El atracador herido de un tiro en Velluters estaba huido de la cárcel de Huelva desde antes de Navidad

Que el atracador herido de un tiro el viernes en València, José María Moreno Líndez, hoy de 52 años, es un fuguista avezado, ya lo demostró el 9 de mayo de 1991 cuando, 'armado' con una percha retorcida a modo de garfio y los jirones anudados de su sábana desgarrada, 'inauguró' a sus entonces 19 años la cárcel de Picassent protagonizando una fuga de tebeo en el centro penitenciario inaugurado cuatro meses antes con el lema de "la prisión más segura de España". Entonces, la alegría le duró poco: fue detenido apenas 48 horas después, en cuanto la Guardia Civil difundió una foto con su imagen. En ese momento, estaba en prisión provisional (aún no había sido juzgado por los crímenes de los pozos de Picassent), pero la 'hazaña' le costó un nuevo delito que sumar a su amplio historial.

Esta vez, sin embargo, la fuga le ha durado bastante más: Moreno Líndez estaba huido del Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva desde antes de Navidad. Es decir, estaba en situación de fuga, con una orden de detención e ingreso en prisión vigente, desde diciembre de 2023. Ocho meses en los que ningún agente de las Fuerzas de Seguridad le ha parado e identificado, por lo que ha estado yendo y viniendo, incluso con un perfil en una red social a su nombre, sin que nadie lo haya advertido. Hasta el viernes y porque se topó con dos policías locales cuando salía corriendo de un garaje de la calle Espinosa, instantes después de atracar, armado con una pistola de fogueo, a una vecina en ese aparcamiento subterráneo.

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Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el histórico atracador de Picassent llevaba un tiempo clasificado en tercer grado, con la única obligación de acudir al CIS del centro penitenciario de Huelva para dormir. Es el necesario paso antes de la libertad condicional por el que debe pasar todo recluso en el tránsito hacia la vida en la calle, a la que deben ir adaptándose lentamente en el proceso final de reinserción. En diciembre pasado, Moreno Líndez simplemente decidió no ir a dormir. Ni dar señales de vida. Y, a juzgar por sus acciones del pasado viernes, volvió a las andadas, al único modo de vida en realidad que ha conocido prácticamente desde la infancia.

Una vida marcada por la delincuencia

Tal como adelantó este diario, José María Moreno Líndez pasó buena parte de la adolescencia temprana internado en el centro de internamiento de menores conocido entonces como las Colonias de San Vicente Ferrer, en Godella. A finales de los 80, en plena crisis económica de un país que luchaba por despertar a la modernidad, se metió en una banda juvenil que protagonizó atracos a gasolineras, tiendas y, con el tiempo, bancos y joyerías. Tenía 16 años y ya estaba en la cárcel, en la Modelo de València (hoy Ciutat Administrativa Nou d'Octubre de la Generalitat Valenciana), por varios de esos robos violentos cuando se le comunicó que quedaba acusado, junto con su compinche Indalecio Muñoz, por el asesinato en su pueblo natal, en Picassent, de tres personas, aunque con el tiempo solo se le juzgaría por dos. Las víctimas eran otro de los miembros de la banda, José Antonio Llorente López, de solo 15 años, la madre de este, Josefa López Hidalgo, de 41 años, y un hombre de la misma edad, Francisco Laborda Ferrando.

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Los dos primeros fueron extraídos el 21 de mayo de 1989 de un pozo abandonado de la partida Terrabona de Picassent. Habían ido a buscarles una semana antes a su modesto piso de la Fuensanta en València "para matarlos". Lo contarían a la Guardia Civil los cuatro niños menores de la mujer, entre ellos un bebé de unos meses y otro de dos años, que quedaron solos, abandonados a su suerte, hasta que llegó la Guardia Civil y los encontró famélicos y llorando.

