Liberados 45 'esclavos del campo' a los que cobraban por trabajar y obligaban a vivir hacinados en pisos-patera

Que la dureza del trabajo agrícola y los bajos salarios no atraen a demasiados trabajadores españoles es un hecho incontestable y que, por esas mismas razones tan poco atractivas, son mayoritariamente migrantes en situación económica desesperada quienes los aceptan, también. Lo preocupante es que en no pocas ocasiones esos temporeros son más que trabajadores, auténticos esclavos en pleno siglo XXI. Es el caso de la última operación policial contra la explotación de seres humanos con fines laborales: 45 personas en situación inhumana acaban de ser liberadas en granjas y fincas agrícolas de seis comunidades autónomas, entre ellas, como es habitual, la C. Valenciana.

En esta ocasión, los delincuentes que se estaban lucrando eran ciudadanos argentinos y pakistaníes, que explotaban a sus propios conciudadanos, así como a nepalíes e indios. En muchas ocasiones, mujeres. Todas las víctimas eran personas en situación de pobreza extrema, con una grave vulnerabilidad que les llevaba a acatar cualquier orden de sus capataces con tal de poder trabajar, conscientes de que no les iban a hacer contrato porque estaban en situación irregular.

Les retenían el pasaporte y los maltrataban

Así, les cobraban 100 euros al mes por 'permitirles' malvivir hacinados en almacenes, habitaciones de pisos-patera o naves, en condiciones totalmente insalubres e inhumanas: compartiendo colchón varias personas y con un único baño para todos. Pero es que, además, les obligaban a pagarles 7 euros diarios por transportarlos en viejas furgonetas hasta los campos donde trabajaban de sol a sol y retornarlos cuando ya no quedaba nada por hacer.

En algunos casos, eran esos capataces quienes apalabraban el 'empleo', así que también lo cobraban y le daban al trabajador solo una parte del ya de por sí exiguo sueldo.

La operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y por la Policía Nacional y bautizada como Lhotse-Tiger ha permitido detener a nueve de esos explotadores, tres de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial. Los arrestos han sido practicados en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1).

Por lo que respecta a las 45 víctimas, han sido liberadas en fincas agrícolas de la C. Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. En todos los casos, buscaban a personas en situación de vulnerabilidad social, personal y económica extrema y les convencían con falsas promesas de un trabajo legal y bien pagado.

Pero todo era una patraña: en cuanto llegaban a Caspe (Zaragoza), donde vivían los cabecillas, les quitaban la documentación, los hacinaban en piso y buscaban a qué explotación agrícola enviarlos en régimen de cuasiesclavitud. Todas las víctimas eran captadas por ojeadores de esta trama en Turquía, adonde habían llegado desde sus países de origen de la mano de otras mafias.

Cuatro responsables de las fincas, detenidos

Cuatro de los nueve detenidos son dueños o responsables de las explotaciones agrícolas que conocían y se aprovecharon de que los trabajadores carecían de documentación legal para trabajar, lo que les permitía ahorrarse dinero en el salario y ante la Seguridad Social y Hacienda.

La investigación comenzó en 2024 cuando en una inspección se detectó a varias mujeres del sureste asiático que vivían en condiciones muy precarias en una nave de una empresa alimentaria de Candeleda, en Ávila. Fruto de esta investigación, fueron detenidas tres personas: un encargado de la custodia de las mujeres y dos responsables de la empresa alimentaria "por su conocimiento y aprovechamiento de la situación de las víctimas", reafirma la Guardia Civil.

En paralelo, días antes se había realizado otro hallazgo de trabajadores nepalíes sometidos a condiciones de explotación, en este caso en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres). En concreto, se descubrió a siete trabajadores en situación irregular, "que trabajaban con documentación falsificada y que vivían en condiciones deplorables e incluso de mendicidad", aclaran las fuentes.

Veinte personas hacinadas en un piso

La conexión entre ambas investigaciones llevó a agentes de ambos cuerpos policiales a realizar una operación conjunta que se saldó con nuevas detenciones y la liberación de más víctimas de explotación. Así, en Barcelona se realizó un registro y se detuvo a un individuo por exigirle dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de su documentación. Y en Cáceres se arrestó a dos responsables de la explotación agrícola donde se había encontrado previamente a los siete trabajadores nepalíes.

Finalmente, los investigadores se centraron en los miembros del grupo encargados de captar y explotar a los ciudadanos nepalíes. Después de año y medio de investigación, se realizaron dos registros simultáneos en dos domicilios de Caspe (Zaragoza), con la detención de tres miembros del grupo criminal, incluyendo a los dos principales cabecillas, y la liberación de más de una veintena de migrantes hacinados en una misma vivienda.

Tres de los nueve detenidos han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.