Acepta cuatro años de cárcel por la agresión sexual a una menor de 15 años en la Malva-rosa
La Audiencia Provincial de Valencia le impone también una multa de 540 euros por resistencia a la autoridad y lesionar a uno de los policías que lo detuvieron
Ignacio Cabanes
Un hombre acusado de agredir sexualmente en la playa de la Malva-rosa a una menor de quince años el pasado verano ha sido condenado a cuatro años de cárcel. El procesado, que se enfrentaba a una pena de once años de prisión, vio rebajada considerablemente la pena tras llegar a un acuerdo de conformidad y confesar los hechos, que hasta el día de juicio había negado.
El acusado, juzgado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València, reconoció haber abordado a la menor en la madrugada del 9 de junio del pasado año en la playa de la Malva-rosa de València junto a otra persona que no pudo ser identificada por la policía. La víctima se había alejado del grupo de amigos con los que se encontraba y estaba sentada en un banco esperándolos, cuando según los hechos declarados probados por sentencia in voce, ambos agresores "guiados por una intención libidinosa" comenzaron a besarla y a realizarle tocamientos por todo el cuerpo, en la zona genital y en los pechos.
La menor se revolvió y trató de pedir ayuda por teléfono a una amiga. Finalmente consiguió salir corriendo, siendo perseguida inicialmente por sus agresores, quienes al ver que corría a reunirse con sus amigos, huyeron del lugar. Agentes de la Policía Nacional localizaron a uno de ellos, el ahora condenado, quien ofreció fuerte resistencia propinando patadas y puñetazos a los agentes. Uno de los policías resultó lesionado por lo que también se le condena por un delito de resistencia a la autoridad en concurso ideal con un delito leve de lesiones al pago de una multa de 540 euros.
Le retiran el uso de la violencia
El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado, con antecedentes penales y en situación irregular en el país, penas de once años de prisión. Concretamente nueve años de cárcel por el delito de agresión sexual a persona menor de 16 y otros dos años por atentado a la autoridad. La defensa, ejercida por el letrado Francisco Aparicio, logró un acuerdo de conformidad por el que se le rebaja a solo cuatro años de prisión, al retirarle el uso de la violencia en el delito sexual y considerar el atentado a la autoridad una simple resistencia con pena de multa.
La pena de cárcel lleva aparejada la expulsión del país cuando haya cumplido dos tercios de la misma, y se le imponen ocho años de alejamiento respecto de la víctima y otros ocho de libertad vigilada. Además se le prohíbe cualquier trabajo que conlleve contacto con menores por un plazo de 14 años y deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros.
Juicio en Menores
Otro juicio por una agresión sexual a otra menor de 15 años se celebró -también por conformidad- en el Juzgado de Menores número cuatro de València. El acusado, de 16 años en el momento de los hechos, confesó haber forzado sexualmente a la menor, primero con tocamientos -pese a la oposición de su víctima-, y después con introducción de miembros corporales. Mientras la forzaba, la menor le dijo en reiteradas ocasiones que no quería tener sexo y le pidió que parara, haciendo caso omiso el ahora condenado, como así ha quedado probado.
Los hechos enjuiciados ahora ocurrieron el 14 de febrero, día de los Enamorados, del 2023 cuando ambos menores se intercambiaron mensajes e imágenes por WhatsApp. Durante la conversación el acusado, de 16 años, le remitió a la chica, de 15, imágenes sexuales, entre ellas la de un varón desnudo de corta edad manteniendo sexo.
La Fiscalía de Menores solicitaba inicialmente una pena de seis años de internamiento, que la acusación particular elevaba a diez años. No obstante, tras el acuerdo de conformidad alcanzado, se le imponen cuatro años en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada. Así como la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y en materia de igualdad.
En concepto de responsabilidad civil el menor deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros por los daños morales, dinero que tendrán que pagar sus padres como responsables civiles solidarios.
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