El Ayuntamiento de Mislata no revisó la feria en la que murieron dos niñas pese a que incumplía la normativa

La familia de Vera, la niña de cuatro años fallecida junto con otra menor, Cayetana, de 8 años, al volarse el castillo hinchable en la Feria de Navidad de Mislata durante la víspera de la noche de reyes de 2022, está luchando con todas sus fuerzas para evitar que la jueza cierre la investigación judicial antes de tiempo y, sobre todo, para que el Ayuntamiento de Mislata no se quede fuera de la responsabilidad penal que, defienden, tiene en la tragedia de la que ya han pasado tres largos años sin demasiados avances judiciales. "La causa está en una especie de letargo", mantiene el abogado que defiende los derechos de los padres de Vera como acusación particular, el penalista Jorge Carbó, basándose en la extrema lentitud de la instrucción que le ha obligado a presentar incluso escritos apremiando al juzgado a que agilice la tramitación.

El primer paso, que no se cerrase la instrucción sin concluir las diligencias solicitadas -¡el año pasado!-, ya está conseguido. Así, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Mislata ha acordado una nueva prórroga de seis meses que alarga la investigación judicial hasta noviembre.

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Sin embargo, el principal escollo, que se cite como investigado al que era concejal de Industria en aquel momento, sigue en el aire. La Fiscalía, por primera vez desde que se inició esta investigación, se ha alineado, aunque sea parcialmente, con las acusaciones particulares, mostrándose de acuerdo en que se cita a un técnico municipal como testigo, para que aclare cuál debía haber sido, paso a paso, "el procedimiento correcto que se debería haber seguido", dejando claro que el que se siguió no lo era, aunque se ha mostrado contraria a que se investigue a ese exedil.

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El ingeniero de parte no es OCA

A pesar de la lentitud en la instrucción, la familia de Vera ha logrado avanzar en esa posible responsabilidad del ayuntamiento, empeño que incluso se ha visto refrendado por la propia Audiencia de València. El tribunal, en su respuesta a un recurso de la acusación particular, les allanó el camino al establecer que "el Ayuntamiento está obligado a la comprobación del cumplimiento de normativa de condiciones técnicas del art. 4 –para seguridad del público y condiciones de solidez-", remarca el auto judicial, "cuando la declaración responsable no sea acompañada de certificación de OCA y sin la cual, además, no se podría iniciar directamente la actividad y precisará de licencia de apertura”. Y nada de eso se hizo.

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Aquella feria, como se recordará, se puso en marcha con solo dos documentos: la licencia de ocupación de vía pública y la declaración responsable realizada por un ingeniero de Elx a sueldo de los dos feriantes -suegro y yerno-, que certificaba que todo estaba en orden. Ese técnico y los dos responsables de las atracciones -junto con un técnico municipal- están imputados en la causa: los feriantes, como máximos responsables de la instalación de ocio, y su ingeniero, entre otras cosas, por las irregularidades detectadas, entre ellas que dijo haber revisado las instalaciones antes de la apertura de la feria sin moverse de Elx, acreditó el grupo de Homicidios de la Policía Nacional con la geolocalización de su teléfono móvil.

A partir del dictamen de la Audiencia, Carbó ha acreditado que el ingeniero imputado no está dentro del registro de personas con acreditación OCA, de manera que su declaración responsable no avalaba per se la apertura de la feria, así que, defiende la familia de Vera, siguiendo la estela del auto del tribunal, el ayuntamiento sí debió enviar personal municipal a revisar físicamente toda la instalación, que nunca debió ponerse en marcha sin la correspondiente licencia municipal de actividad.

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El castillo quedó desprotegido

Si lo hubieran hecho -el funcionario municipal imputado, ingeniero, se ha enrocado una y otra vez ante la Policía Nacional y el juzgado en que él no fue a revisar porque no estaba obligado a ello-, habrían detectado, por ejemplo, que la feria no estaba situada realmente donde decía el proyecto de instalación y que el castillo siniestrado -igual que otras atracciones- ocupaba un lugar distinto al habilitado, algo que, reiteró el perito judicial elegido por el juzgado en su informe, "sí tuvo una influencia importante en la producción del siniestro y en la gravedad de sus resultados".

La razón es que uno de los flancos del castillo hinchable estaba sin protección ninguna, por lo que las potentes ráfagas de viento lo levantaron sin resistencia alguna y lo arrojaron contra la atracción vecina. La consecuencia fue que los nueve niños que jugaban en ese momento en la instalación salieron volando: dos, Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, fallecieron y los otros siete sufrieron heridas de distinta consideración.

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