sido detenido por la Guardia Civil en Ibiza, donde llevaba año y medio oculto para eludir cumplir la condena a 19 años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo como cabecilla de una organización que tenía a sueldo a dos guardias civiles de Tavernes Blanques, un cabo y un agente, condenados a 16 y 18 años en esa misma sentencia del Alto Tribunal.

La detención fue practicada el 12 de enero por agentes del Equipo de Huidos de Unidad Central Operativa (UCO), después de que una información recibida por los agentes situara en Ibiza a Fernando M., en paradero desconocido desde que se hizo pública la sentencia del Supremo, en julio de 2017. Tras su arresto, el narco fue entregado en el Juzgado de Guardia de Sant Antoni de Portmany, que decretó su inmediato ingreso en prisión para cumplir los 19 años de cárcel, una vez descontado el tiempo que permaneció en prisión preventiva por esos hechos.

Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, M. S., de 46 años en la actualidad, continúa en este momento en el centro penitenciario de Ibiza, a las afueras de esa ciudad, pero está previsto que en las próximas semanas sea traído a la cárcel de Picassent, dado su arraigo en València, donde residen sus hijos.

'Exiliado' en Indonesia

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, nada más conocer la sentencia del Supremo, Fernando M. S. se habría ido de València. Durante los primeros tres años, habría estado oculto en un lugar de Indonesia que no ha trascendido, pero finalmente, tras la primera ola de coronavirus y los confinamientos vividos en todo el planeta como consecuencia de esta pandemia, decidió regresar e instalarse en Ibiza para estar más cerca de los suyos. Así, llevaría alrededor de un año y medio instalado en la isla, una noticia que cada vez era más conocida entre sus antiguos colaboradores y conocidos del mundo del narcotráfico, alguno de los cuales incluso ha ido a visitarle a Ibiza.

Según informó ayer la Guardia Civil, los investigadores lograron localizar "el lugar exacto de su cobijo" tras las pasadas navidades, cuando lo detectaron al acudir a casa de su exmujer para ver a sus hijos durante las fiestas. A partir de ahí, lo siguieron y dieron con la vivienda donde estaba residiendo.

La Operación Gorrión'

El ahora encarcelado está considerado líder de una organización que fue apresada a principios de octubre de 2008 en la bautizada como Operación Gorrión porque uno de los principales investigados, el entonces cabo de la Guardia Civil, se apellidaba Palomo. La operación, desarrollada por la unidad de Asuntos Internos y el equipo antinarcóticos EDOA de la Comandancia de València, se saldó con 14 detenidos tras la incautación de 65 kilos de cocaína en el Puerto de València.

Tras una larga instrucción judicial, el caso llegó a juicio, pero las defensas plantearon y lograron la nulidad de las actuaciones tras impugnar la validez de las escuchas telefónicas, tesis que fue aceptada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de València, al considerar poco motivado el primer auto del juez de Instrucción número 14 de València autorizando la intervención inicial de los teléfonos de los investigados. Así, los entonces 11 encausados fueron absueltos por los magistrados valencianos.

La Fiscalía recurrió entonces al Tribunal Supremo, quien le dio la razón y ordenó dar por buenas las intervenciones telefónicas y repetir la sentencia teniendo en cuenta esa prueba acusatoria. De ahí salió la primera condena: 17 años para Moreno Sorní y 12 y 14 para los dos guardias civiles, que para entonces habían tratado regresar al Instituto Armado basándose en la absolución inicia.

La Fiscalía antidroga de València apeló nuevamente al Tribunal Supremo para que incluyese el delito de cohecho, como así hizo el Alto Tribunal en julio de 2017, incrementando las penas de los principales encausados: dos más para Fernando M. como cabecilla del grupo y autor del cohecho, y cuatro más para cada uno de los ex guardias civiles Carlos Augusto Palomo y Rafael Segura, como receptores del dinero y regalos en pago por su colaboración, que la sentencia fijó en alrededor de 100.000 euros. Esa última sentencia, firme, dejaba finalmente las condenas en 19 años para el ahora detenido y en 16 y 18 años para los exagentes, que continúan en prisión.