Doce funcionarios de la prisión de Picassent sufrieron agresiones durante 2022

Los trabajadores del centro penitenciario reclaman mejores sistemas de protección, actualización del protocolo de seguridad

Edificio de Preventivos de la prisión de Picassent, en donde se produjo la agresión.

Edificio de Preventivos de la prisión de Picassent, en donde se produjo la agresión. / LEVANTE-EMV

M. Falcó

Durante el año 2022, un total de 12 funcionarios de la cárcel de Picassent sufrieron agresiones por parte de presos, según ha informado Acaip, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario. Esta cifra, según señalan desde el mismo sindicato, sería "mucho más elevada ya que estos datos solo reflejan aquellas en las que el trabajador requiere asistencia médica".

Los datos globales reflejan que en total, los trabajadores penitenciarios de todas las prisiones españolas padecieron 453 agresiones, lo que supone una cada 19 horas. Con respecto a las razones por las que se producen estos ataques, Acaip-UGT señalan varias, una de ellas es que los medios de protección empleados por los trabajadores del sector "son los mismos desde hace 20 años" y que en la actualidad existen otras formas de garantizar la integridad más efectivos y "más económicos". Otro motivo que aducen los trabajadores de prisiones es el desfase del protocolo de prevención de agresiones que hay actualmente al que califican de "desfasado".

Una evaluación de los riesgos psicosociales de los empleados de prisiones es otra de las reivindicaciones de este colectivo, que como es entendible, desarrollan sus funciones en entornos complejos y donde durante la jornada pueden enfrentarse a un intento de suicidio de un interno, un incendio o una agresión alternándolo con labores burocráticas o propias de atención a los reos.

La modificación del artículo 80 de la Ley Organiza General Penitenciaria por la que los trabajadores penitenciarios pasarían a ser considerados agente de la autoridad, lleva parada en el Congreso desde hace más de una año por lo que, piden que el trámite parlamentario se agilice a fin de que, esta medida, pueda servir de freno a las agresiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios. Asimismo, es necesario facilitar a los trabajadores la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones violentas y el apoyo psicológico adecuado cuando se producen ataques verbales y físicos. Las mejoras en seguridad y salud laboral y la cobertura de plazas vacantes, 138 en la prisión de Picassent, sigue siendo, según el sindicato, la "gran asignatura pendiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" y urgen a una negociación efectiva y real para buscar soluciones que acaben con estas agresiones dentro de los muros de las prisiones.