La Audiencia Provincial de València ha condenado a dos años de prisión a un administrador de fincas que ejercía en València, Paiporta y Alfafar por quedarse más de 60.000 euros de 12 comunidades de propietarios diferentes. Asimismo, en la sentencia se le condena una multa durante seis meses a razón de tres euros diarios además del pago de las costas procesales, sin incluir las de la acusación particular.
En el terreno de la responsabilidad civil, el administrador deberá indemnizar a cada una de las doce comunidades de las que se quedó dinero con que la cifra que les debe, que globalmente supera los 60.000 euros. Y además, quedará inhabilitado durante el tiempo que dura la condena para el sufragio pasivo. La sentenca ya es firme porque las partes han desistido de los recursos a los que tenían derecho.
Los hechos ocurrieron en el período que va desde 2015 a 2019. El administrador, que tenía dos despachos domiciliados en València, según la sentencia, se encargaba de gestionar numerosas comunidades vecinales en el 'cap i casal' y el área metropolitana, entre ellas una en Paiporta y otra en Alfafar.
Según consta en la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el acusado "procedió ilícitamente y perjudicando gravemente el patrimonio de las comunidades que gestionaba entre 2015 y 2019, al distraer de las cuentas corrientes importantes cantidades de dinero que ingresaba, bien en sus propias cuentas, bien en las cuentas de otras comunidades". Y ello lo hizo "con la intención de lucrarse ilícitamente y perjudicando gravemente el patrimonio de las mismas". Por ello, ha sido condenado por un delito de administración desleal.
En cuanto a las cantidades que desvió, se sitúan entre los 2.000 y los 6.000 euros, según el caso. Algunas comunidades (en total siete) han podido recuperar una pequeña parte de aquellos fondos, a través de la aseguradora del Colegio de Administradores de Fincas de València y Castellón.
En el caso de la comunidad de propietarios de Paiporta, el fallo judicial establece que "distrajo" la cantidad de 4.175,97 euros, que no ha reintegrado. No obstante, el colectivo le reclama 3129,82 euros, por haber sido parcialmente resarcida en la cantidad de 1045,18 euros, por la aseguradora del Colegio de AAFF de València y Castellón. Pero en la comunidad de Alfafar se le reclaman 4.579 euros, que es el total que se apropió.
Aplazar la condena
Tal y como figura en la sentencia, la defensa del acusado solicitó que la pena de prisión impuesta le fuera suspendida por un plazo de tres años, "no oponiéndose el Ministerio Fiscal ni las acusaciones a dicha suspensión", que está condicionada a que no cometa ningún delito durante dicho periodo de tiempo y a que esté a disposición del tribunal, compareciendo "cuantas veces fuere llamado, debiendo comunicar al mismo cualquier cambio de domicilio".
Para ello, se le impone "el pago íntegro de la responsabilidad civil recogida en favor de los perjudicados en el plazo máximo de un año, habiéndose comprometido ante el tribunal a enajenar los bienes de que sea titular en este momento y destinar su producto al abono de dichas responsabilidades civiles".
