El juicio contra Jorge Ignacio P. J., el presunto asesino en serie acusado de matar a Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos y de haberlo intentado con otras ocho mujeres en el plazo de poco más de un año ya tiene fecha: el 13 de junio. La magistrada presidenta del tribunal de Jurado que enjuiciará a Jorge Ignacio P. J. por más de 30 delitos, todos ellos graves, ha reservado la Sala Tirant I, la utilizada habitualmente para juicios de jurado al ser la más grande de la Ciudad de la Justicia, durante cinco semanas, aunque la previsión es terminar el 8 de julio, si todo va según lo previsto.

Ese día, el 8 de julio, Jorge Ignacio P. J. también estaba citado en otro juzgado, en este caso de lo Penal, para ser enjuiciado por las lesiones que le causó a dos guardias civiles contra quienes reaccionó con gran violencia cuando lo sorprendieron hablando por el teléfono móvil mientras conducía por la autovía V-30, tal como ha adelantado hoy Levante-EMV. Ese incidente se produjo el 22 de junio de 2019 solo siete días después de que presuntamente hubiese matado a su segunda víctima mortal, Lady Marcela, una joven colombiana de 26 años, madre de dos hijos de corta edad. Ahora, con el calendario del juicio principal, la vista por las lesiones a los agentes de Tráfico ha sido trasladada a después del verano.

La complejidad del juicio por la cadena de asesinatos consumados e intentados viene dada, entre otras cosas, por el elevado número de testigos que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las familias de las fallecidas y las mujeres que sobrevivieron a las citas sexuales con el acusado han solicitado.

Casi cien testigos

El abogado Juan Carlos Navarro, por ejemplo, que representa los intereses de dos de las víctimas mortales -Lady Marcela y Arliene- y de seis de las ocho supervivientes, reclama la presencia en la sala de 71 testigos, entre ellos todas las víctimas vivas, pero también la madre del acusado. Así mismo, ha pedido que comparezcan 43 peritos, entre ellos los médicos forenses, los autores del informe criminológico del inculpado instado por esta acusación particular -en el que se concluye que se trata de un psicópata y un "depredador sexual letal" con "compulsión por matar"-, así como policías científicos y guardias civiles de Criminalística o personal del Instituto Nacional de Toxicología.

En la misma línea, los letrados de la madre de Marta Calvo que ejercen la acusación particular en su nombre, Pilar Jové y Vicente Escribano, han solicitado la comparecencia de casi un centenar de testigos y peritos. En concreto, quieren que los nueve miembros del jurado escuchen a 53 testigos -incluidas esas ocho supervivientes y, por supuesto, la madre del presunto asesino, que hasta ahora se ha negado a colaborar cuando se le ha pedido que declare en la causa-, a once testigos-peritos y a 22 especialistas, entre médicos forenses, policías científicos, psiquiatras, psicólogos y criminólogos.

En términos similares se ha expresado la fiscal de la causa, especializada en juicios con jurado y en violencia de género, quien ha solicitado, además, una condena global de 130 años de cárcel para Jorge Ignacio P. J. e indemnizaciones que suman 340.000 euros. En su caso, y solo de momento, acusa al presunto asesino en serie de homicidio, aunque es más que probable que esa calificación provisional la eleve a asesinato durante la vista oral, por lo que modificaría la petición de cárcel para solicitar, como las acusaciones particulares, la prisión permanente revisable.

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, la madre de Marta, Marisol Burón Flores, solicitó de manera provisional la prisión permanente revisable, a la que se suman otros 24 años de cárcel una vez haya cumplido la anterior. A ello se le añade una responsabilidad civil de 150.000 euros no solo por el asesinato de Marta, sino también por la ocultación de su cuerpo, que se prolonga ya más de dos años, desde el 7 de noviembre de 2019, sin que haya un solo atisbo de que el acusado, Jorge Ignacio P. J., vaya a romper su silencio para revelar qué hizo con la joven y dónde se deshizo realmente de su cadáver. De hecho, le exige también el pago de los gastos generados por la búsqueda.

"Ánimo de dominación y machismo"

En todos los casos, las acusaciones consideran que se trata de feminicidios, esto es, que Jorge Ignacio P. J. atacaba a sus víctimas por el hecho de ser mujeres, por lo que solicitan la agravante de género. La acusación particular ejercida por Navarro, que solicita dos condenas de prisión permanente revisable además de otros 84 años de cárcel extra, tal como adelantó también este diario, llega más lejos y afirma en su escrito de conclusiones provisionales que "se trata de mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. Las contrata, engañándolas, para poder hacerlas sucumbir a sus imposiciones y ánimo de dominación y machismo, menoscabando su integridad física y psíquica" para acabar matándolas (o intentándolo) con un arma homicida muy poco habitual: cocaína de alta pureza que les introducía en sus genitales a escondidas tras buscar el modo de tener sus cuerpos a su disposición.

Jorge Ignacio P. J., en una foto tomada a sí mismo durante una visita al Valle de los Caídos en 2018. Levante-EMV

Navarro incide en que este "ritual sexual" lo ponía en práctica "conociendo la alta probabilidad de que pudiera producir la muerte y aceptándola", dado que su motivación última era "disfrutar viéndolas agonizar", hasta el punto de que nunca hizo nada por ayudarlas y su muerte no generaba en él ninguna emoción o sentimiento de culpabilidad como prueba uno de los hechos más siniestros descubierto por los investigadores: recién muerta Marta Calvo en la casa alquilada por Jorge Ignacio P. J. a la que ya había llevado antes a varias de las supervivientes, y estando aún junto a su cuerpo sin vida en la cama del piso superior de la vivienda, llamó a tres mujeres con una diferencia de minutos para volver a contratar otra "fiesta blanca".