Un abogado de València se enfrenta a cinco años de prisión por cobrar a inmigrantes para defraudar 105.000 € al SEPE

Las colas de personas inmigrantes, a cualquier hora del día, a las puertas del despacho de un abogado en pleno centro de València, ya hacían sospechar hace más de una década que las actividades del letrado podían ser cuanto menos cuestionables. Ahora, casi veinte años después de los primeros delitos que se le imputan y con varias condenas pendientes cuyas penas ascienden a los doce años de cárcel, Carlos Aurelio M. A. se enfrenta a un nuevo juicio por estafar presuntamente a migrantes a los que cobraba entre 100 y 400 euros por darlos de alta en el Régimen General del Sistema de la Seguridad Social como trabajadores de dos empresas ficticias de las que era gestor, para que posteriormente estos tuvieran acceso a las prestaciones por desempleo.

El Ministerio Fiscal solicita para este abogado valenciano cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa. Para las otras doce personas acusadas, los migrantes que obtuvieron el subsidio con la documentación falsa, la Fiscalía pide penas que oscilan entre los dos años y nueve meses y los dos años y tres meses de prisión por los mismos delitos que se le atribuyen al principal encausado. No obstante, en su caso, las defensas ya han negociado un acuerdo de conformidad para que ninguno de ellos ingrese en prisión y las penas sean sustituidas por multa.

Los hechos enjuiciados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ocurrieron entre los años 2007 y 2010 cuando el procesado, con antecedentes penales pero que no pueden ser computables a efectos de reincidencia por ser posteriores a los que se juzgan ahora, dio de alta a al menos doce personas, también acusadas en dicho procedimiento, “guiado por el ánimo de beneficiarse a costa de lo ajeno”, según el escrito de acusación.

En su condición de abogado de profesión y en calidad de gestor laboral de dos mercantiles fantasma, procedió a dar de alta en la Seguridad Social a estas personas como trabajadores de dichas empresas, a cambio de una contraprestación económica y a pesar de que se trataba de relaciones laborales inexistentes. 

“Nos fiamos de él porque era abogado y creíamos que era todo legal”, argumenta uno de los inmigrantes, de origen marroquí, que cuando ocurrieron los hechos llevaba apenas un par de años en el país. Por ello le facilitaban toda la documentación necesaria; número de identificación de extranjero, afiliación de la Seguridad Social, certificado de empadronamiento y domicilio.

El acusado, que tramitaba personalmente estas altas a través del sistema RED, en el que estaba autorizado, los mantenía en esa situación hasta que cotizaban el tiempo suficiente para poder obtener las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el momento de darles de baja les entregaba un certificado de empresa que él mismo confeccionaba a fin de simular que habían estado trabajando en la misma durante un determinado periodo. Con esta documentación presuntamente falsificada los otros doce acusados rellenaban las solicitudes para cobrar el paro. De esta forma llegaron a defraudar 105.000 euros al SEPE con dichas cotizaciones ficticias. 

Tras un nuevo intento por aplazar la vista oral -suspendida hasta en diez ocasiones- por la incomparecencia de dos testigos en paradero desconocido, la defensa del abogado planteó en cuestiones previas que se trata de una “cosa ya juzgada por acumulación de condenas por un mismo delito continuado de estafa en hechos coetáneos y similares” a los que se enjuician ahora. Y por otra parte entiende que el delito que se le imputa a su cliente ya habría prescrito.

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