A Josefa y a José Antonio los tuvieron encerrados en la casa del pozo durante un día, y los torturaron para que confesaran dónde estaba el botín del último atraco a un banco que habían protagonizado, después de que Indalecio culpara a José Antonio de haberles engañado quedándose el dinero. Al chico le rompieron la pierna derecha de una paliza y lo echaron vivo al pozo. A la madre, que murió al fracturarse el cráneo después de tirarla a esa misma sima, la mataron por, a su entender, encubrir a su hijo. Luego, les prendieron fuego a ambos. Era 15 de mayo de 1989.

La tercera víctima mortal, en realidad la primera, fue Laborda a quien Indalecio, acompañado de una amiga suya, Pilar García, había matado entre el 28 de marzo y el 1 de abril, mes y medio antes de su hallazgo, para robarle una pistola de fogueo con la que seguir atracando. Bajo engaño, consideró probada la sentencia, lo llevaron al pie de otro pozo, este, ubicado en una caseta rural de la partida La Coma, también en Picassent. Le dijeron que dentro tenían unas armas que iban a compartir con él y, cuando se asomó, Indalecio lo golpeó, le ató los pies con la soga del pozal y le clavó una navaja entre la octava y la novena costilla. Luego, le quitaron la pistola y lo arrojaron, aún vivo, al fondo del pozo.

Su cuerpo sin vida fue recuperado del interior el mismo día que los otros dos, el 21 de mayo de ese año, después de que Pilar, que no fue juzgada porque había protagonizado una extraña fuga del patio de la Audiencia de València meses antes de la vista oral, cuando la llevaban a otro juicio, confesó los tres asesinatos a un guardia civil el 20 de mayo. La recuperación de esos cuerpos fue publicada con pelos, señales e imágenes por todos los medios, incluido Levante-EMV, en informaciones en las que se daba cumplida cuenta de la resolución del triple crimen. Quedaban tres años y medio para el de las niñas de Alcàsser.

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El juicio: Indalecio guarda silencio

El 15 de septiembre de 1993, empezó el juicio contra Indalecio y José María, los únicos dos que llegaron a comparecer ante la Justicia por esas muertes violentas. Pilar, a quien Indalecio había conocido en un prostíbulo del camino de las Moreras, donde hoy se alza l'Oceanográfic, a quien el fiscal pedía 73 años de cárcel, nunca fue juzgada y el cuarto implicado, Vicente L. T., un conocido de Indalecio al que acusaron como cooperador porque había acompañado al principal acusado en las dos incursiones que aún hizo a casa de Josefa y de José Antonio tras su asesinato en busca de ese botín que nunca apareció, tampoco, dado que había muerto unos meses antes.

Entre los dos sumaron 139 años de cárcel. La Fiscalía les pedía 205, así que la rebaja fue considerable. El tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de València dictó la sentencia a los once días de que acabase el juicio. A Indalecio Muñoz, principal acusado, que se negó a declarar en el juicio, le cayeron 91 años. Los delitos, robo con homicidio (el de Laborda), robo con intimidación (el atraco al banco), doble asesinato (los de Josefa y su hijo), allanamiento de morada (al entrar por la fuerza en su piso de la Fuensanta) y tenencia ilícita de armas (la de Laborda).

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José María Moreno Líndez, que sí declaró, pero solo reconoció parte de los hechos, lo condenaron a 48 años de cárcel, dos más de los que solicitaba el fiscal para él. Se le consideró autor del doble asesinato de madre e hijo, de allanamiento de morada y de utilización ilegítima de vehículo a motor, el tipo penal que se aplicaba entonces al robo de un coche.

Moreno Líndez podría haber salido hace mucho tiempo de la cárcel, porque el código penal por el que fue condenado permitía redenciones récord con buen comportamiento, justo de lo que nunca ha hecho gala en prisión. Por eso, por las penas y regresiones de grado impuestas por su participación en conflictos dentro de los muros penitenciarios y por el encadenamiento de condenas que le fueron cayendo en cascada por los distintos robos con violencia, su estancia en la cárcel ha ido prolongándose década tras década hasta el punto de que, 31 años después de aquella condena por los crímenes de Picassent, seguía estando en tercer grado, en lugar de haber concluido su deuda con la Justicia.