La Audiencia de València prorroga por dos años la prisión para el acusado del crimen de canónigo por el "grave riesgo de fuga"

Diecinueve días antes de que comience el juicio con jurado contra Miguel Tomás V. N., el único detenido e imputado hasta ahora por el asesinato del canónigo emérito de la catedral de València Alfonso López Benito, la Audiencia de Valencia ha ordenado la prórroga por dos años de la prisión provisional del encausado. Lo hace para conjurar lo que el magistrado que ha dictado el auto y que presidirá ese juicio con jurado llama "grave riesgo de fuga" del acusado, peligro que basa en la elevada pena a la que se enfrenta y la inminencia de esa vista oral.

La decisión, dada a conocer a las partes personadas en la causa -la Fiscalía y la defensa- este viernes, está fechada el 7 de enero, un día después que se celebrase la comparecencia de prisión para dirimir si había que excarcelarlo y permitir que acudiese a las sesiones de juicio -hay siete previstas: del 26 de enero al 3 de febrero-, como defendía su letrado, el penalista Jorge Carbó, o si debía permanecer encarcelado, como solicitaba el fiscal, Antonio Gastaldi, alegando, precisamente, ese riesgo de fuga que incluso calificó de "humanamente comprensible". Así las cosas, el magistrado, José Antonio Mora Alarcón, ha optado por la solución más esperable: prorrogar la prisión y ver qué sucede en el juicio. De hecho, ya advierte de que las acusaciones finales pueden variar.

En un auto corto y conciso, el juez desgrana los motivos que llevan a decretar y mantener, e, en general, la prisión provisional de un reo -se llama así el periodo de encarcelamiento previo a la vista oral- pero también los que ha tenido en cuenta en este caso en particular. Así, dice que en el supuesto que afecta a Miguel Tomás V. N., se aprecia "un riesgo real y actual de fuga, derivado de tres aspectos: "La gravedad extrema del delito de asesinato y la elevada pena abstracta que conlleva, a fase procesal avanzada, encontrándose ya señalada fecha para la celebración del juicio ante el Tribunal del Jurado, lo que incrementa de forma sustancial el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, y la existencia de una acusación formal y consolidada, con indicios racionales de criminalidad ya valorados judicialmente".

Habría salido de la cárcel a tres días del juicio

La prórroga de la prisión provisional es un trámite procesal necesario para evitar la excarcelación del presunto implicado en los hechos antes de que comience ese juicio, ya que la ley permite un máximo de dos años, prorrogable a otro dos, que es lo que acaba de hacer ahora el magistrado. Esa prórroga suele aplicarse solo en casos de delitos muy graves castigados con condenas altas, como los homicidios y asesinatos, y en los que las investigaciones se prolongan en el tiempo dada su complejidad.

Miguel Tomás V. N. está privado de libertad desde el 24 de enero de 2024, ya que fue detenido apenas día y medio después del asesinato del cura, de 81 años, asfixiado y estrangulado hasta la muerte en su cama, en un piso de la calle Avellanas de València, propiedad del Arzobispado de València, en la madrugada del 22 de enero. Por eso, en su caso, los primeros dos años de prisión provisional empezaron a correr en esa fecha. En caso de no haberse prorrogado la prisión, debería haber sido excarcelado el 23 de enero próximo, es decir, tres días exactos antes del juicio, ya que ese día es cuando se cumpliría el plazo.

El magistrado también rechaza otro de los argumentos de la defensa, quien sustentaba la petición de no ampliar la prisión provisional en la buena actitud de Miguel Tomás, ya que, durante estos dos años de cárcel, ha regularizado su situación -estaba irregular porque había llegado desde su país, Perú, en abril y se le había caducado el visado de turista- y ha encontrado trabajo en el centro penitenciario de Picassent, donde permanece recluido.

