Protesta en la cárcel de Picassent tras la violación de una psicóloga en la prisión Sevilla II

Decenas de trabajadores del centro penitenciario València- Antoni Asunción, ubicado en Picassent, se han concentrado este martes a las puertas de la prisión para mostrar su repulsa y protesta por la brutal agresión sexual sufrida por una psicóloga en el Centro Penitenciario de Sevilla II, en Morón de la Frontera, la semana pasada a manos de un problemático violador. La protesta, convocada por los sindicatos Acaip-UGT y CSIF, se ha visto replicada en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla, y en ella han reivindicado un aumento de los sistemas de seguridad interior de las cárceles españolas ante la escalada de agresiones y actos violentos contra los trabajadores, de lo que tampoco ha escapado la prisión de Picassent, la más grande y poblada del país.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, el pasado 8 de julio, durante una entrevista profesional, un interno con antecedentes de violencia y agresiones sexuales, atacó "con extrema brutalidad" a la trabajadora, propinándole puñetazos, mordiscos, arrancándole mechones de pelo y realizándole tocamientos sexuales mientras la amenazaba con violarla y secuestrarla. Solo la rápida intervención de tres internos, primero, y de funcionarios del módulo, instantes después, "evitó un desenlace peor", han recordado los convocantes en un comunicado de prensa.

"Un fallo en cadena por negligencia institucional"

Ese interno, pese a su peligrosidad, "se encontraba inexplicablemente clasificado en un módulo de respeto", reservado en teoría para reclusos con buena conducta, una decisión, afirman los dos sindicatos, "absolutamente irresponsable por parte de la Administración Penitenciaria". En este sentido, recuerdan que "Acaip-UGT y CSIF consideramos un fallo en cadena provocado por una negligencia institucional". Basan sus duras críticas, en que el historial del interno era conocido, y se había solicitado "hasta cuatro veces" su traslado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario, peticiones que, afirman, fueron denegadas una y otra vez por los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias. "Solo tras la agresión y la repercusión mediática, se autorizó finalmente", señalan.

Funcionaria de la prisión de Badajoz: "La agresión de Morón se podría haber evitado. El interno tenía un historial de impulso sexual muy grande"

Ambas organizaciones sindicales, las dos mayoritarias en Prisiones, afirman que "no nos encontramos ante un hecho aislado. En Sevilla II, en el último año, ya se han registrado al menos tres agresiones sexuales y múltiples episodios de acoso a trabajadoras, sin que desde la Administración se haya adoptado ninguna medida estructural, A lo que se suman otras agresiones muy graves como el intento de homicidio de un funcionario en A Lama (Pontevedra) o la agresión sufrida recientemente por una funcionaria en Picassent", de la que informó en su momento este diario.

Una agresión cada 16 horas

Para Acaip-UGT y CSIF, "los datos son alarmantes: en las prisiones españolas se produce una agresión cada 16 horas, y la respuesta institucional ha sido la pasividad y el maquillaje estadístico". A partir de estos hechos, los dos sindicatos convocantes han trasladado este mismo martes un escrito a la administración exigiendo el "cese inmediato" de cuatro altos cargos de Prisiones a los que consideran "responsables directos de esta cadena de negligencias". Se trata del director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente Cuenca; la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez Aznar; el director de Sevilla II, Ángel Rodríguez; y el subdirector de Seguridad del centro de Morón, Mario Moreno Martín-Bejarano.

En el escrito han planteado cinco demandas que consideran urgentes e innegociables: la revisión urgente del sistema de clasificación interior, impidiendo que internos con antecedentes violentos o sexuales accedan a módulos de respeto; la implementación de un nuevo protocolo de agresiones que contemple prevención, respuesta rápida, y apoyo psicológico y jurídico a las víctimas; la dotación de botones de emergencia o dispositivos de alarma personales para el personal que realice entrevistas o intervenciones en solitario; la adecuación de espacios de trabajo para que no se comprometa la seguridad del personal; y la eterna reivindicación no atendida, el reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad, con garantías de indemnidad y respaldo institucional.

"El personal penitenciario dice: ¡Basta ya!", anuncian Acaip-UGT y CSIF en su comunicado, en el que denuncian que los hechos de Sevilla II "no son una excepción, sino el resultado de una política penitenciaria 'buenista', opaca e irresponsable, que pone en peligro real a los trabajadores. Se está anteponiendo el maquillaje de datos a la seguridad real en los centros". Y concluyen reafirmando que "no puede haber reinserción sin seguridad, ni convivencia sin respeto. Esta concentración no es solo por una compañera agredida, es por la dignidad y seguridad de todos las trabajadoras y trabajadores penitenciarios".