El reloj se quedará hoy a cero. Si se cumple la previsión de la magistrada presidenta, las siete mujeres y dos hombres que forman el jurado que enjuicia desde el pasado 13 de junio al presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J. por la muerte violenta de Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo y los intentos de asesinato de otras siete mujeres recibirán al final de la mañana el objeto del veredicto.

Se trata, tal como ha venido informando Levante-EMV, de la batería de preguntas sobre cada uno de los delitos de los que se acusa Jorge Ignacio P. J. y en relación con cada una de las diez víctimas que han llegado hasta aquí –la undécima renunció en pleno juicio a comparecer con tal de «no volver a revivir la pesadilla» que la jueza les planteará y sobre cuyas respuestas se determinará la culpabilidad o no del inculpado.

El objeto del veredicto deberá contener tanto preguntas favorables como desfavorables al reo, y cada una de ellas deberá ser motivada por los jurados para que el veredicto tenga validez. Esa motivación no debe contener una fundamentación jurídica, algo que solo se exige a los tribunales técnicos –los integrados por magistrados profesionales–, sino que debe recoger en qué pruebas se basan para alcanzar cada decisión, esto es, en qué testimonio, en qué informe pericial o en qué documento se han fijado para dar por probado cada hecho.

Por ello, tienen acceso a la causa completa que ha llegado a la sala de jurado, así como a las grabaciones realizadas de las 22 sesiones completas. Además, cada parte expuso en su alegato final en qué folios y tomos, o en qué minutado de esas grabaciones, podían buscar las pruebas de los asesinatos, del abuso sexual cometido con la introducción no consentida de cocaína en roca de alta pureza en sus genitales, del tráfico de drogas cometido al inducirlas a consumir para concertar la cita sexual o del delito de integridad moral.

Antes de entregarle el objeto del veredicto al jurado, la jueza tendrá que contar con el visto bueno de la fiscal, las cinco acusaciones particulares y de la defensa, que velarán porque se recojan todos y cada uno de las cuestiones penales alegadas por ellos. Ante cualquier protesta, la jueza deberá atender esos razonamientos y modificar el cuestionario hasta que se alcance el consenso necesario.