La familia de Vera considera al Ayuntamiento de Mislata "responsable por omisión" del siniestro mortal del hinchable

Los padres de Vera, la niña de 4 años fallecida en la tarde del 4 de enero de 2022, al salir volando el castillo hinchable en el que jugaba con ocho menores más -otra niña, Cayetana, de 8 años, también murió y los siete restantes resultaron heridos- en la Feria de Navidad de Mislata, no han dejado de luchar desde aquel día en busca de los responsables de la muerte de su pequeña. Lo hacen como acusación particular, a través del penalista Jorge Carbó, quien ha decidido recurrir a la Audiencia Provincial, algo que ya tuvo que hacer hace casi dos años, ante "la pasividad" del Juzgado de Instrucción 4 de Mislata, encargado del caso, sobre todo en lo que respecta a propiciar una investigación en profundidad para dirimir si, como sostienen los padres, el ayuntamiento es "responsable por omisión" e "inacción" del siniestro mortal o si, por el contrario, su actuación fue conforme a la ley.

La acusación de "letargo" contra el juzgado la sustentan, en ese recurso ante la Audiencia, en la tardanza en responder o tramitar diligencias por parte del juzgado, demora que en algún caso ha rondado el año. Para muestra, un ejemplo: las últimas dos diligencias que había pedido la familia de Vera, que declare como investigado el entonces concejal de Industria, como máximo responsable del departamento que debía tramitar la inexistente licencia de actividad, y que lo haga como testigo el técnico jurídico del consistorio, fueron solicitadas el 5 de julio de 2024. Pues bien, el juzgado no contestó, mediante una providencia oponiéndose a ambas diligencias -a pesar de que la Fiscalía apoyaba la declaración del testigo-, hasta el 3 de mayo de este año, es decir, diez meses más tarde.

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Segundo recordatorio

Esa dilación no es nueva en este asunto. El 5 de octubre de 2023, Carbó había solicitado al ingeniero de los feriantes, imputado al igual que estos, que aclarase si tenía la condición de Organismo de Certificación Administrativa (OCA), después de que la Audiencia dictara un auto diciendo que la declaración responsable emitida al parecer desde su despacho de Elx por este perito de parte, no bastaba como garantía administrativa para poner en marcha la feria, a menos que fuese OCA, que no lo era como acabaría confirmándolo él ante el juzgado.

Pasaron tres meses sin respuesta. Aún así, los padres, que han hecho gala de una paciencia casi bíblica, pidieron otra diligencia más el 24 de enero de 2024: que el Ayuntamiento de Mislata informase acerca de la titularidad de los terrenos sobre los que se había montado la feria. Al otro lado, silencio. Pasaron cuatro meses, y 10 de mayo de ese año el abogado presentó un nuevo escrito de impulso, en otras palabras, chasqueando los dedos ante el instructor pidiéndole que respondiese a sus pretensiones. Surtió efecto: tres días después el juzgado contestó y dio luz verde a ambas peticiones. Habían pasado siete meses desde la primera solicitud y la respuesta judicial.

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En esta segunda ocasión, la jueza no solo ha tardado diez meses en contestar con esa providencia del 3 de mayo pasado, sino que lo ha hecho denegando las dos peticiones, la de que declare el concejal de Industria y la de que lo haga el técnico jurídico del consistorio, quien, en el expediente aportado de aquella feria, habla de la existencia de una licencia de actividad en tramitación que, sin embargo, nunca llegó a ver la luz.

Curiosamente, la magistrada, al mismo tiempo que rechaza la comparecencia ante ella de ese testigo (que la fiscal sí aconsejaba en su informe del 23 de abril pasado alegando que "puede arrojar luz sobre cuál es el procedimiento correcto que se debería haber seguido"), sugiere que sea llamado a declarar en el juicio. Por ello, el letrado de la familia apunta en el recurso ante la Audiencia, no sin cierto grado de ironía, que de esa sugerencia "se desprende que algo de utilidad sí le ve a su declaración".

Eso sí, si su testimonio se aporta ahora, con la instrucción prorrogada hasta noviembre, esa luz que la fiscal presume que podría arrojar les permitiría a la acusación pública y a la particular pedir nuevas diligencias e, incluso, reiterar la imputación de algún miembro de la corporación local, pero, si declara en el juicio, con la causa ya cerrada, esa posibilidad es inexistente.

Las muertes "no se habrían producido"

En todo caso, concluye el escrito del abogado de la familia de Vera, a su juicio, "la inacción del Ayuntamiento de Mislata, al no comprobar la correcta instalación de las atracciones que componían el recinto ferial; al no verificar que su funcionamiento era seguro; al no comprobar ni siquiera que se respetara el emplazamiento proyectado; al no dictar resolución expresa; al no exigir certificación de una OCA sobre el correcto montaje; y al permitir y consentir el funcionamiento de la feria sin resolución expresa que lo autorizara; constituye una omisión que supone un ilícito penal". Y reitera "que el responsable de impulsar el expediente y dictar y firmar la resolución que se esperaba y que finalmente no se dictó, es el concejal con la competencia delegada en la materia", en referencia al titular en ese momento, enero de 2022, del área de Industria.

Y concluye: "De haber actuado con el celo exigible, sin duda no se hubiera producido el luctuoso siniestro, por lo que existe una relación de causalidad directa, ya que se hubieran detectado las numerosas irregularidades denunciadas, que deberían haber impedido el inicio de la actividad". Ahora, la pelota está en el tejado de la sección tercera de la Audiencia de València.