Los presuntos narcos de la trama Sky fían su absolución al ultra que asesinó a una estudiante en 1980

Emilio Hellín Moro (hoy, oficialmente, Luis Enrique Hellín Moro tras cambiarse el nombre en el Registro Civil en 1996), condenado en 1982 a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de la estudiante socialista Yolanda González, de 19 años, a la que ejecutó de dos tiros en la cabeza en 1980 tras acusarla falsamente de pertenecer a ETA, es el perito judicial al que han recurrido los presuntos narcos de la trama Sky para buscar su absolución en el juicio por la importación de 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores, en agosto de 2020, que se celebra en la Audiencia de València desde el lunes, 3 de noviembre, y del que ha venido informando Levante-EMV.

Hellín y el otro firmante de la prueba pericial estrella de las defensas, Javier Rubio Alamillo, sostienen que no se puede afirmar la autenticidad e integridad de esos mensajes por la forma en que fueron enviados por la Justicia francesa a la española, en un archivo comprimido zip que contenía documentos Excel editables, lo que ha llevado a la defensa del principal acusado, Fernando M. S., el letrado Miguel Ferrer, o bien a pedir la nulidad o bien a impugnar toda la investigación policial y judicial desde el momento mismo en que esos archivos fueron descargados a través de un enlace enviado por correo electrónico de la Corte de París al Juzgado de Instrucción 1 de València, en respuesta a la orden europea de investigación (OEI) pedida por este último. Ese es el argumento central, al que adhirieron también el resto de los abogados, para buscar la exoneración de sus clientes y evitar las condenas que pide la Fiscalía antidroga: 167 años de cárcel y unas multas que suman 791 millones de euros.

Expulsado por el juez del 'pitufeo'

Luis Enrique Hellín (Badajoz, 1947), que perteneció a la ultraderechista Fuerza Nueva -precursora natural de España 2000 o, más recientemente, de Vox- y que reivindicó aquel asesinato en nombre del Batallón Vasco Español -uno de los grupos parapoliciales que iniciaron la guerra sucia contra ETA en los primeros tiempos de la Transición-, se ha ganado fama como perito judicial informático a través de una empresa con la que están vinculados varios de sus familiares y que incluso ha sido proveedora del Ministerio del Interior entre 2006 y 2011. Ha participado como experto de parte en casos como el de Laura Borràs, ex presidenta del Parlament de Cataluña, o el del parricida José Bretón, en ese caso, en nombre de la madre de los niños asesinados.

También lo contrataron como perito las defensas del llamado pitufeo del Ayuntamiento de València, la pieza del caso Taula que investigaba a 13 concejales por blanqueo y que acabó en archivo gracias al presidente de la sala cuarta de la Audiencia de València, que lo cerró sin posibilidad de recurso en abril de 2022. Mucho antes de eso, en 2017, el juez instructor de esa macrocausa, el magistrado valenciano Víctor Gómez Saval, ya había apartado a Hellín y su informe de la causa al rechazar su pretensión de acceder a los datos originales de Sitel, el sistema de interceptación policial de las comunicaciones.

Caso Taula: un informe casi idéntico

En esa pericial, Hellín, decía, punto por punto, lo mismo que ahora: ponía en tela de juicio la integridad y autenticidad de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil, y que permitieron captar a la ex concejala de Cultura con el PP María José Alcón contándole a su hijo la mecánica del blanqueo y citando, textualmente, la existencia de una "corrupción total en el partido". Y, exactamente igual que ahora, decía en el informe de Taula, que el juez no aceptó, que había habido una parte expurgada por la Guardia Civil -se hizo, de manera idéntica a la causa de Sky, por orden del juez y retirando pasajes ajenos al delito investigado y que pudiesen comprometer la intimidad de los investigados-. Y, también como ahora, Hellín acusó a los agentes de la UCO de la posible manipulación del contenido grabado. Y hay más puntos coincidentes entre lo que dijo entonces y lo que dice ahora ese perito informático.

El análisis de esa prueba pericial, enfrentada en la sala con los dos peritos del EDOA de la Guardia Civil, la unidad antinarcóticos que detuvo en su momento a los 17 procesados -hoy solo quedan 14: dos, ambos camioneros, han fallecido en este tiempo, y un tercero permanece fugado-. Los agentes, entre ellos el máximo responsable de la unidad, que el miércoles desgranó en la sala como testigo no solo el contenido de decenas de mensajes y archivos incriminatorios extraídos de las conversaciones de Sky sino también cómo tuvieron acceso a toda esa información -a partir de una OEI tramitada y validada por el juez-, refutaron buena parte de las aseveraciones de Hellín y Rubio.