A pesar de los débiles indicios sobre su participación en el asesinato -Miguel Tomás V. N. siempre ha negado haber matado al canónigo y ha acusado desde el inicio a un hombre de nacionalidad colombiana al que conocía de recoger naranjas como temporeros y a quien la Policía nunca ha logrado identificar-, habría sido un contrasentido que el magistrado que presidirá ese juicio con jurado, José Antonio Mora Alarcón, hubiese accedido a su libertad.

Una huida "humanamente comprensible"

Durante la comparecencia de prisión, el representante de la acusación pública -no hay particular porque el arzobispado se retiró en cuanto el abogado que designó inicialmente tuvo acceso al sumario y vio lo que contenía-, ejercida por el fiscal Antonio Gastaldi, defendió esa prórroga alegando que es la única manera de conjurar el peligro de fuga. Gastaldi se apoyó en "la elevada petición de pena de cárcel" -solicita 28 años de prisión, tal como adelantó este diario- que eleva el peligro de que huya, algo que, dijo, en sus circunstancias, sería "humanamente comprensible".

Por contra, su abogado defensor, Jorge Carbó, se opuso a la prórroga e instó a que fuera juzgado ya en libertad, y esgrimió como principal razón para ello "la falta de pruebas de que Miguel Tomás cometiera el asesinato" por lo que mantener en la cárcel a un reo por un delito de estafa -la pena máxima en su caso sería de 3 años- "es una medida desproporcionada", dijo. En este punto recordó que "mi cliente ha admitido desde el primer momento el delito de estafa", es decir, el uso fraudulento de las tarjetas del cura.

Tal como ha venido publicando este periódico, el día que el grupo de Homicidios detuvo a Miguel Tomás V. N. en un hostal a 500 metros de la Jefatura Superior de Policía llevaba encima las tarjetas del canónigo con las que había hecho alguna compra y varias extracciones, que quedaron grabadas por las cámaras de El Corte Inglés y de los dos cajeros de Cajamar que usó.

La Fiscalía se queda sin armas

Pero, sobre todo, Carbó esgrimió que "los indicios iniciales contra mi cliente por su participación en el asesinato se han ido diluyendo a lo largo de la instrucción hasta desaparecer, lo que incluso ha llevado a la Fiscalía a rebajar la intensidad de la acusación y afirmar que el autor material del crimen fue otra persona", a quien la Justicia no ha sido capaz de encontrar y detener. Y recordó al magistrado Mora Alarcón, así mismo, que, vista la ausencia de pruebas por el homicidio, había solicitado ya dos veces la libertad de su defendido durante estos dos últimos años, solicitud que siempre ha sido le ha sido rechazada.

Tal como adelantó este diario, el juicio con jurado, para el que incluso ha habido que realizar un sorteo adicional para evitar tener que aplazar la vista por falta de jurados, está previsto que dure siete días, del 26 de enero al 3 de febrero de 2026, en la sala de jurado de la Ciudad de la Justicia.

El magistrado ha admitido la comparecencia de todos los testigos propuestos por el representante del Ministerio Público y por la defensa, pero ya advirtió en junio que no se admitirán como pruebas documentales ninguno de los atestados policiales o informes que constituyan relatos o interpretaciones a partir de declaraciones de testigos o de datos objetivos, ya que deberán ser los propios agentes quienes los expliquen de viva voz en el juicio y siempre a preguntas de las partes.

Esta decisión, que no deja de ser la exposición de lo que dicta la ley del jurado desde su entrada en vigor en 1995, es habitual escucharla en las vistas orales, pero nada común leerla en un auto de hechos justiciables, lo que le da cierto aire de advertencia en un caso que llega a la sala de vistas con más dudas que certezas. Incluso deja en el aire que pueda proyectarse al jurado un vídeo resumen aportado por la Policía cuando la Fiscalía les pidió "un atestado completo", vídeo que la defensa impugnó al entender que se trataba de un relato parcial y valorativo que no aportaba pruebas.

