El tiempo en libertad se agota para Gerardo Vivó, el ex concejal del PSPV condenado a cuatro años de cárcel en 2020, casi dos años después de que agrediera sexualmente a una subordinada suya aprovechando que la chica, veinte años menor que él, estaba casi inconsciente en el asiento del copiloto mientras él la llevaba a casa después de que la joven se indispusiera súbitamente tras tomar una copa con él

Hasta ahora, Vivó ha logrado postergar la ejecución de la sentencia, presentando recurso tras recurso. El último de ellos, de amparo al Tribunal Constitucional, por supuesta vulneración de derechos fundamentales y que le ha ayudado a retrasar de nuevo la ejecución de la sentencia, a pesar de que esa vía no paraliza la penal.

Sin embargo, como era previsible, el Alto Tribunal no admitió el recurso de amparo interpuesto por su defensa. El 6 de octubre, la sala segunda del Constitucional dictó un auto de inadmisión e informó de esa decisión a la sección tercera de la Audiencia de València, que es quien le juzgó y condenó en primera instancia.

Un mes más tarde, el tribunal valenciano dictó sentencia por la que ordenaba la ejecución de la condena impuesta a Gerardo Vivó, primero, en junio de 2020, por esa misma sección de la audiencia valenciana, y en noviembre del mismo año, por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), que ratificó la pena en todos sus términos. Lo mismo haría en 2022 el Tribunal Supremo (TS).

Unos días para elegir prisión

Así las cosas, el tribunal juzgador le impuso la obligación de comparecer el pasado 1 de diciembre ante su Secretaría, donde se le dieron unos pocos días para que eligiese en qué centro penitenciario quiere cumplir esos cuatro años de cárcel a que fue condenado por la violación de su subordinada, que tenía 20 años en aquel momento y él, 42.

Eso por lo que se refiere a la pena de privación de libertad, ya que la otra, la indemnización que debía pagarle a su víctima por los daños causados y el dinero invertido en el larguísimo tratamiento terapéutico al que debió someterse, ya consiguió eludirla gracias a que se declaró, junto con su mujer, en concurso de acreedores físico. Lo hizo in extremis, en un proceso llevado en paralelo al recurso ante el Constitucional, en un intento por frenar la sentencia por todos sus frentes.

Finalmente, la pena de cuatro años sí deberá cumplirla, de manera inmediata, además, pero su «estratagema procesal» de declararse en ruina, como lo calificó la abogada de la víctima en su escrito de oposición ante el juez, sí le ha servido para evitar el pago de los 10.000 euros fijados como responsabilidad civil por su acción sobre la chica, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Los hechos, tal como ha venido informando desde el inicio este periódico, se produjeron en la noche del 28 de agosto de 2018, durante una cena de empresa. Al término de la misma, todos los compañeros de trabajo se fueron a un pub donde la joven bebió únicamente dos combinados, uno de ellos ofrecido por el condenado. Tras sentir un repentino malestar, él mismo se ofreció para llevar a la chica en su coche a la casa de ella. Y fue en el camino donde, mientras ella estaba semiinconsciente, la agredió sexualmente tras «aprovecharse del estado de sopor o somnolencia» en el que estaba sumida la víctima, según resumió en su momento en magistrado Carlos Climent, ponente de la sentencia del TSJCV.

El Supremo envía a revisión la sentencia pese a que no hay beneficio con el ‘solo sí es sí’


La condena contra el que fuera concejal socialista de Massalfassar, Gerardo Vivó, hasta su expulsión del partido cuando trascendió su procesamiento por haber violado a una chica de 20 años, es una de las que el Tribunal Supremo ha ordenado llevar a revisión por si se ve afectada por la Ley 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’ o ley Montero. En el caso de Vivó, todas las sentencias lo han condenado como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal recogido en el artículo 181.4 previo a la nueva ley.

Ahora, el delito de abuso (solo era agresión cuando había violencia o intimidación) ha desaparecido como tal, y todos los delitos sexuales constituyen agresión. El antiguo 181.4 preveía penas de 4 a 10 años, y le fue impuesta la mínima posible. Ahora, el delito sería el recogido en el 179 (con acceso carnal) y posiblemente se le podría aplicar la circunstancia agravante del 180.3ª, dado que la víctima estaba en especial situación de vulnerabilidad por su estado. El 179 prevé penas de 4 a 12 años, mientras que si se tiene en cuenta la circunstancia agravante aplicada al 179, la pena sube a la horquilla de 7 a 15 años.

En cualquier caso, ambas situaciones son más gravosas para el reo, por lo que lo lógico es que se quede con la actual pena de cuatro años en aplicación del principio que obliga a utilizar siempre la ley que más le beneficie. T. Domínguez València