Invertir un poco de dinero y, sin hacer nada, multiplicarlo sin parar. Esa es la promesa con la que el empresario Javier Biosca Rodríguez captó durante años a miles de clientes, una promesa que se vaporizó cuando logró hacerse con la confianza y dinero de los demás, cristalizando en la presunta mayor estafa con criptomonedas de España. Este pasado martes, Biosca aparecía muerto en la localidad malagueña de Estepona. Según la policía, se precipitó desde un quinto piso.
Biosca puso fin a su vida, pero no a un complejo caso con aún más incógnitas que respuestas. A sus 50 años, este empresario estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto cabecilla de una trama que, mediante la inversión en criptomonedas, estafó al menos 250 millones de euros a hasta 3.000 clientes. La justicia lo acusaba de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, organización criminal y cohecho, entre otros delitos.
La abogada que representa a 300 de las víctimas, Emilia Zaballos, ha descrito a Biosca como un "sociópata con carisma y capacidad para convencer a la gente" que usó sus malas artes para seducir y captar a "personas en necesidad y golpeadas por la pandemia" a las que les vendía una solución a sus problemas. "Es el perfil perfecto del estafador", aseguró la también presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas en un pódcast.
Grupo criminal familiar
Según la querella recibida por el juez, Biosca empezó su actividad criminal en Fuensalida, un pequeño municipio 30 kilómetros al noroeste de Toledo. Fue en 2019 cuando él, su esposa Paloma Gallardo y su hijo Javier Biosca crearon Algorithmics Group, una sociedad de inversión en criptomonedas radicada en Londres. Aunque "carecía de todo tipo de autorización" y no estaba registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Biosca usó esta firma para convencer a todo tipo de personas para que invirtiesen su dinero para adquirir activos digitales populares como bitcoin, ethereum o litecoin. Para ello, les prometía suculentos rendimientos del 20 al 25% semanales, un canto de sirena que sedujo a muchos.
Durante los primeros meses, Biosca y los suyos cumplieron con lo prometido. El retorno de esas elevadas rentas sirvió para ganarse la confianza de los primeros inversores. Tras lograr esa elevada rentabilidad, Biosca contactaba con los inversores y les daba la oportunidad de quedarse con el dinero obtenido o de reinvertirlo para ganar cada vez más y más. La mayoría optó por la segunda opción.
Convencidos de que habían encontrado un chollo, éstos recomendaron a "familiares y allegados" invertir en la trama y el boca a oreja terminó de multiplicar su alcance, propagando esa confianza ciega como una enfermedad. Siguiendo paso a paso la guía de toda estafa piramidal, Biosca logró así crear una red de contactos e inversiones que fue ramificándose. El primer año pasaron a tener cerca de 500 clientes, pero el timo llegó a convencer a unos 3.000 clientes, muchos de ellos pequeños inversores.
Denuncia de los afectados
Todo empezó a cambiar a principios de 2020, según han denunciado los afectados. Las promesas de alta rentabilidad empezaron a diluirse hasta rebajarlas a entre el 8 y 10%. En octubre, la trama dejó de pagar lo que había garantizado a los inversores. Poco después, Biosca pasó a estar en paradero desconocido.
Indignados por lo sucedido, en marzo del año pasado un grupo de 300 afectados presentó una macroquerella ante la Audiencia Nacional en la que denunciaban haber sido estafados, siendo la primera demanda colectiva por un delito con criptomonedas. El informe pericial concluyó que Biosca y su familia contaban en su 'wallet' (cartera digital) un total de 1.532,55 bitcóins, equivalentes entonces a unos 75 millones de euros.
La Audiencia Nacional admitió la denuncia a trámite y encargó a la Brigada Central de Delincuencia Económica y al Fiscal de Policía Judicial de la Polícía Nacional poner en marcha una investigación. En junio, el juez que instruía el caso, Santiago Pedraz, emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Biosca. Poco después, fue detenido en Nerja (Málaga) en un control de carretera rutinario de la Guardia Civil.
Biosca permaneció en prisión hasta el pasado octubre. Entonces quedó en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros fijada por el instructor del caso, Alejandro Abascal. La Fiscalía había pedido investigar el origen de ese dinero. Biosca tenía prohibido salir de España y debía presentarse ante el juzgado cada 15 días. Su fiador, Juan Antonio Zuloaga Bilbao, que también debía comparecer ante el juzgado, se encuentra en paradero desconocido.
Según su letrado, Biosca se precipitó el pasado martes desde un quinto piso en presencia de varios testigos, una hipótesis hacia la que también se inclina la policía. Sin embargo, las víctimas de su presunta estafa no descansan y han exigido la autopsia del cadáver para certificar que se trata de quien huyó con su dinero. "Es conocido el cúmulo de amenazas que ha recibido el señor Biosca provenientes de organizaciones criminales que habrían invertido con él, por lo que deberán investigarse estos hechos de la muerte", piden.