Errores en el desencriptado

De hecho, los peritos de parte acabaron admitiendo cuestiones importantes como que la falta de algunas partes en esas conversaciones, el hecho de que algunos mensajes aparezcan repetidos hasta en tres ocasiones o ciertos errores en alguno de los códigos alfanuméricos (pines) se explican por el proceso de desencriptado en Holanda o por errores de transcripción de la Policía francesa, que tuvo que empaquetar por países 900 millones de mensajes en un tiempo récord, y no por alteraciones de los agentes del Instituto Armado.

Así mismo, aceptaron que en la información en formato Excel enviada a través del enlace de descarga recibido por el juez instructor, no figuraban las geolocalizaciones de los terminales -"tampoco las necesitábamos", aclaro el agente- desde los que se mantuvieron las conversaciones atribuidas a los 14 procesados, por mucho que cada uno de los archivos informáticos pudiesen contener la geolocalización desde el momento en que fueron desencriptados por el ingeniero de Telecomunicaciones de la policía neerlandesa. Y, en todo caso, admitieron a preguntas del fiscal que el acceso en tiempo real de Sky ECC no fue solicitado por el equipo policial francés, belga y neerlandés ECI que reventó la encriptación colocando un servidor interpuesto que, como una red de pesca, fue captando y almacenando todas las claves secretas de cada teléfono y conexión, hasta enero de 2021. Y solo fue efectivo durante tres semanas, entre febrero y marzo de ese año.

No ven irregularidades en origen

Aún así, ambos peritos, que a preguntas de la magistrada que preside el tribunal aseguraron no haber detectado irregularidad alguna en la captación de esos mensajes o en el posterior empaquetado de la información, han insistido en su costoso informe, pagado íntegramente por el presunto cabecilla del grupo, Fernando M. S., en que al no poder acceder a la información original, no pueden certificar que los mensajes son auténticos y están aportados a la causa de manera íntegra, a pesar de que el responsable del EDOA aclaró que ellos se imitaron a realizar su propia descarga, de la que hicieron una copia "para analizar la información y trabajar los datos sin tener que tocar la original".

Así mismo, defendieron que únicamente expurgaron, y por orden del juez, una parte de una de las conversaciones, de la que dieron cuenta al juzgado, porque "afectaba gravemente a la intimidad de uno de los investigados". A preguntas de la letrada Patricia Cogollos, el agente le aclaró que ellos no hicieron ni copias ni descargas para el juzgado, sino que es el juzgado quien debió hacer su propia descarga.

Los acusados lo niegan todo

Tras la prueba pericial, llegó el momento de los acusados. Tal como estaba previsto, negaron su implicación en los hechos, la autoría de los mensajes e incluso haber utilizado Sky, disponer de un terminal con esa aplicación o ser dueños de los pines y de los sobrenombres que se les atribuyen. De los 14, dos se acogieron a su derecho a no declarar y los 12 restantes solo respondieron cada uno a su abogado.

Después, el fiscal realizó una leve modificación en su escrito y las ocho defensas, encabezadas por Ferrer, pidieron la nulidad de la causa e impugnaron todos los atestados y escritos judiciales posteriores a la OEI por considerar ilegítima la prueba, esto es, los mensajes de Sky dadas las, a su juicio, graves irregularidades en el proceso de descarga de los datos. Los informes finales, en la última sesión del juicio, que la magistrada ha aplazado hasta el 23 de diciembre.

Solo cumplió 12 de los 43 años de condena

Hellín solo cumplió 12 de los 43 años impuestos en 1982 por el secuestro y asesinato de Yolanda González. En 1987, tras los primeros cinco años de cárcel, obtuvo un polémico primer permiso que aprovechó para escapar con su familia a Paraguay, donde se puso al servicio del dictador fascista Alfredo Stroessner, formando a su policía en nuevas tecnologías tras formarse en telecomunicaciones -curiosamente, su víctima, Yolanda González, era estudiante de Electrónica-, hasta que fue detenido a través de Interpol en 1989 y entregado a España en 1990. Seis años después, salió definitivamente de prisión y se cambió el nombre.

Ya como Luis Enrique, según desveló en su momento el diario El País tras una profunda investigación periodística, Hellín Moro logró hasta 15 contratos como perito informático forense con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la Policía Nacional y policías autonómicas, servicios por los que el Ministerio del Interior desembolsó 140.000 euros entre 2006 y 2011. El entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz pidió disculpas a la familia de Yolanda González y prometió no volver a contratarle jamás. Curiosamente, ya como imputado en el caso Kitchen que investigaba las cloacas de Interior, Fernández Díaz contrató como perito de parte al compañero en el juicio de Sky de Hellín Moro, esto es, a Javier Rubio Alamillo. También en ese caso, la estrategia de la pericial fue asegurar que los mensajes que se investigaban, en este caso, SMS, habían sido manipulados.