Cae la nueva 'Mafia del cobre': 21 detenidos y 20 toneladas recuperadas

Firmaban sus 'obras' y retaban a la Guardia Civil, pero para despistar. Calculaban al milímetro cada asalto y luego vendían el metal al mejor postor dejando tras de sí cientos de personas sin agua, sin luz, sin transporte... Y ahora, la Guardia Civil ha puesto coto a la autodenominada "Mafia del cobre" con la detención de 21 de sus miembros, a quienes achaca la comisión de nada menos que 102 asaltos en pueblos de ocho comunidades autónomas en los que se llevaron cable por valor de 2,5 millones de euros.

Se les considera autores del robo de unas 200 toneladas de cobre. Ha sido en la bautizada como Operación Kuroma, iniciada y llevada a cabo por el equipo Roca de la Guardia Civil de Sagunt y que ha permitido recuperar más de dos toneladas del precio metal rojizo. El 80% de los robos se realizaron en depuradoras ya que el cable de cobre es más grueso y, por tanto, tiene más valor. El negocio era tan lucrativo, que los jefes de la organización llegaban a embolsarse hasta 8 euros por kilo de cobre "limpio", esto es, quemado para desturir el revestimiento plástico del cableado.

Un dato significativo que han revelado los agentes que han realizado la investigación es que el grupo actuaba por imitación. Los autores firmaban el escenario del robo bajo la firma "La Mafía del Cobre", imitando así a un grupo que actuaba en 2022 y 2023. Su objetivo: despistar a la Guardia Civil y derivar la autoría a esta otra organización. Pero no les salió bien.

La investigación dio comienzo en Valencia en junio de 2024, después de que dejaran sin suministro a Quartell, Canet d'En Berenguer, Alboraia y Puçol tras llevarse el cableado de sus depuradoras. Los asaltos evidenciaron la existencia de un mismo grupo criminal con un único objetivo: el cobre. Fueron 37 robos de ese metal en poco más de mes y medio. En concreto, en un plazo de 48 días.

Nuevo golpe policial a la 'Mafia del cobre': 21 detenidos y 20 toneladas recuperadas

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Fimaban sus "obras" para despistar

En cada escenario, la misma firma que ya había llevado de cráneo a la Guardia Civil dos años antes: «Mafia del Cobre». Esa era la leyenda que dejaban escrita con pintura en spray en los lugares donde actuaban, al menos en los primeros asaltos. Pero era solo para despistar a los investigadores. Este grupo actuaba por imitación de la organización que entre el verano de 2022 y el de 2023 fue desmantelada con la detención de seis presuntos ladrones, cuatro de los cuales acabaron en prisión. ¿La intención? Muy probablemente que culpasen de sus robos al otro grupo, explica el comandante Gabriel Luque, jefe de la compañía de Sagunt, quien ha comparecido este jueves en rueda de prensa con el coronel jefe de la Comandancia de València, Juan Martínez Ros, y el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez, para explicar los detalles de la operación.

En este nuevo golpe policial, ha explicado la Guardia Civil, la organización se centraba en robar cables de gran grosor en distintas instalaciones, como fotovoltaicas, depuradoras (el 80 % de los asaltos han sido en estas instalaciones) y bodegas de vino, dos en València y dos en Valladolid.

Un 'trabajo' ilegal, pero con jornada

El grupo actuaba todos los días de la semana, partiendo desde su cuartel general, en Madrid, bien cometiendo los robos en esa comunidad o bien desplazándose a otras, sobre todo, a la C. Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Durante la investigación se descubrió que la banda tenía una estructura jerarquizada y organizada. Un grupo ejecutaba los robos, otro recogía los datos necesarios para los golpes y una última parte de la organización vendía el material robado lo más rápido posible, dn concreto, a un matrimonio, dueño de una chatarrería de Fuentidueña de Tajo (Madrid).

Los delincuentes, explica la Guardia Civil en un comunicado, actuaban en "rondas", que consistían en cometer varios robos en el curso de cuatro o cinco días, por lo que se organizaban en "células relativamente independientes, que en ocasiones crecían con la llegada de nuevos integrantes desde Rumanía", país del que proceden la mayoría de sus integrantes. Siempre había entre tres y cuatro células, con tres o cuatro integrantes, actuando simultáneamente por toda España.

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Pagar por robar

En esa peculiar organización del 'trabajo', los ladrones disponían de un "bote" o fondo común, en el que tenían que depositar una cantidad de dinero determinada para costear los gastos de esas “rondas” (alojamiento, 'dietas', material...) y poder participar en los robos. Algo así como un crowdfunding, un derecho al robo financiado que les permitía asegurarse de que las personas con problemas económicos o con adicciones no participaran.

Además, la organización también robaba carburante que posteriormente vendía a un receptador y vehículos para su uso en los 'golpes'. Por último, enviaban los cables sustraídos a una localidad de Madrid para venderlos y refundirlos. Se calcula que el valor total de los bienes robados alcanza los 2,5 millones de euros. 

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Desmantelamiento en tres fases

Dada la importante actividad del grupo y su compleja organización, la desarticulación requirió intercambiar información con la policía rumana y organizar la operación en tres fases, explican las citadas fuentes. En la primera fase se desmantelaron dos de las células y se detuvo a once miembros del grupo cuando volvían de cometer dos robos.

A continuación, se efectuaron tres registros en domicilios de Getafe (Madrid), donde se arrestó a seis integrantes de otra de las células. Finalmente, durante la tercera fase se detuvo a cuatro personas, uno de ellos encargada de la venta de los bienes robados, de una tercera y última célula criminal.

A los 21 detenidos, que tienen entre 20 y 33 años, trece de los cuales ya han ingresado en prisión, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Todos los detenidos tienen antecedentes policiales, el que menos tiene 50 y el que más tiene 100.

Aunque la investigación, supervisada por el Juzgado de Instrucción 4 de Sagunt, la iniciaron agentes destinados en la compañía que tiene su sede en la capital del Camp de Morvedre, la magnitud de la operación hizo que se implicara también a guardias civiles de las comandancias de Madrid y Cuenca.