Las defensas intentan tumbar los mensajes de Sky de los narcos y el fiscal los compara con "peces saltando a la barca"

Las defensas de 14 de los 16 presuntos narcos -de los otros dos, uno está fugado y el otro, fallecido- apresados a partir de los mensajes de Sky ECC que supuestamente se cruzaron en 2020 para importar 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores llegados al Puerto de València se han empleado a fondo este lunes, en el primer día de juicio, para intentar desmontar precisamente lo que más daño les hace: esos miles de charlas encriptadas a través de un sistema de telefonía que prometía opacidad absoluta hasta que un equipo policial de Francia, Bélgica y Países Bajos lo hackeó entre febrero y marzo de 2021 dejando 900 millones de mensajes totalmente al desnudo.

El juicio ha comenzado con una hora de retraso porque tres de los acusados principales, el presunto líder de la organización, Fernando M. S., y dos de los hombres de confianza de Onofre G. R., segundo líder del grupo, los acusados Borja M. R. e Iván T. R., estaban en prisión -el primero, cumpliendo una condena de 19 años, y los otros dos, en prisión preventiva como líderes del Cártel del Puerto recién desmantelado-, y nadie había avisado para que los llevasen este lunes a la Ciudad de la Justicia.

Esa, conseguir la nulidad de la prueba fundamental tachándola de ilegal, es la piedra angular de esta vista oral, la primera que se celebra en España en la que la acusación se sustenta casi exclusivamente en esa mensajería. Pero no es la única. La otra pretensión de los abogados -buena parte de los primeras espadas en el sector de la defensa de los narcotraficantes valencianos de primer nivel: Miguel Ferrer, Patricia Cogollos, Julio Sánchez, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda, Miguel Ángel Vilata y Francisco Vicente Martínez- es discutir, de nuevo, la validez misma del proceso aludiendo a que no se respetaron los plazos de prescripción. La base de esa discusión reside en que hubo una primera investigación tras hallar 117 kilos de cocaína abandonados en un contenedor en agosto de 2020, que se dio por finalizada en 2021, aunque luego se reactivó tras disponer de la prueba de oro: los mensajes descifrados y la identidad de los que charlaban tranquilamente en esos chats porque se creían a salvo de los ojos y oídos policiales.

La cuestión de los plazos

Esa cuestión, sobre la que han vuelto a reclamar hoy casi todos los abogados, fue dirimida en un recurso de apelación por la misma sala de la Audiencia que los está juzgando ahora, la tercera, que les respondió que el plazo empieza a contar a partir del momento en que se dirige la acusación contra una persona concreta y no en abstracto, dando por cerrada la cuestión. Pese a ello, hoy la han vuelto a plantear como una cuestión prejudicial, es decir, pidiendo al tribunal que la dirima antes de iniciar el juicio, en el que uno de los momentos estelares lo iba a protagonizar el hoy encarcelado por tráfico de drogas capitán de la Guardia Civil del Puerto de València. Ha sido, de hecho, el fiscal, quien ha renunciado a su testimonio, alegando que al estar en la actualidad en prisión por corrupto, poco puede aportar en esta causa, en la que solo intervino hallando esos 117 kilos.

Así, los letrados, con unos u otros argumentos, se han esmerado sobre todo en discutir la validez de la prueba desde distintos ángulos. Ferrer, que representa al supuesto jefe de todos los demás según el relato de la acusación, Fernando M. S., ha ejercido también de líder en el juicio y ha empleado dos horas de reloj -ninguno de sus compañeros ha utilizado más de 30 minutos- en plantear que a su cliente se le habían vulnerado los derechos fundamentales imputándole el delito agravado de tráfico de drogas con una prueba, los mensajes de Sky, que, a su juicio, hace aguas por todas partes.

Elevar consultas al Tribunal de Justicia

Para acreditarlo, Ferrer ha presentado un exclusivo informe firmado por dos peritos informáticos que afirman que nadie ha acreditado la autenticidad e integridad de esos mensajes; que no se ha autenticado la evidencia digital con la debida cadena de custodia; que la Justicia francesa no notificó a la española que estaban interviniendo las comunicaciones a ciudadanos de este país; que Sky fue hackeado siguiendo el ordenamiento jurídico francés, menos restrictivo que el español, y, por tanto, no es válido en España; que los mensajes fueron hechos llegar al juez instructor de València a través de un simple correo electrónico que daba acceso a una base de datos de la policía belga, no de la francesa, y que el contenido se pasó a una hoja Excel "editable y manipulable"; que nunca les han permitido conocer el software usado para la desencriptación aludiendo al "secreto de Estado" ni tampoco el acceso a la evidencia digital original...

