Condenado a doce años de prisión por un delito de homicidio el joven interno en un centro sociosanitario de Barx que estranguló a su compañero de habitación en noviembre de 2019 y a la residencia como responsable civil subsidiario por no tomar «las adecuadas medidas especiales de protección, que debían y podían haberse tomado». El centro, a través de su compañía aseguradora, deberá pagar 100.000 euros de indemnización a los familiares del paciente fallecido, como así acordaron las partes en sus informes finales tras llegar a una misma conclusión refrendada por el veredicto de culpabilidad del jurado. 

La inicial alevosía que apreciaban las acusaciones, de ahí que solicitaran una pena mayor por asesinato, se ha rebajado a una agravante de superioridad, reconocida por los miembros del jurado, quienes estiman como probado que el acusado, 21 años más joven que su víctima, «se aprovechó de su diferencia de edad y fortaleza», así como del estado mental del fallecido, de 58 años, a la hora de cometer su crimen.

Así, a las 23.30 horas del 9 de noviembre, tras una discusión o desavenencia con su compañero de habitación –no se ha podido establecer el verdadero origen de la misma porque el acusado dio versiones contradictorias– Rabah Mimoun G. M. se puso encima de Paco S. G. y le cogió del cuello, apretando fuertemente con las manos, hasta que acabó con su vida.

La sentencia declara probado que el acusado tenía ánimo de causarle la muerte o al menos aceptaba la posibilidad de que el residente pudiera morir como consecuencia de sus actos. De hecho, los forenses explicaron que para asfixiarlo tuvo que estar al menos tres minutos apretando su cuello, y que el estrangulamiento manual es precisamente una de las formas de matar en las que se aprecia más clara la intencionalidad homicida.

Eso sí, la sentencia aprecia una circunstancia atenuante analógica de alteración psíquica ya que el joven, de 23 años y nacionalidad francesa, presenta unos rasgos disfuncionales de la personalidad –carácter antisocial, límite e histriónico–, «con una importante impulsividad, que en el momento de los hechos alteraba ligeramente sus facultades volitivas».

Pero sin lugar a dudas la clave del juicio ha estado en demostrar la responsabilidad civil del centro en el que se produjo el crimen. Gracias a las «esclarecedoras preguntas» formuladas por el jurado, según destacó el fiscal en su informe de conclusiones, acusaciones, defensa e incluso el letrado de la aseguradora, presentaron un escrito conjunto en el que se admitía esta responsabilidad por parte de la residencia, rebajando de 150.000 a 100.000 euros la indemnización solicitada.

Se le condena por un delito de homicidio con abuso de superioridad y la atenuante de alteración psíquica

Desde que el 1 de abril de 2019 Rabah M. ingresó en dicha residencia mixta de Barx –destinada tanto a personas mayores como a pacientes con problemas mentales–, el condenado había protagonizado varios episodios de agresiones a otros compañeros, amenazas con «liarla» si no se atendían sus demandas e incluso una amenaza y agresión a uno de los psiquiatras del centro.

Pese a ello y a los testimonios de los trabajadores del centro, que retrataron al acusado como una persona «altamente conflictiva con baja tolerancia a la frustración», éste compartía habitación con Paco, un residente con retraso mental y con la mentalidad de niño, «muy delgado y débil físicamente, y que carecía de las necesarias habilidades para tratar con Rabah de forma segura para él».

El fallo puntualiza que esta decisión en la asignación de la habitación que compartían ambos residentes fue «totalmente inadecuada», como así lo apuntaron los peritos forenses.

El hecho de que la doctora de guardia del centro no acudiera esa misma noche al ser informada del fallecimiento, que se trasladara el cadáver al gimnasio antes de ser examinado por ningún médico forense y otras circunstancias extrañas posteriores al homicidio, dan una idea de cómo funcionaba la residencia, pero son realmente las acciones u omisiones previas a la comisión del delito las que el jurado ha valorado para declarar probada la responsabilidad civil del centro por no tomar las adecuadas medidas de protección ante la conducta del acusado, «que evidenciaba un riesgo para el resto de los residentes».

La acusación particular también accedió a rebajar sus pretensiones económicas respecto a la indemnización para que la familia pueda por fin cerrar la herida, y con tal de que sirva para cambiar protocolos de actuación «para que no haya más Pacos» en la residencia.