Estrangulado y con "signos de lucha o defensa" incompatibles con la eutanasia

Isaac Guillén Torrijos, el hombre de 45 años asesinado presuntamente por su mujer en Godelleta en diciembre de 2019, fue además de estrangulado con el «empleo de gran fuerza física», golpeado antes de morir. Así lo aseveraron ayer ante el jurado los médicos forenses que realizaron la autopsia, quienes detallaron las múltiples contusiones que presentaba el cadáver, «signos de lucha o defensa», según remarcaron, que tumban cualquier posibilidad de supuesto «auxilio al suicidio» con el que trata de justificar su crimen la presunta viuda negra. 

Si en algún momento el expolicía local de Catarroja, con una enfermedad degenerativa, manifestó su voluntad de someterse a la eutanasia «llegado el día», como puntualizaron varios testigos durante el juicio, la forma en la que se produjo el fallecimiento es de todo menos compasiva y demuestra que en el hipotético caso de que hubiera planeado su propia muerte con su esposa –cuya relación además no era buena– en el momento último de llevarse a cabo no quería morir, como así reflejan estas lesiones defensivas.

De hecho, Isaac trató de defenderse como pudo, teniendo en cuenta su discapacidad producto de la ataxia cerebelosa que padecía, después de recobrar el conocimiento tras haber sido presuntamente drogado por su esposa para ser trasladado al terreno de Godelleta que había alquilado la acusada dos meses antes del crimen, como así confirmó ayer el propietario de la parcela. En la misma había mandado excavar una fosa séptica de un metro y medio por un metro y medio, según relató ayer el trabajador que contrató a través de un portal de anuncios de internet para tal fin. «Le dije que le iba a costar más el desplazamiento de la retroexcavadora que la propia faena y le dio igual», recuerda este testigo. La procesada le mostró hasta las fotos del supuesto depósito para el que supuestamente estaba destinada la fosa séptica.

Un mal uso de la sosa cáustica

Fue precisamente el intento de la acusada por deshacerse del cadáver arrojando sosa cáustica y envolviéndolo con una lona, antes de enterrarlo, lo que a la postre permitió a los forenses establecer la causa de la muerte, que de otro modo, dado el tiempo transcurrido desde que se produce el crimen, el 1 de diciembre de 2019 hasta que fue localizado el cadáver, 16 de junio de 2020 –siete meses después– hubiera sido mucho más complicado.

Así, el forense indicó que el cuerpo estaba muy bien conservado para el tiempo transcurrido, por darse un fenómeno de vacío en el que no entra oxígeno, y al no hidratar la sosa ésta tampoco ejerció como disolvente de los tejidos, sino que solo provocó quemaduras post mortem. El hecho de que no utilizara correctamente la fosa cáustica provocó en el cadáver el efecto contrario al que presuntamente pretendía la acusada, según indicaron.

Gracias a ello pudieron apreciar infiltrados hemorrágicos en el cuello realizados con una «importante fuerza cinética» y determinaron que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica por compresión del cuello, aunque sin poder establecer si fue a lazo o con la mano. Aunque perfectamente compatible con el uso de unos cordones, como en su día declaró el hijo de la procesada, condenado por un juzgado de Menores como cómplice de un delito de auxilio al suicidio.

Respecto al otro aspecto que relató el menor a la policía, de que primero intentaron asfixiar a su padrastro abriendo la espita de una bombona de gas butano dentro del coche, el tiempo transcurrido hasta el hallazgo del cadáver impedía un estudio toxicológico y por lo tanto no se puede saber si lo drogaron o si inhaló algún tipo de gas, salvo por la propia confesión del hijo, quien se acogió el miércoles a su derecho a no declarar contra su madre.

Los especialistas en psiquiatría que exploraron a la acusada afirman que actuó consciente de sus actos

Por su parte, los forenses que evaluaron la afectación psíquica de la presunta asesina estando ya en prisión provisional tras ser detenida por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, refrendaron ayer en sala que Beatriu F. C., de 43 años, no presentan ningún tipo de alteración mental y «era plenamente consciente y responsable de sus actos».

A dichos especialistas la acusada les confesó que había matado a su marido, pero que lo hizo con un cóctel de psicofármacos, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y que era algo «que tenían muy hablado». Las pruebas testificales y periciales demuestran que les mintió descaradamente con las dos primeras afirmaciones. Sobre lo «hablado» que lo tenía con Isaac queda a criterio del jurado, aunque una prima del fallecido relató ayer que éste estaba buscando una residencia porque no estaba bien con Beatriu e incluso una amiga de la propia acusada, a quien le dejó el teléfono móvil de la víctima el día de autos para evitar que el posicionamiento GPS los ubicara en Godelleta, también reconoció que la relación no era buena y que Isaac quería separarse.

“Mi padre me dijo que si alguna vez decidía someterse a la eutanasia yo sería la primera en saberlo”