El resto de letrados se han adherido a su exposición, en la que han abundado los ataques a la Fiscalía antidroga y a los agentes antinarcóticos del EDOA de la Guardia Civil, y han insistido, por ejemplo, en la necesidad de incluso aplazar incluso el juicio para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia ed la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la posible vulneración de derechos de la operativa policial para reventar Sky. Zapata hasta ha llegado a hablar de "estafa procesal" que, según su criterio, se ha producido porque la investigación inicial comenzó en Amberes (Bélgica), aunque se acabó pidiendo la incorporación de Francia para que el hackeo, que incluyó el uso de la figura del agente interpuesto -han usado el término inglés man in the middle que se emplea para designar un tipo de ciberestafador-, se hiciese en ese país "y no en Bélgica" porque el ordenamiento jurídico francés sí permitía esa "investigación masiva que afectó a 170.000 usuarios de Sky".

La hora del fiscal

El fiscal antidroga, el último en hablar, visiblemente airado por los ataques de algunas de las defensas, desmontó en poco más de 15 minutos buena parte del argumentario de los letrados que había hecho aflorar sonrisas de satisfacción entre los 14 acusados presentes en la sala. Así, con un discurso corto y muy directo, les recordó que "a estos señores nunca se les intervinieron las comunicaciones, porque cuando se obtuvieron los mensajes, hacía meses, en agosto de 2020, que habían pronunciado los mensajes" y que la diferencia entre esta aplicación, Sky, y su predecesora, Encrochat, reventada un año antes, era justo la contraria a la expuesta por el abogado del presunto líder. "Encrochat sí permitía la geolocalización, pero Sky, no. Así que difícilmente se podía advertir de a quién se estaba investigando. Precisamente porque los terminales que se vendían con esa aplicación, los únicos para poder usarla, tenían deshabilitada la cámara, el micrófono y la geolocalización. Y los escasos 20 días que hubo intervención en tiempo real, entre febrero y marzo de 2021, no se sabía ni la identidad ni la ubicación de quienes la usaban. ¡Pero si la geolocalización no se ha conseguido hasta 2024!", sentenció.

En cuanto a los plazos, no solo recordó que la sala ya se había pronunciado, sino que además remachó que "una interpretación estricta (del texto legal) no puede llevar a una conclusión absurda" y les reprochó que ninguno de los letrados formuló recurso ni impugnación alguna "hasta el juicio", lo que, bajo su criterio, demuestra que estaban de acuerdo con la instrucción y "consintieron" cuanto se hizo en ella.

Sobre las acusaciones de manipulación de los mensajes, basada en que los archivos aportados a la causa lo están en formato Excel editable, mostró su sorpresa argumentando que había fotos y detalles personales que solo podían conocer ellos de sí mismos y que es absurdo pensar en que se pudieran haber manipulado esos 900 millones de mensajes. Y describió con una metáfora muy gráfica: "Es que no hizo falta que el pescador lanzase la red, ¡los peces solos saltaron a la barca!".

El sarcasmo por bandera: ¿"Está Mazón?"

Por último, no solo rechazó que se aplazase o suspendiese el juicio, sino que "exigió" su celebración y se mostró contrario a una inaudita petición de los acusados: que el tribunal les dispensase de acudir al resto de las sesiones (dos, en realidad) hasta que les toque declarar. "¿Es que tienen cosas más importantes que hacer que estar aquí, con las penas tan altas a las que se enfrentan", se preguntó asombrado por la petición el representante del Ministerio Público, que solicita una pena global de 167 años para los acusados, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV hace casi un año. Finalmente, la sala les dio permiso para no volver. Solo uno de ellos, Iván T. R., ha mostrado su intención de asistir a todo el juicio, "si me traen, claro", ironizó.

No fue la única frase sarcástica. Cuando los tres acusados que venían de prisión salieron de los ascensores fuertemente escoltados por la Policía Nacional, el primero de ellos soltó un sarcástico "¿está Mazón?" al toparse de frente con los cámaras y fotógrafos de varios medios de comunicación, entre ellos Levante-EMV, que aguardaban en ese pasillo el inicio del juicio. Ni siquiera para los presuntos narcos había pasado desapercibido que este lunes era el día de máxima expectación mediática y social por la dimisión del hasta ayer president de la Generalitat Valenciana.

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