Se buscan jurados para el juicio por el crimen del canónigo de la catedral de València

El 23 de enero de 2024 a media mañana, el portero de la finca del 22 de la calle Avellanas, en pleno corazón de València, salió despavorido de la vivienda de la puerta 14. Acababa de encontrarse asesinado a su único morador, Alfonso López Benito, canónigo emérito de la Catedral de València, de 81 años de edad, desnudo -luego se vería que solo llevaba un calzoncillo de tipo slip y de color verde-, con sangre en la boca y los ojos aún entreabiertos, tumbado boca arriba en la única cama -revuelta- que había en el piso que el Arzobispado de València le tenía cedido, con los brazos por fuera de la sábana que le cubría púdicamente el cuerpo. El conserje, acompañado por un amigo de Alfonso López que había acudido a la casa porque no le contestaba al teléfono, llamaron desde el rellano desesperados al 112 para pedir ayuda.

Dos años y tres días después de ese hecho, el próximo 26 de enero, comienza en la sala de jurado de la Ciudad de la Justicia de València el juicio contra el único detenido, acusado y procesado en relación con ese crimen, Miguel Tomás V. N., un sintecho de esos a los que la víctima solía llevar a su casa para mantener relaciones sexuales a cambio de algún dinero o de un plato de comida y un lugar para dormir un tiempo corto.

Falta menos de un mes para que comience esa vista oral, que se prolongará durante siete días -hasta el 3 de febrero- y a punto ha estado de jugarse el inicio por falta de candidatos a jurado. ¿Porque nadie quiere juzgar a Miguel Tomás? En absoluto, la cuestión es más profunda. Y preocupante, porque se va a repetir cada vez con más frecuencia.

Las excusas: la edad y cuestiones médicas

Siendo fieles a la verdad, la posibilidad de que no hubiese candidatos suficientes para iniciar el juicio el día 26 no estaba asegurada, pero el responsable de la organización de la sala de jurado, su letrado de la Administración de Justicia (LAJ), Evaristo García, optó por prever el problema antes de que surgiera siquiera. Los once jurados -nueve titulares y dos suplentes- que se seleccionarán ese día 26 de enero por la mañana, justo antes de que comience la vista oral, debían salir de los 36 candidatos elegidos a primeros de noviembre. Una vez restados los excusados -casi todos por razones de edad y por cuestiones médicas- al inicio del juicio debía haber al menos 20 personas para que la selección de los jurados sea conforme a ley.

Sin embargo, el elevado número de excusas justificadas -las siete razones que la Ley del Jurado prevé como exenciones para evitar cumplir con ese deber ciudadano- que presentaron esos 36 preseleccionados, más alguna que aún está pendiente de resolverse, había llevado a que el próximo 26 de enero se contase únicamente con alrededor de 18 candidatos, dos menos de los 20 exigidos para que las distintas partes -defensas y acusaciones- puedan elegir con holgura a quienes consideren los mejores componentes del tribunal popular en función de sus perfiles, que se analizan en directo con entrevistas personales.

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20 candidatos más: sí habrá juicio

Por esa razón, el LAJ decidió poner en marcha lo que se conoce como un sorteo adicional, un recurso al que, por ahora, solo se tiene que acudir una media de tres veces al año -suele haber entre 20 y 30 juicios con jurado por año en València-. Y la del crimen del canónigo ha sido esa tercera. Se celebró el 19 de diciembre. Habitualmente, el sorteo adicional, que se rige por las mismas reglas que el ordinario, sirve para elegir a 15 nuevos candidatos, que se suman a la cifra que haya quedado tras la criba de la primera tanda.

No obstante, en esta ocasión y ante la posibilidad de que el número volviese a mermar -hay excusas no automáticas, como las que están sujetas a un certificado o un informe oficial que las acredite, algo que las partes también valoran ese primer día de la vista oral-, el LAJ determinó que en esta ocasión se seleccionasen 20 candidatos. Y no le faltaba razón: varios de ellos ya han caído de la lista porque encajaban, de nuevo, en las principales excusas por comunes: ser mayor de 65 años, padecer enfermedades inhabilitantes para el desempeño de la función de jurado, haberse mudado fuera de la provincia de Valencia o, simplemente, no haber sido localizado, habitualmente por cambio no comunicado de domicilio.

¿Quién es el auténtico asesino?

Así las cosas, el LAJ parece haber conjurado el riesgo de suspensión y aplazamiento de este juicio altamente mediático, así que las espadas siguen en alto para dirimir si Miguel Tomás participó en la planificación del asesinato del canónigo -el fiscal, Antonio Gastaldi, única acusación en el proceso, ya ha dejado claro que lo considera cooperador necesario o cómplice, en su defecto, pero no ejecutor material del crimen- o si, como sostiene su abogado, Jorge Carbó, ese hombre, que sigue en la cárcel desde el 24 de enero de 2024, únicamente es culpable de haberse beneficiado del dinero del cura usando las tarjetas que le robó el verdadero asesino. Habrá que ver qué decide el jurado, si merece los 28 años de cárcel que le pide Gastaldi como coautor por cooperación o los tres que admite Carbó por el delito de estafa cometido al usar esas tarjetas en El Corte Inglés, dos cajeros y un puñado de bares baratos.