Una víctima de la estafa de la doctora Almudena Ramón: “Me prometió que con el tratamiento volvería a andar”

Dos pacientes con lesión medular por sendos accidentes de tráfico, presuntamente estafados por la doctora Almudena Ramón y su pareja y socio, el empresario Eduardo R., han relatado hoy en la primera sesión del juicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, los motivos y falsas promesas que les hicieron acudir a la clínica de València para ser sometidos al supuesto tratamiento revolucionario de regeneración medular. “Me prometió que con el tratamiento volvería a andar”, confiesa José, un vecino de Albatera que vio "de la noche a la mañana un futuro" a la lesión que lo tiene parapléjico desde 2002. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados penas de cuatro años de prisión por un delito de estafa, como ha adelantado Levante-EMV, al considerar que se valieron del prestigio de la científica, que llegó a ser candidata al premio Princesa de Asturias, para atraer a las víctimas con fines lucrativos a sabiendas de de que no iban a poder concluir la terapia, ya que no estaba verificada en ensayos clínicos ni autorizada por las autoridades sanitarias.

Este afectado, uno de los tres supuestos estafados que figuran en la causa, asegura que llegó a poner su casa en venta para poder costear el tratamiento, que ascendía a más de 60.000 euros, pero finalmente no llegó a venderla al destaparse que se trataba de una presunta estafa. En su caso solo llegó a pagar 180 euros por la primera visita en noviembre de 2016.

Bernardita, otra víctima que se desplazó desde Chile junto a su marido al ver en internet los supuestos resultados milagrosos que podían conseguir en dicha clínica de València, llegó a abonar unos 6.000 euros por adelantado "con la esperanza de recuperar sensibilidad y movilidad". Ambos pacientes, movidos por la desesperación, confiaron en este tratamiento, aunque no recuerdan que se les informara de que consistía en un trasplante de células. Lo que sí les llamó la atención, tanto a ella como a su marido, es que en la entrevista previa a iniciar la terapia les preguntaron si en caso de no obtener los resultados esperados les denunciarían en prensa, la policía o emprenderían acciones legales.

La mujer ha reconocido que interpuso denuncia cuando saltó todo el escándalo de la presunta estafa en España. Y que hasta ese momento no se consideraron como estafados. En este sentido, han reconocido que le enviaron un correo de agradecimiento a los responsables de la clínica. Concretamente en octubre de 2017: "Como familia siempre estaremos agradecidos con usted por su ayuda, comprensión y buena voluntad".

Declararán el último día

La doctora Almudena Ramón y el coacusado han solicitado declarar al final del juicio, y darán su versión de los hechos el próximo miércoles. En la sesión de hoy han comparecido varios trabajadores de la clínica, de distintas especialidades, quienes han apoyado las técnicas que se usaban en la misma y han destacado los hitos que logró la doctora. Como prueba de ello, se ha visionado en la Sala, a instancias de la defensa, un vídeo en el que se observa a un menor de seis años con lesión medular y que tras el tratamiento se mantenía en pie.

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Los hechos enjuiciados se remontan a 2015 y 2017. Según el escrito fiscal, los acusados, de común acuerdo, aprovechaban la fama y prestigio alcanzados por la doctora, que había dado conferencias sobre el trasplante de células y publicado artículos en diversas revistas científicas, para dar mayor credibilidad al tratamiento que ofertaban. Así, publicitaron a través de una página web una terapia médica denominada 'TRM', de aplicación exclusiva en su clínica, para lesiones medulares que consistía en un nuevo tratamiento médico multidisciplinar con aplicación individualizada llevada a cabo en cuatro fases.

Ningún paciente pasó a la tercera fase

La primera fase consistía en un diagnóstico multisistema para identificar el perfil anatómico y funcional del paciente con el fin de establecer su idoneidad para someterse a la terapia. La segunda era una terapia de activación medular con tratamiento farmacológico, rehabilitación, fisioterapia, nutrición y psicoterapia para activar regiones específicas de la médula espinar y optimizar el funcionamiento de los sistemas corporales afectados por la lesión medular.

En tercer lugar, un trasplante celular mediante inyección de células glía envolvente del bulbo olfatorio del propio paciente autotransplante y, por último, una terapia de reinervación y estabilización funcional para una reconexión específica de fibras nerviosas su activación y estabilización.

Los acusados, para captar a los pacientes, adjuntaban además documentos relativos a tres pacientes de la clínica que supuestamente habían recuperado actividad muscular y sensibilidad después de someterse a la terapia de activación medular.

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Sin embargo, la Fiscalía afirma que la esta terapia y, en concreto, el trasplante celular que ofertaban "carecía de cualquier tipo de evaluación clínica de su idoneidad o sometimiento a estudios de investigación preclínica" y, además, tampoco contaba con la autorización de la Agencia Española del Medicamento, de lo cual los acusados "eran plenamente conscientes". De esta forma, presuntamente "se aprovechaban de la situación de gravedad de quienes padecían una lesión medular, que por su vulnerabilidad confiaban en aquellos métodos aparentemente legales que les ofrecían una curación o una notoria mejoría, por lo que en su desesperación accedían a someterse a la terapia".

Otra causa pendiente en Elx

Los acusados tienen pendiente otro juicio por estos mismos hechos en una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número dos de Elx, ya que la mayor parte de los pacientes que acudieron a ellos fueron tratados en el Hospital IMED de Elx. Los pacientes se sometían a la primera fase desembolsando para ello la cantidad que se les pedía, pero luego no pasaban a la segunda fase ya que se les decía que no eran aptos para el trasplante "a sabiendas de que éste nunca podrían llevarlo a cabo al no estar autorizado". Los pacientes pagaron en estas primeras fases cantidades que oscilaban entre 2.793 euros y 5.964 euros y uno de ellos decidió no continuar cuando le dijeron que el coste ascendía a 60.000 euros.

Por su parte, los abogados de la defensa han solicitado que se declare la nulidad de actuaciones por lesión de derechos fundamentales al esgrimir que se dio una investigación prospectiva. Hecho que tendrá que ser valorado en la sentencia por el tribunal.

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