Convierten una manzana asumida por la Sareb en una 'oficina' de venta de cocaína y okupación al mejor postor

Satisfacción entre los vecinos de Vilamarxant, que desde hace meses vienen denunciando la okupación de una manzana de viviendas de la localidad, cuyo préstamo asumió de la Sareb por impago de la promotora, y que había alterado la convivencia en la zona generando una sensación de inseguridad. Gracias a esas denuncias la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local del municipio, ha detenido a los miembros de una red que no solo había okupado ilegalmente varios pisos en distintos bloques del complejo, dotado hasta con piscina cubierta en la azotea, sino que además subarrendaban o vendían a terceros otras viviendas y, por si no era suficiente, se financiaban con la venta de cocaína al menudeo. Cuatro personas han sido detenidas por estos hechos. Todas están en libertad, eso sí, con cargos.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Investigación de Riba-roja de Túria en colaboración con la Policía Local de Vilamarxant, se inició después de que varios vecinos del municipio alertaran de la llegada de okupas a un edificio que forma toda una manzana de cuatro alturas en la calle Mestre Don Antonio Sánchez Quirant, formada por seis fincas de diez viviendas cada una -incluidos áticos dúplex-, otra con dos escaleras y 31 pisos, y cinco bajos unifamiliares de gran extensión; en total, 96 viviendas.

La Sareb "aún no puede actuar"

Se trata de un complejo residencial promovido por una empresa cuya quiebra trató de solventarse con la venta del proyecto a una segunda, que también fracasó, así que el préstamo impagado por ambas para construir esas 96 viviendas acabó en manos de la Sareb, la entidad público-privada creada en 2012 con aval del Estado para gestionar y liquidar todas las propiedades que se quedaron colgadas con la crisis económica e inmobiliaria de 2008 y que casi 20 años después continúa con una resolución a medio gas -de los casi 51 millones iniciales de deuda prestataria se ha saldado menos de la mitad: 22 millones-.

En este caso, apenas un 20 por ciento de las viviendas de la manzana de Vilamarxant están ocupados por sus legítimos propietarios, mientras que el resto, como ocurre con la mayor parte de los pisos y casas en manos de la Sareb, ha sido carne de ocupación ilegal por esa falta de acción de esa sociedad, rebautizada como 'banco malo'.

Fuentes de la entidad han matizado que, en el caso del complejo residencial de Vilamarxant "en este momento solo somos dueños del préstamo, ya que aún estamos en la fase de reclamación de deuda a la promotora" cuyos carteles continúan anclados en la fachada del inmueble. Así mismo, han asegurado que "precisamente porque aún no tenemos la propiedad del edificio, no podemos actuar ni intervenir para resolver esa situación de ocupación ilegal. Solo puede hacerlo quien ostenta la propiedad que, en este caso, sigue siendo la constructora".

En este sentido, han insistido en que "únicamente cuando pasamos a ser propietarios, que no ocurre en todos los casos porque en ocasiones nos retiramos de las subastas cuando hay un postor que ofrece más dinero que el que nos ha costado sanear la propiedad, podemos iniciar el proceso de desalojo, siempre y cuando, claro, no haya personas vulnerables en la vivienda u otros condicionantes".

Eso sí, recuerda la portavoz de la Sareb, Cristina Expósito, que, desde marzo de este año, "todos los inmuebles residenciales que son propiedad de la Sareb han pasado, y seguirán pasando conforme vayamos teniendo la titularidad, a la Empresa Publica de Vivienda, para ponerlas a disposición de la ciudadanía con alquileres asequibles

Indignación en San Antonio de Benagéber por la okupación de una casa en 24 horas

Cocaína al por menor: un río de compradores

En este caso, no solo había okupaciones, sino que, además, se tenía la sospecha de que al menos en uno de los bajos se estaba vendiendo droga al menudeo al ver el trasiego de personas a todas horas, ya que, eso sí, atendían las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los vecinos, además, denunciaban la inseguridad en la zona por las frecuentes disputas en las inmediaciones, que surgían de los cobros abusivos por los alquileres, las extorsiones cuando alguien no quería pagar o era expulsado porque llegaba un inquilino dispuesto a cobrar más, las obras ilegales o por el propio tráfico de drogas.

Durante las pesquisas, los guardias civiles encargados de la investigación acreditaron la existencia del punto de venta de cocaína al menudeo en uno de los bajos unifamiliares, precisamente el que funcionaba, además, como una auténtica oficina ilegal de "venta y alquiler" de las viviendas okupadas.

Según pudieron constatar, los ahora detenidos se habían hecho fuertes en el inmueble que en su día se quedó el banco malo y subarrendaban los pisos "alquilándolos" al mejor postor, por entre 350 y 450 euros -incluso cobraban un suplemento por el acceso a la piscina-, o "vendiéndolos" por unos 2.500 euros, ha informado este miércoles la Comandancia de València.

La ampliación: un dormitorio con vestidor

Los "arrendadores", que se habían apropiado por completo de la manzana, llegaban a echar, sin ningún tipo de escrúpulo, a los "inquilinos" si aparecía una persona que les ofreciera más dinero por la vivienda. Y no solo eso, el principal arrestado y su mujer, arrogándose la propiedad de 'su' entresuelo unifamiliar, ya que habían pagado 2.500 euros al primero que se lo vendió ilegalmente, llegaron a tumbar el tabique medianero con la finca contigua para anexionarse una vivienda de unos 60 metros cuadrados, en la que obraron el dormitorio principal y un generoso vestidor.

Una vez reunidas todas las pruebas y tras varias semanas de seguimiento, el pasado 5 de noviembre los investigadores obtuvieron el preceptivo mandamiento judicial del Juzgado de Instrucción 7 de Llíria y practicaron un registro en esa vivienda, en el número 10 del complejo, donde decomisaron droga y dinero. El operativo, en el que fue clave la colaboración de la Policía Local de Vilamarxant, se saldó con la detención de cuatro personas.

Tras las diligencias policiales, los detenidos, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española de entre 30 y 22 años, a los que se les imputan delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, extorsión, usurpación de vivienda y estafa, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Llíria, que decretó libertad provisional para todos ellos, esto es, que siguen acusados de los delitos enumerados, aunque esperarán al juicio en libertad.