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Tribunales

El asesino de Younes reconoce su crimen y las dos acusaciones pedirán que se le juzgue por odio

Carlos Patricio B. M., que no conocía de nada a su víctima, disparó al hombre en una cafetería del Puerto de Mazarrón con un arma inhabilitada por el Ejército del Aire, que él trucó en su casa

Concentración en memoria del hombre asesinado en junio en Mazarrón. / JUAN CARLOS CAVAL JUAN CARLOS CAVAL

El de Younes Bilal, en junio en Mazarrón, fue el tercer crimen del año 2021, tras el asesinato-suicidio de El Palmar (Murcia) en enero y la muerte a navajazos de Kevin en Jumilla en mayo. Carlos Patricio B. M., de nacionalidad española, fue detenido cuando intentaba escapar por la playa tras disparar varias veces a su víctima en una cafetería del Puerto, con una pistola que, como él mismo, en tiempos perteneció al Ejército del Aire, un arma que estaba inhabilitada y que él trucó en su domicilio, donde la Benemérita halló tanto escopetas como más armas corta.

Carlos Patricio, que no conocía de nada al hombre al que quitó la vida, está en la cárcel, mientras que en los tribunales avanza el procedimiento. Las partes tuvieron este jueves una cita en el Juzgado de Totana, donde se sigue la instrucción de la causa. A falta de que se redacten los escritos de acusación de la Fiscalía, la abogada que representa los intereses de la viuda del finado y el letrado de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), el rumbo que tomará el caso parece sencillo, tras admitir el sospechoso el crimen.

Así lo detallaron a este periódico fuentes judiciales, que concretaron que Carlos Patricio alegó que se puso "nervioso" y sintió "miedo". Con la cantidad de testigos de los hechos, más el arresto, producido momentos después de los disparos, el hombre ni intentará negar que fue quien disparó el gatillo. Lo que sí tratará de conseguir, apuntan las mismas fuentes, es una condena lo más leve posible: por homicidio, en vez de por asesinato, que es lo que pedirán las dos acusaciones particulares y, previsiblemente, también el Ministerio Público. 

Además de por el crimen, el sujeto será juzgado por un delito de tenencia ilícita de armas, dado el arsenal hallado en su vivienda.

Asimismo, tanto ATIM como la esposa de Younes quieren que se enjuicie otro delito: el de odio. Y es que, según corroboraron los numerosos testigos de las detonaciones mortales, Carlos Patricio profirió insultos e improperios varios hacia "los moros", para acabar arremetiendo de forma fatal contra Younes, que era marroquí. 

El acusado, que está en prisión provisional, dice que se puso "nervioso" y sintió miedo: buscará la pena por homicidio

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El delito de odio, según Interior, es "cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B". Y en la parte B, concreta que ese grupo "debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar". 

"No olvidamos ni perdonamos", manifiesta la presidenta de ATIM en la Región, Sabah Yacoubi, que exige "justicia, para que este crimen no se repita".

Tienen claro las acusaciones y la Fiscalía, y así lo dijeron en la vista de esta semana, que el acusado, tras el primer encontronazo en el bar, fue a su casa, cogió el arma y volvió al local, donde disparó hasta tres veces contra Younes, sin que él tuviese posibilidad de defensa alguna.

Ante un jurado popular

La causa judicial sigue adelante, a la espera de recibir el informe forense, firmado por dos profesionales, y de conocer cuántas licencias de armas tenía Carlos Patricio, para determinar cuántos delitos de tenencia ilícita se le pueden imputar. 

En cuanto a qué fechas hay en el horizonte para el comienzo de la vista oral, las partes calculan que podrían pasar mínimo dos años, dado que la Audiencia Provincial tiene bastante trabajo. Será un jurado popular el que decidirá su destino.

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