Sin evidencias físicas en la escena del crimen

En este sentido, cabe recordar que el único encausado por el crimen es ese hombre, Miguel Tomás V. N., quien permanece en prisión a pesar de que hasta el fiscal ya recoge en su escrito de acusación provisional la más que probable posibilidad no solo de que haya un segundo autor, sino que ese segundo autor sea el único autor material. Máxime cuando no hay una sola evidencia física que pruebe la presencia de Miguel Tomás dentro del piso donde vivía el cura, es decir, en el escenario del crimen.

Así, tal como ha venido informando en exclusiva Levante-EMV, dentro del piso no había ni ADN, ni huellas de Miguel Tomás V. N., que era uno de los hombres en situación de pobreza que llevaba a casa el canónigo para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u otras prebendas. Tampoco su teléfono se conectó a la wifi del sacerdote ni hay constancia de su número en el registro del router del fallecido, ningún testigo acredita su presencia en el lugar ese día y, por si fuera poco, su imagen no aparece en ninguna de las seis cámaras de seguridad próximas al domicilio de la calle Avellanas donde está la vivienda en la que fue asesinado López Benito que fueron revisadas por la Policía Nacional durante la investigación.

El auto de señalamiento de juicio que emitió el magistrado en junio pasado recoge en primer lugar ese relato de la Fiscalía, en el que considera que Miguel Tomás N. V. no fue la mano ejecutora del crimen, aunque pide para él 28 años de cárcel por asesinato, estafa y robo con violencia, tal como adelantó también en exclusiva este diario, porque estima que tanto él como el posible autor material del crimen, esa "persona no identificada" -del único encarcelado no hay ADN en la escena, pero sí de un "varón desconocido" al que nunca se ha podido poner nombre y apellidos- estaban de acuerdo en el plan homicida.

La Policía registra el apartamento del Perelló al que el canónigo llevaba a sus 'acogidos'

Autor de la estafa, pero no del asesinato

Y esto es lo que discute, y discutirá en el juicio, el defensor, Jorge Carbó, quien sostiene que Miguel Tomás N. V. es culpable del delito de estafa, es decir, de haberse lucrado con las tarjetas del cura robadas al cura aquella noche, con las que sacó 1.800 euros en varias extracciones, compró un suéter y unas zapatillas de marca en unos grandes almacenes y gastó una pequeña cantidad de dinero en comer y beber en bares modestos, pero que ni participó en el asesinato ni supo que estaba muerto hasta que se lo dijo ese otro hombre, Manuel, avanzada la madrugada del lunes, 22 de enero.

A favor de su versión, un dato: cuando el grupo de Homicidios lo detuvo, en el Hostal Abastos en el que se había alojado esa noche -las anteriores siguió durmiendo en la calle, como hacía desde medio año antes- solo llevaba encima 875 euros, esto es, la mitad de lo que había sacado en el cajero. La otra mitad, afirma, se la había dado a ese Manuel, a quien, señala el abogado de Miguel Tomás, la Policía no intentó buscar hasta abril de 2025, esto es, 15 meses después del crimen "y solo preguntando al presidente de una finca, después de que la defensa se interesara por si se había hecho alguna indagación para identificar y localizarle".

Las espadas, en alto

Ahora, esos nueve jurados titulares y los dos suplentes que salgan de la selección de jurado que se realizará el primer día del juicio, el 26 de este mes, tendrán la última palabra sobre si Miguel Tomás participó en el crimen o, como dice, se limitó a averiguar el PIN de las tarjetas que le dio el asesino y vivir durante día y medio lo que para él era a cuerpo de rey: comer caliente en bares baratos, dormir en un hostal, tomarse dos copas de ron en un pub de música latina, comprarse un suéter y unas deportivas de marca -dormía en la calle hasta ese día- y sacar esos 1.800 euros que compartió, asegura, con ese desconocido que estranguló y asfixió hasta la muerte a Alfonso López Benito cuando lo tenía desnudo -solo llevaba un calzoncillo cuando lo encontraron muerto- en la cama del piso del arzobispado.