Cae una red de 'banca clandestina' compuesta por refugiados ucranianos y empresarios chinos: hay tres detenidos y 13 investigados en la C. Valenciana

La Guardia Civil ha desarrollado una operación bajo la coordinación de Europol y Eurojust contra una red de banca clandestina formada principalmente por refugiados ucranianos que, valiéndose de su estatus de protección internacional concedido tras la invasión de Rusia en 2022, proporcionaban presuntamente servicio de blanqueo a gran escala en connivencia con otras organizaciones criminales. La operación, de la que han informado Europol y la Guardia Civil en sendas notas de prensa, ha permitido intervenir 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones de euros en efectivo tras una investigación que se ha saldado con 23 detenidos, 20 de ellos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.

Tres de esos detenidos lo han sido en València (dos) y en Castelló (uno). Además, hay otras 13 personas investigadas a lo largo y ancho de la C. Valenciana, han explicado fuentes policiales.

Según la agencia europea Europol, la red criminal estaba formada principalmente por ucranianos que consiguieron trasladar el dinero en efectivo declarándolo como parte de su propio patrimonio, aprovechando la ventaja de su estatus de refugiados. Buena parte del dinero en efectivo, al menos el captado en España, provenía de la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedentes de China, que entraban, dice la Guardia Civil, de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras. En otras palabras, introducían, sin pagar aranceles y sin declararla, mercancía a gran escala desde China cuya venta generaba, por tanto, cantidades ingentes de dinero negro, que posteriormente blanqueaban a través de este entramado criminal, donde los ucranianos ejercían labores de correos humanos, moviendo el dinero físico antes de su conversión en credenciales de criptodivisas.

Los correos del dinero

Entre los investigados, tanto fuera como dentro de la C. Valenciana, también hay ciudadanos armenios, azerbaiyanos o kazajos, a quienes se acusa de realizar "servicios de mensajería de efectivo y banca clandestina para otras redes criminales", según ha informado Europol. Es decir, los investigadores eran, en realidad, los correos humanos que trasladaban físicamente el dinero.

La trama se servía también de ciudadanos chinos, encargados presuntamente del lavado de dinero para otros criminales de habla rusa y asiáticos involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal o el contrabando de bienes ilícitos.

La Guardia Civil ha informado, por su parte, de que la investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones consideradas sospechosas en aeropuertos españoles, entre ellos, el de València. La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales "a gran escala". En resumen, 'compraban' el dinero a los que cometían los delitos y les compensaban con transacciones con criptomoneda, "a cambio de una comisión que oscilaba entre el 2% y el 3%", según detalla el Instituto Armado.

Tres millones en criptos a la semana

La organización, compuesta por al menos 52 personas, conseguía mantener un saldo estable en las billeteras virtuales empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana.

Al principio, explica la Guardia Civil, el dinero era extraído del país 'productor' en vuelos comerciales, a veces clandestinamente y otras amparándose en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos como Francia y Portugal.

Los investigadores han detectado esas recogidas de efectivo (sucio) en diferentes provincias españolas, como València, donde ha sido arrestada la pareja china, Castelló, donde fue detenido un cliente de la organización, receptor de efectivo, Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante. También en Chipre, Francia y Portugal.

La red captaba el dinero en negro que almacenan empresarios chinos gracias a las ventas de productos falsificados y/o mercancía que había entrado en España sin pagar los correspondientes aranceles. Esos almacenes estaba en diferentes puntos de España, principalmente Manises, Badalona (Barcelona) y Alcobendas (Madrid).

15 registros en València

La operación, bautizada como Ifade-Yuzuk ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en la misma han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Se han practicado 90 registros, 77 de ellos en España (en la C. Valenciana han sido 15 los registros, muchos de ellos en Manises), contando con la colaboración de otros organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Oficina Sirene-España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de Europol.