El cadáver de Carlos María Almiñana Peiró, de 67 años, fue encontrado atado de pies y manos a la cama, en su domicilio de Gandia, en febrero de 2021. La policía halló ADN de un joven panameño tanto en las bridas con las que estaban atadas las manos al cabezal de la cama, como en el cable atado a una pata, y en la prenda de ropa con la que estaba amordazado el sexagenario. Además, después del crimen esta misma persona huyó con el coche de la víctima y se dirigió directamente a una sucursal bancaria a sacar dinero con dos tarjetas de crédito del fallecido, miembro de la cofradía del Nazareno de Gandia. El acusado suplantó la identidad del cofrade para obtener el número pin y sacó más de 5.000 euros, todo ello reconocido por el propio procesado. Pero pese a todas estas pruebas, sigue manteniendo su inocencia.
Carlos Raúl Y. M., de 31 años y en situación irregular en el país, reconoce que estuvo con la víctima el día de autos, 17 de febrero de 2021, pero mantiene que cuando se marchó del inmueble el sexagenario estaba vivo. Según la versión que ha dado ante el jurado popular, en la vivienda había una tercera persona, al que nombra como “Señor Salamanca”, que la víctima había llamado para tener un encuentro sexual con ambos.
Aunque el acusado esgrime que es bisexual, pero que no le gustan los hombres, según ha insistido reiteradamente en su declaración, admite que se dejaba realizar fotografías de corte sexual por la víctima a cambio de dinero. Así, alega que ese día había acudido a instalar una antena y que estando allí acudió esta tercera persona, al que no había visto antes y del que solo recuerda: “Era un chico más guapo que yo”.
El procesado asegura que la víctima los fotografió mientras se masturbaban, aunque no hay constancia alguna de estas fotografías, y que empezó a incomodarse y decidió irse de allí. Argumenta que se llevó el coche de Carlos porque había quedado con él para que lo revisara por una pequeña pérdida de aceite. De hecho, según la versión que mantiene es que era “el chico para todo” de la víctima, desde hacerle reparaciones en la casa hasta gestionarle la inversión en criptomonedas, con la que trata de justificar que supiera el DNI del fallecido.
El acusado reconoce que nada más irse de la casa de la víctima con su vehículo se dirigió a un banco para retirar dinero porque, según él, el cofrade le debía dinero, unos 1.500 euros. En los días posteriores extrajo e hizo compras por valor de más de 5.000 euros, entre patinetes y productos de cosmética para su pareja entre otros efectos. “Sé que me excedí en las compras”, ha indicado a la vez que niega que sustrajera todos los objetos que faltaban en el inmueble del fallecido, salvo uno de sus dos teléfonos Iphone, que sí reconoce haber vendido. Para tratar de justificar el robo simplemente se ha limitado a decir que estaba dentro del coche cuando se lo llevó.
Curiosamente el acusado dejó de hacer uso de las tarjetas del fallecido cuando la noticia del hallazgo del cadáver salió en los medios de comunicación. Admite que se asustó porque estaba en situación irregular en el país e iban a sospechar de él. De igual modo, sobre los motivos por los que justo después del crimen cambió su aspecto físico, el acusado esgrime que se cortó el pelo “porque lo tenía muy descuidado y me considero una persona metrosexual”.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 22 años de prisión al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, ya que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse al encontrarse atado de pies y manos cuando fue estrangulado.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por los familiares del fallecido, solicita treinta años de prisión, concretamente 25 años por el delito de asesinato y cinco por el robo con violencia. Mientras que la defensa, ejercida por el letrado Vicente Ibor, sostiene que su cliente no participó en el crimen, de ahí que solicite la libre absolución.