El jurado declara culpables de asesinato a los acusados de coser a cuchilladas a la maestra de Rafelcofer

El veredicto del jurado popular en la causa por el crimen de la maestra jubilada de Rafelcofer, Rosa Carmen Pous Escrivá, no ha deparado sorpresas y los miembros del tribunal han declarado por unanimidad a Antonio S.E. y Rubén Ú. P. , los dos politoxicómanos detenidos y encarcelados por estos hechos, culpables tanto del asesinato cometido la noche del 27 de abril de 2024 como del delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada. No obstante, el tribunal popular ve diferencias sobre el papel que jugó cada uno de los acusados en el crimen y señala al primero como autor y al segundo como cómplice.

La tesis de que Rubén, vecino y antiguo conocido de la víctima, no tuvo nada que ver en el crimen y simplemente se vio sorprendido por los hechos sin poder hacer nada para evitarlo, tal y como planteaba su defensa, ejercida por el letrado penalista Juan Carlos Navarro, no ha convencido al jurado, que ha declarado probado que su participación fue clave para llevarlo a cabo. En este sentido, el tribunal popular ve pruebas más que suficientes que demuestran que Rubén fue cómplice en el asesinato basándose en dos pilares: que fue él quien ayudó a Antonio a entrar en casa de Rosa; y que lo hizo, además, a sabiendas de que era una persona muy violenta que sufría brotes psicóticos.

Respecto al otro acusado, el veredicto coincide por unanimidad en que el único autor de la muerte de la maestra fue Antonio, al que todas las pruebas señalaban desde un primer momento: los investigadores hallaron restos biológicos de él en una uña de la fallecida y restos de sangre en el bolso de la víctima, en el batín y junto al cadáver. En su caso, el jurado aprecia además la circunstancia agravante de abuso de superioridad, ya que este se aprovechó del desequilibrio de fuerzas entre víctima y agresor no solo por la diferencia de edad, él tenía 44 años y ella 66, sino por la diferencia de peso y de tamaño.

Actuaron con alevosía

El jurado ha apreciado para ambos la circunstancia agravante de alevosía al ver probado que tanto Antonio como Rubén sabían que su víctima no tenía posibilidad de defensa. Sin embargo, consideran que no hubo ensañamiento y no ven probado que estos la asesinaran de forma despiadada, a pesar de que la mujer fue estrangulada y recibió 38 puñaladas, según explicaron los forenses que le practicaron la autopsia.

Sobre la teoría de que ambos actuaron con sus capacidades volitivas levemente afectadas por su adicción a las drogas, tal y como introdujo la defensa de uno de los acusados, el jurado lo rechaza al no ver probada la atenuante analógica de intoxicación por drogas.

Sobre el móvil que le llevó a actuar de forma tan violenta, el tribunal popular ve acreditado que lo hizo por el interés económico del robo para obtener dinero y comprar más droga, que posteriormente consumieron en casa de Rubén, ubicada a escasos seis metros del lugar del crimen.

Querían efectivo para droga

Así, el jurado declara probado que sobre las 21.00 horas de la noche del 27 de abril de 2024 Antonio y Rubén se presentaron en casa de Rosa. La mujer reconoció la voz de su vecino y esta abrió la puerta. Fue entonces cuando Antonio la atacó de manera sorpresiva y sin darle oportunidad a defenderse. Primero la cogió del cuello violentamente y seguidamente la arrastró hasta el interior de la casa, donde le asestó 38 puñaladas con el cuchillo que la mujer estaba utilizando para cenar. Una de las cuchilladas resultó letal. En concreto, la que impactó en el corazón y le provocó un shock hemorrágico que le causó la muerte.

Tras consumar el crimen, Antonio acudió al bolso de su víctima y cogió la cartera. Tras apropiarse del dinero en efectivo que había dentro, entre 20 y 50 euros según apuntaron sus hijas durante el juicio, el asesino se deshizo de la billetera y la lanzó a un barranco ubicado a escasos metros de la calle Xiquet. Ahí la encontraron dos niños que estaban jugando la mañana siguiente, y que entregaron a la Guardia Civil en la mañana del domingo. Tras analizarla, los investigadores de Criminalística encontraron restos de sangre de Antonio en la cartera.

Tras la lectura del veredicto, que se ha tenido que aplazar a esta tarde al detectar algunas contradicciones en la calificación de ensañamiento, el magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia tendrá la última palabra sobre las penas que se imponen a cada uno de los acusados. El Ministerio Fiscal solicita para Antonio 23 años y dos meses de cárcel -19 por asesinato y cuatro años y dos meses por el robo con violencia- y rebaja a once años y medio la petición para Rubén, al considerarlo cómplice de estos mismos delitos. Inicialmente, solicitaba 28 años para cada uno de ellos.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la letrada María José López Martínez, en conformidad con el veredicto del jurado, ha modificado las penas y pide 24 años y dos meses de cárcel para Antonio como autor de un delito de asesinato y quince años para Rubén como cómplice. Además, pide que ambos indemincen a cada una de las hijas de la fallecida con 130.000 euros.

Por su parte, la defensa de Rubén, ejercida por el letrado penalista Juan Carlos Navarro, pide que se condene a su representado a 9 años y tres meses de prisión (siete años y medio por asesinato y 1 año y 9 meses por el robo), mientras que plantea indemnizar con 15.000 euros a cada una de las hijas al no ser ninguna de ellas dependiente económicamente de su madre.

Por su parte, la defensa de Antonio, ejercida por el letrado Diego Verdú, propone que su representado sea condenado a 18 años y medio de cárcel, quince por el asesinato y tres años y seis meses por el robo. Sobre la indmenización, propone la misma que el otro acusado, 15.000 euros para cada una de las hijas, por los esos mismos motivos.

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