El juzgado del castillo hinchable de Mislata lleva siete meses sin responder a un investigado
La magistrada firma la séptima prórroga de la instrucción cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la muerte de Vera, de 4 años, y de Cayetana, de 8, sin que se hayan aclarado las responsabilidades penales ni de los feriantes, ni de su ingeniero, ni del Ayuntamiento de Mislata

Dos agentes de la Policía Científica, durante la inspección ocular del hinchable. / Miguel Ángel Montesinos

Vera tendría hoy 8 años y estaría pensando, seguramente, en la carta a los Reyes. Pero no es posible porque murió con cuatro años, la víspera de otros Reyes, los de 2022, cuando saltaba pletórica de felicidad sobre un castillo hinchable en la Feria de Navidad de Mislata que debía ser seguro y que, sin embargo, salió volando con una fuerte ráfaga de viento causando la muerte no solo de Vera, sino también la de Cayetana, de 8 años, y dejando heridos a otros siete niños. Está a punto de cumplirse el cuarto aniversario de aquel accidente generado por la cascada de anomalías e irregularidades en el montaje, anclaje y explotación de la atracción detectadas desde el inicio por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción 4 de Mislata juzgado, cuya lentitud en esta instrucción le ha sido afeada no solo por los padres de Vera y su letrado, el abogado Jorge Carbó, sino incluso por alguno de los investigados, acaba de firmar una nueva prórroga para alargar la investigación seis meses más. Y van siete ampliaciones.
De hecho, la instrucción aparece estancada, con retrasos de hasta siete meses -en otras ocasiones han sido de más tiempo, incluso- en las respuestas a los letrados o en la tramitación de los recursos, algo que los padres de la menor han reprochado en multitud de ocasiones a los diferentes jueces que han pasado por la causa. "Queda un mes para que termine la sexta prórroga y seguimos igual", denunciaba la madre de Vera en su cuenta de X a principios de octubre. Desde esa publicación, lo único que ha ocurrido es que el juzgado ha tenido a bien acordar esa séptima ampliación de la investigación, entre otras cosas, porque los padres de Vera no son los únicos que la habían solicitado.

Iván Pérez
Sin noticias desde abril
Tanto la Fiscalía como uno de los investigados, el ingeniero de parte que certificó la feria un mes antes del siniestro -según la Policía, lo hizo desde Elx; él argumenta que no, que sí se desplazó a Mislata y que lo único que se quedó en su despacho ilicitano, "olvidado", fue su teléfono móvil-, también se mostraba favorable a prolongar la investigación. La acusadora pública le recordó a la jueza que no era el momento de cerrar, ya que sigue habiendo diligencias pendientes, y el letrado del perito de parte argumentó que, entre otras cosas, aún no se ha pronunciado sobre una solicitud presentada por ellos nada menos que en abril.
Dicho de otro modo, le evoca a la instructora que el 25 de abril -precisamente el día en que Vera habría cumplido los ocho años- le solicitó que citase como testigos a los autores de un informe de parte encargado por su cliente a dos ingenieros y a una arquitecta técnica que busca exculpar al investigado, "sin que le conste hasta la fecha [el 3 de noviembre] que se hayan acordado" esas comparecencias.
Similar retraso está sufriendo el recurso de apelación presentado por Carbó en nombre de los padres de Vera en mayo, concretamente el día 21, ante la negativa frontal del juzgado a llamar a declarar como testigo a un técnico municipal de Cultura y como investigado, al concejal de Industria, el departamento responsable de haber emitido la licencia de actividad que nunca se emitió -la feria se puso en marcha con solo dos documentos: la licencia de ocupación de vía pública y la declaración responsable realizada por el ingeniero de Elx-. Seis meses después, denuncia la acusación particular, el juzgado aún no ha elevado esa apelación a la Audiencia de València, que en septiembre de 2023 dio cierto aire a los padres de Vera en su titánica lucha por evitar que la investigación judicial se cierre dejando al Ayuntamiento de Mislata fuera de la responsabilidad penal.
Cuatro investigados desde el inicio
De momento, y casi desde el inicio, únicamente están como investigados en la causa los dos feriantes responsables de la atracción siniestrada -el dueño sobre el papel del castillo hinchable Humor Amarillo La Selva, Alejandro C. S., y su suegro, José Antonio M. A., propietario del resto y empresario organizador de la Feria de Navidad de Mislata-, su perito de parte -el ingeniero de Elx que ahora también apunta al ayuntamiento- y un técnico municipal de Mislata, también ingeniero, que firmó la autorización para que la feria iniciase su actividad y que siempre ha derivado toda la responsabilidad sobre su colega, alegando que el consistorio no estaba obligado a revisar físicamente la instalación antes de que esta empezase a funcionar.
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