Los sobrinos de la octogenaria expoliada por la trama del notario exigen paralizar la venta del piso y los bajos

Los sobrinos de la octogenaria con alzhéimer víctima de una trama formada presuntamente por un notario y dos abogados, un testaferro y su cuidadora, de cuya cuya detención ya informó este jueves Levante-EMV, han solicitado al juez del caso, titular de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, que paralice de manera inmediata cualquier intento de venta a terceros de los tres inmuebles cuya compra ventajosa habrían obtenido de manera fraudulenta. Se trata de abortar que consumen la que se presume finalidad última de todas sus acciones: lucrarse con la venta de las tres propiedades inmobiliarias que tenía la mujer y fue vendiéndoles entre mediados de 2022 y finales de 2023.

En todos los casos, se hizo a través de la misma notaría -su titular es el detenido e investigado judicialmente-, con los mismos abogados y a nombre del mismo comprador, a quien se considera el testaferro de la trama.

La solicitud ha sido entregada este viernes en el juzgado por el penalista que ejerce desde hoy como acusación particular en la causa, el letrado Emilio Pérez Mora, quien hasta ahora no había podido personarse en la causa por lo que la familia de la mujer entiende como una maniobra de los investigados que ya ha sido resuelta.

Prohibición de vender... y lucrarse

En la misma, los sobrinos de la mujer, piden al magistrado "la urgente adopción de medidas cautelares respecto de todos los inmuebles" que eran de la octogenaria, "en concreto", matiza el escrito, "la prohibición de disponer" de ellos con el fin de "evitar nuevas torticeras maniobras por parte de los investigados". Si el juez accede, ya no podrán vender.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los investigados tienen en venta en este momento las tres propiedades: un piso de grandes dimensiones en una arteria principal del barrio de Russafa, que era la vivienda habitual de la mujer y cuya venta firmó por apenas 190.000 euros; un bajo comercial en la calle Cirilo Amorós que le compraron por "la pírrica cantidad" de 40.000 euros y que transfirieron a nombre del supuesto testaferro solo cinco meses después por ese precio multiplicado por ocho, 320.000 euros; y una nave industrial con la que se hicieron firmando una compraventa de 115.000 euros inmueble cuyo valor real se estima en 280.000 euros.

¿Fue, además, envenenada?

Además, la familia de la mujer tiene previsto solicitar más diligencias para aclarar si, como indaga la Policía Nacional, la octogenaria pudo ser víctima también de un envenenamiento. La sospecha se generó hace meses, cuando la mujer sufrió un repentino empeoramiento físico por el que tuvo que ser llevada a urgencias de un hospital de València, donde los médicos, tal como adelantó este diario, detectaron dos venenos en su organismo: metanol y mercurio.

Se trata de dos sustancias tóxicas que no se generan en niveles tóxicos o letales por la ingesta normal de alimentos ni por exposición ambiental, lo que llevó a los sobrinos de la anciana a sospechar que algo extraño estaba pasando. Sobre todo, porque ese malestar se produjo cuando la trama ahora desmantelada por la Policía Nacional ya había logrado que vendiese la tercera y última de sus propiedades, una vivienda del barrio de Russafa, sobre la que ella había pactado que cedía la propiedad a cambio de una cláusula por la que se garantizaba el usufructo vitalicio. En pocas palabras, que podía seguir viviendo en la casa hasta su muerte.

Sin embargo, esa muerte, que supuestamente los ahora investigados creían más próxima no acababa de llegar. Y fue en esa época, al parecer, cuando se produjo el ingreso hospitalario en el que se detectó la presencia del metanol y del mercurio en niveles anormalmente elevados en el cuerpo de la mujer.

El acta notarial para desahuciarla

Fue después de ese episodio, al parecer, cuando los ahora investigados hicieron uso de la segunda cláusula del contrato de compraventa del piso: que en caso de que dejase de vivir en la casa, la mujer perdería ese derecho de usufructo. ¿Cómo? El notario afirma que fue a la finca, llamó al timbre y, como la mujer no le abrió, preguntó "a varios vecinos" por ella. Al decirle que no la habían visto, "dedujo" que ya no vivía en el piso, así que firmó un acta dando por hecho que había perdido el usufructo por haber abandonado la vivienda.

A continuación, el supuesto testaferro a cuyo nombre se había realizado la venta del piso -curiosamente, es la misma persona que figura como comprador de las otras dos propiedades, un bajo comercial en Russafa y una nave industrial- acudió al domicilio, donde obviamente seguía residiendo la mujer, y le instó a irse, acta notarial en mano, porque, esgrimió, había perdido el derecho a seguir disfrutando del piso.

Cinco detenidos

Tal como ha adelantado este diario, agentes de la Policía Nacional detuvieron este miércoles en València a los dos abogados, el notario y a otras dos personas más -el supuesto testaferro y la cuidadora- presuntamente implicadas en la trama, que habría tenido por objeto despojar a la mujer, de 80 años de edad y con alzhéimer en fase avanzada, de las tres propiedades que tenía a su nombre, la nave industrial, el bajo comercial y su propia vivienda, los dos últimos en dos puntos cotizadísimos de València, la calle Cirilio Amorós y el barrio de Russafa, para revenderlos luego a un precio muy superior y lograr así un importante beneficio económico.

