Condenan a un matrimonio de septuagenarios por coaccionar a su inquilina para echarla del piso

El intento desesperado de unos caseros por desalojar a su inquilina, ante los indicios de que la mujer había reconvertido el piso que les había alquilado para uso de vivienda habitual en un apartamento turístico, obteniendo así ingresos mensuales muy superiores a la cuota que pagaba de alquiler, ha acabado en los tribunales, con los propietarios de la casa condenados a seis meses de prisión y el pago de una multa de 600 euros como autores de un delito de coacciones y otro de falsedad documental.

Así lo ha sentenciado el Tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valenciaal ver acreditado que los caseros presionaron a la arrendataria para que abandonara la casa y que, además, para conseguir su objetivo, falsificaron su firma en un documento de rescisión del alquiler que, según ha quedado probado, la inquilina jamás llegó a rubricar. Por estos hechos la afectada reclamaba una indemnización de 30.000 euros, mientras que la acusación pública solicitaba tres años de prisión para los acusados de un delito leve de coacciones y otro de falsedad documental.

Durante el juicio celebrado el pasado 27 de octubre en València, la alquilada, que declaró por videoconferencia y negó haber rubricado el documento, admitió que "en casos puntuales" alojó a personas en su vivienda, coincidiendo con una etapa laboral en la que pasaba gran parte del mes fuera de España, según alegó. Así con todo, negó haberse lucrado con ello porque los huéspedes eran "amigos", según sostuvo, aunque no fue capaz de identificar a ninguno: "Era un amigo ucraniano que vino a pasar unos días a València. No recuerdo su nombre porque me contactó a través de una amiga", esgrimió.

1.800 euros por quince días

La versión contrastaba con la de los propietarios, quienes acusaban a la inquilina de haber subarrendado el piso a turistas. De hecho, aseguraban que una de las personas que se alojó en la casa les llegó a decir que habían pagado 1.800 euros por alquilar la casa quince días. Una cantidad que, de ser cierta, triplicaba el alquiler mensual de 625 euros que pagaba la alquilada por un apartamento en un exclusivo residencial junto al Palacio de Congresos de València. La mujer vivía allí con su hijo de cuatro años y, ocasionalmente, con su pareja. "Sé que no era lo correcto, pero nunca pensé que esto llegaría tan lejos", declaró, en referencia a las presiones que afirma haber sufrido hasta que el 1 de septiembre los dueños cambiaron la cerradura y la dejaron en la calle.

Según su testimonio, en las semanas previas los caseros —con los pagos al día y el contrato vigente hasta 2025— vandalizaron la cerradura con pegamento. Sin embargo, la jueza destaca que se trata de "meras sospechas", ya que nunca los vio en actitud sospechosa ante la cerradura. De hecho, no descarta la intervención de terceras personas, "como por ejemplo vecinos molestos por las conductas incívicas de los turistas que venían a pasar unos días en el piso".

La inquilina acusaba a los dueños de haber accedido a la vivienda en diversas ocasiones sin permiso, aprovechando que conservaban un juego de llaves. "Un día coaccionaron a un amigo para entrar, hacer fotos y registrar los armarios", relató. En otra ocasión, "vinieron con una abogada para presionarme y me advirtieron de que habría consecuencias si no me iba". Los propietarios, en cambio, aseguraban que solo acudieron a entregarle un documento de rescisión del contrato, que según ellos, la mujer aceptó firmar más adelante. "Se han confundido. Les dije que no se quedaría nadie más en la casa", replicó la inquilina.

Contrato falsificado

El matrimonio aseguraba que el conflicto surgió tras las quejas de vecinos que denunciaban la presencia constante de turistas en el edificio. Durante una junta de vecinos, el 27 de junio de 2023, decidieron acudir al piso, donde fueron recibidos "por unos ucranianos que afirmaron haber alquilado la casa a la inquilina". Tras aquel episodio, le enviaron un mensaje pidiéndole que abandonara el inmueble. Días después regresaron para reclamarle el pago del mes en curso y las llaves, sin éxito.

"Estaba haciendo el agosto con nosotros", denunciaron los propietarios, quienes el 7 de julio volvieron a exigirle que se fuera y firmara la rescisión del contrato, al comprobar que la mujer había sustituido la cerradura por una inteligente. El conflicto alcanzó su punto álgido el 1 de septiembre, cuando la inquilina trató de entrar en su casa y descubrió que los dueños habían cambiado la cerradura, después de que una familia argentina —que también se había alojado allí previo pago— les entregara las llaves. Al acudir la policía, los agentes no pudieron intervenir porque el matrimonio presentó un contrato de rescisión aparentemente firmado por la arrendataria. Sin embargo, una pericial caligráfica confirmó que la firma había sido falsificada.

A pesar de ello, los caseros mantenían que la mujer abandonó la vivienda voluntariamente y se amparaban en un documento de rescisión que, decían, "recibimos dos días después en el buzón, firmado". Sin embargo, según los hechos declarados probados, la moradora jamás llegó a rubricar dicho documento, sino que lo hicieron los propietarios, "por sí mismos o a través de terceras personas" los que simularon la firma de la alquilada.

De ahí que la Sala los haya condenado a seis meses de prisión como autores de un delito de falsificación en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Asimismo, a pesar de haber quedado exonerados de tener que indemnizar a la inquilina, tendrán que pagar una multa de 600 euros por haberla coaccionado.

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