Sombras en la calle Avellanas: Los flecos y certezas del juicio por el crimen del canónigo

Tras cinco intensas jornadas de vista oral, el juicio contra Miguel Tomás V. N., único acusado por el asesinato de Alfonso López Benito, canónigo emérito de la Catedral de Valencia, ha quedado visto para sentencia. Este lunes, un jurado popular formado por cinco hombres y cuatro mujeres tendrá que deliberar y decidir si el procesado, en prisión provisional desde los hechos, es culpable o no de los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa por los que el fiscal solicita una pena global de 28 años de cárcel.

Lo que comenzó como un caso de aparente resolución rápida se ha convertido en un puzzle complejo donde las costumbres privadas de la víctima, la falta de huellas de ADN del único detenido en la el piso donde se cometió el crimen y la sombra de un tercer hombre no identificado, quien habría asfixiado al sacerdote hasta su muerte, han marcado el ritmo del debate jurídico. De momento, la única certeza es que Alfonso López falleció por un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación que duró varios minutos.

La cara oculta de Alfonso

El cuerpo del canónigo fue hallado la mañana del 23 de enero de 2024, a las 10.45 horas, desnudo en su cama y cubierto por una sábana. Los informes forenses presentados en la cuarta sesión fueron determinantes y revelaron que el ataque fue frontal, que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse y que no fue una muerte rápida. El juicio también ha desvelado la cara oculta del canónigo. El conserje del edificio relató cómo López Benito solía llevar a su casa a hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o un plato caliente de comida. Estos encuentros provocaron las quejas de los vecinos.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía remarcó que el Miguel Tomás "no fue quien apretó el cuello del cura hasta matarlo". Sin embargo, ve indicios suficientes que demostrarían que sí que estuvo esa noche en el piso de la calle Avellanas, donde acudió con otro hombre con el que actuó "de común acuerdo" para matar al cura. Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, insiste en que su representado no tuvo nada que ver con el crimen, y que solo es culpable de un delito de estafa por el que acepta un año de cárcel, por hacer uso de las tarjetas bancarias del cura para sacar dinero y hacer compras en El Corte Inglés.

El rastro del móvil

Uno de los puntos más críticos para la defensa ha sido la investigación policial, y la ausencia total de pruebas que incriminen al acusado como autor del crimen. El acusado no aparece en ninguna de las grabaciones de las cámaras que se revisaron. Además, de los 31 vestigios analizados por la Científica, ninguno correspondía a Miguel Tomás. El jefe de Homicidios, restó importancia a este hecho, sugiriendo que el autor pudo limpiar la estancia o haber utilizado guantes. Los peritos no descartaron esto último, pero matizaron que el piso estaba "ordenado" y no presentaba signos de una limpieza exhaustiva para borrar evidencias.

Ante la falta de huellas, la acusación se ha cimentado en la geolocalización de los teléfonos móviles. El análisis de las antenas sitúa al acusado en el entorno del piso de la calle Avellanas en las horas en las que se produjo el asesinato -entre las 23.00 horas día 21 y las 02.00 del 22-. Determinó, además, que su móvil y el de la víctima se desplazaron juntos desde la casa del canónigo tras el crimen.

Sin rastro del autor

Durante su comparecencia ante el jurado, alegó que tanto el móvil como las tarjetas que fueron robadas del piso del sacerdote se las entregó Manuel, un temporero colombiano al que conocía de trabajar en el campo, con el que quedó esa tarde, y al que señala como autor del crimen. "Lo tenía todo planeado", manifestó. La policía nunca consiguió localizar al compañero, y sospecha que se trata de "un amigo imaginario".

Esa misma madrugada, cuando Alfonso ya había sido asesinado, Miguel Tomás realizó hasta nueve llamadas a Cajamar, haciéndose pasar por el fallecido para intentar obtener el PIN de sus tarjetas, con las que posteriormente realizó compras y sacó dinero. Algunas de estas llamadas fueron reproducidas ante el jurado. Además, los días posteriores hasta su detención, envió distintos mensajes a desde el móvil del sacerdote haciéndose pasar por él. "Lo hice para ganar tiempo, porque no sabía si entregarme a la policía o deshacerme del teléfono", esgrimió.

Un caso "cerrado en falso"

El acusado fue detenido sobre las 15.00 horas del 24 de enero en el Hostal Abastos. Desde ese momento ha mantenido en bucle que es inocente. En su declaración final, reconoció haber usado las tarjetas y el móvil, pero negó ser el autor de la muerte. "Está mal haber cogido las tarjetas, pero yo no sabía que estaba muerto. Si lo hubiera sabido o hubiera tenido algo que ver, yo no llevaría encima ni la tarjeta ni el teléfono", alegó. Asegura se enteró de que el cura estaba muerto, entre el 22 y el 23 de enero, cuando vio a su amigo por última vez y le dio "900 o 1.000 euros".

La defensa denuncia una investigación "cerrada en falso" y llena de contradicciones "porque no interesa la verdad". Durante el juicio, se puso de relieve que la policía no realizó una copia de los mensajes de WhatsApp del acusado -que según defiende, probarían la existencia de Manuel- alegando inicialmente falta de medios, algo que los propios peritos informáticos rebatieron en la sala. Asimismo, la recepcionista del hostal contradijo al jefe de Homicidios al asegurar que los agentes sí registraron la habitación del acusado sin permiso previo.

Por su parte, el fiscal considera que el acusado "no ha montado ni una sola versión coherente" e insiste en que hay indicios de sobra que demuestran que Miguel "sabía que lo iban a matar, estuvo allí y lo vio aunque ahora diga que es mentira". El resultado de este juicio tan mediático se conocerá a partir del lunes, cuando se reunirá el jurado para deliberar si el único acusado por el crimen del canónigo es culpable o no de todos los delitos que se le imputan.

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