La presunta estafa, que los arrestados niegan, se habría producido entre 2022 y 2023, pero no ha salido a la luz hasta que los ahora detenidos revirtieron el usufructo vitalicio de la mujer, que le permitía seguir viviendo en el piso hasta su muerte, e iniciaron las gestiones para echarla de casa, ansiosos por revender un piso que ahora triplicaba, como mínimo, el precio al que se lo habían comprado. Fue entonces cuando los sobrinos descubrieron lo sucedido y denunciaron. Eso sucedía en mayo de 2025.

El notario, investigado pero sin medidas

De momento, el juez del caso, titular de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, ha fijado medidas cautelares para cuatro de los cinco detenidos: los dos abogados, el supuesto testaferro y la cuidadora. Les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir de España, a instancias del fiscal.

Sin embargo, al notario no le ha impuesto ninguna medida, aunque el acusador público pedía para él lo mismo que para los demás. Los cinco, que han negado haber estafado a la mujer, fueron puestos a disposición del juez, instructor del caso desde hace semanas, en la tarde de ayer, durante su turno de guardia, acusados de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, entre otros.

Además, el juez está estudiando si amplía los delitos e incluye el de intento de homicidio, a raíz del informe médico del hallazgo del metanol y el mercurio, aunque esta decisión está supeditada a las gestiones que ya realiza la Policía y a las que solicite ahora Pérez Mora en nombre de las sobrinas de la octogenaria.

Los hechos comenzaron a gestarse en 2022, al parecer con la ayuda de la cuidadora de la mujer, diagnosticada de enfermedad de Alzheimer, gracias a la proximidad a la víctima y al conocimiento de que no tenía hijos, pero sí tres importantes propiedades. A partir de ese momento, habrían ideado convencerla, aprovechando las consecuencias de la enfermedad, que mermaban su capacidad cognitiva, para que les vendiese la nave, el bajo y hasta la vivienda, un amplio piso en una de las arterias principales del barrio de Russafa, a un precio muy inferior al de mercado.

Medio millón de beneficio

El negocio ya les habría reportado a los detenidos, hasta ahora y a falta de la reventa del piso, cerca de medio millón de euros. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los presuntos implicados en el fraude habrían desplegado toda una estrategia de acercamiento a la mujer, a la que fueron convenciendo poco a poco, aprovechándose supuestamente de su enfermedad, de que lo mejor que podía hacer era vender su patrimonio. Para ello, se ganaron su voluntad indicándole a quién debía venderlo y garantizándole que le conseguirían el mejor precio.

Según la investigación policial, habrían sido los dos abogados ahora detenidos los encargados de ultimar los detalles de las sucesivas ventas, la primera de las cuales se firmó en 2022 y la última, en diciembre de 2023. Todas las compraventas se habrían cerrado en la notaría del ahora detenido, a quien se acusa de haber participado en la estafa a la mujer, ya que los precios por los que vendió eran anormalmente bajos y el estado mental de la vendedora no era el de una persona en pleno uso de sus facultades.

La primera propiedad que adquirieron tras lograr que la mujer firmase en la notaría fue la nave industrial, que le compraron, a nombre de un testaferro -siempre el mismo-, por 115.000 euros. Sin embargo, su valor de mercado era más del doble, 280.000 euros en el momento de la transacción, por lo que hay una pérdida de 165.000 euros para su propietaria de la que esta no habría sido plenamente consciente precisamente por la influencia de la enfermedad.

Multiplicaron el precio por ocho en 5 meses

A continuación, la convencieron para poner en venta el bajo comercial, ubicado en una de las calles comerciales de lujo por excelencia de València, Cirilo Amorós. Consiguieron que la mujer accediese a vender a cambio de 40.000 euros, una cifra irrisoria en esa zona de la ciudad de València. Como muestra, un botón: a los cinco meses de esa firma, y habiendo utilizado al mismo testaferro, apalabraron la venta del local por nada menos que 320.000 euros, es decir, multiplicaron por ocho el precio de compra. Total, un beneficio de 280.000 euros en menos de medio año.

Pero no les pareció suficiente. Lo siguiente fue la vivienda familiar de la mujer, la última propiedad que le quedaba. Se trata de un piso de grandes dimensiones en una finca sita en una de las principales calles de Russafa, un barrio con una elevada tensión de precios. Consiguieron que accediera a firmar la venta por un importe que haría las delicias de cualquier inversor: 190.000 euros. La compraventa llevaba una condición: que la mujer pudiese seguir viviendo en ese piso hasta su muerte, es decir, la propiedad pasaba a ser de los ahora detenidos, pero la octogenaria tenía el usufructo de por vida.

Invalidar el usufructo

Cuando lo firmaron -en la misma notaría, por supuesto-, dada la avanzada edad de la mujer y la creciente afectación por el alzhéimer, debían tener la convicción de que su fallecimiento era solo cuestión de tiempo. De poco tiempo. Pero se equivocaron. Y se impacientaron.

Ante el pico de precios actual, sobre el que algunos expertos ya están vaticinando que el frenazo está próximo, se les dispararon las ansias por revender cuanto antes. Trataron de invalidar el usufructo e iniciaron los trámites para desahuciarla, el plan saltó por los aires. Los sobrinos de la mujer se enteraron y denunciaron en la comisaría de Russafa. Eso fue hace meses. Ahora, tras una intensa investigación llevada a cabo por agentes de esa comisaría, han sido detenidos el notario, los dos abogados, el testaferro y la cuidadora.