El juez paraliza la venta y alquiler de todas las propiedades expoliadas a la anciana con alzhéimer

El juez de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha paralizado la venta y alquiler de todas las propiedades expoliadas a una anciana de 80 años con alzhéimer, víctima de una trama formada presuntamente por un notario, dos abogados, el testaferro y la cuidadora de la mujer, que aprovecharon las consecuencias de la enfermedad para convencerla de que vendiese a precios muy por debajo del mercado todos los bienes que tenía a su nombre -entre ellos su vivienda, de la que le querían echar tras revertir el usufructo vitalicio-, para revenderlos posteriormente a un precio muy superior y lograr así un importante beneficio económico.

Los hechos, producidos entre 2022 y 2023, salieron a la luz después de que los sobrinos de la octogenaria descubrieran lo sucedido y lo denunciaran. Los cinco acusados negaron ante el juez haber estafado a la octogenaria. Así con todo, el magistrado acordó medidas cautelares para cuatro de ellos -los dos abogados, el supuesto testaferro y la cuidadora- a los que les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir de España. No fijó ninguna medida para el quinto detenido, el notario que avaló todas las ventas, al considerar que su participación fue secundaria, pero le acusa de los mismos delitos que al resto de implicados: estafa agravada, falsedad documental y posible deslealtad profesional, entre otros, al no haber comprobado si la afectada accedió a las ventas por su voluntad.

Serios indicios de estafa

Ahora, tras revisar toda la documentación y el contenido de la investigación realizada por la Policía Nacional, el instructor ha decretado la prohibición de cualquier transacción sobre los tres bienes de la anciana -una nave industrial, un bajo comercial y una vivienda, los dos últimos en barrio de Russafa- al detectar "serios indicios" de que la mujer ha sido víctima de una estafa, y que los investigados se pusieron de acuerdo para engañarla y convencerla de que vendiera sus propiedades sin ser consciente de lo que hacía, con el objetivo de dejarla sin bienes.

Según la investigación policial, los dos abogados habrían sido los encargados de ultimar los detalles de las sucesivas ventas, la primera de las cuales se firmó en 2022 y la última, en diciembre de 2023. Todas las compraventas se cerraron en la misma notaría, a quien se acusa de haber participado en la estafa a la mujer, ya que los precios por los que vendió eran anormalmente bajos y el estado mental de la vendedora no era el de una persona en pleno uso de sus facultades.

Medio millón de beneficio

La primera propiedad que adquirieron tras lograr que la mujer firmase en la notaría fue la nave industrial, que le compraron, a nombre de un testaferro -siempre el mismo-, por 115.000 euros, cuando su valor de mercado era de 280.000 euros en el momento de la transacción. A continuación, la convencieron para poner en venta un bajo comercial en el barrio de Russafa por 40.000 euros, una cifra irrisoria ya que cinco meses después, a través del mismo testaferro, vendieron el local a un tercero por 320.000 euros.

Pero no les pareció suficiente. Lo siguiente fue la vivienda familiar de la mujer, la última propiedad que le quedaba. Se trata de un piso de grandes dimensiones en una finca sita en una de las principales calles de Russafa. Consiguieron que accediera a firmar la venta por 190.000 euros. La compraventa llevaba una condición: que la mujer pudiese seguir viviendo en ese piso hasta su muerte, es decir, la propiedad pasaba a ser de los ahora detenidos, pero la octogenaria tenía el usufructo de por vida. Cuando lo firmaron -en la misma notaría, por supuesto-, dada la avanzada edad de la mujer y la creciente afectación por el alzhéimer, debían tener la convicción de que su fallecimiento era cuestión de -poco- tiempo.

El juez anula la reversión del usufructo

Pero se equivocaron. Y se impacientaron. Ante el pico de precios actual, sobre el que algunos expertos ya están vaticinando que el frenazo está próximo, se les dispararon las ansias por revender cuanto antes. Trataron de invalidar el usufructo e iniciaron los trámites para desahuciarla, el plan saltó por los aires. Los sobrinos de la mujer se enteraron y denunciaron en la comisaría de Russafa. Eso fue hace meses. Tras una intensa investigación llevada a cabo por agentes de esa comisaría, fueron detenidos el notario, los dos abogados, el testaferro y la cuidadora.

Ahora, el juez ha prohibido la venta y alquiler de estos bienes y ha anulado la reversión del usufructo mientras avanza la investigación. Lo hace ante las numerosas pruebas incriminatorias de que los cinco acusados se organizaron para estafar, engañar y dejar sin bienes a la octogenaria.