Acusan a los representantes de un sindicato policial de malversar más de 10.000 euros en comidas, desplazamientos y gastos de representación

La Ciudad de la Justicia de Valencia ha acogido este miércoles la segunda y última sesión del juicio contra el antiguo Secretario general y el exsecretario de Tesorería y Finanzas de los Comités regional y provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los principales sindicatos policiales en la Comunitat Valenciana, acusados de realizar desde finales de 2018 y durante el ejercicio de 2019 una serie de actuaciones irregulares y sin justificación alguna en la gestión y distribución de los recursos económicos del sindicato, de los que eran encargados hasta que fueron cesados.

A ambos se les acusa de un delito de administración desleal después de que una auditoría interna constatara la existencia de gastos excesivos o abusivos en desplazamientos, comidas y cenas, y movimientos de caja de un comité a otro sin causa justificada. Según cálculos internos, estas operaciones ocasionaron un perjuicio económico de más de 10.000 euros en las finanzas de ambos comités. Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita provisionalmente 18 meses de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización al sindicato por los perjuicios ocasionados.

La acusación particular eleva las penas a dos años y medio al considerar que los antiguos representantes sindicales abusaron de manera continuada de la facultad de administración y gestión que tenían otorgada sobre los recursos económicos de los comités para defraudar, sin autorización ni conocimiento del sindicato, 10.522 euros de los fondos de la organización para su propio beneficio. La defensa, por su parte, solicita la absolución de sus representados, quienes se han declarado inocentes ante la jueza de la Plaza 3 de la sección penal del Tribunal de Instancia de València.

Gastos desproporcionados

Ambos han reivindicado este miércoles que todos los gastos que han sido investigados son lícitos, y que estos están enmarcados en reuniones y labores asociadas a su cargo de representación. Sin embargo, un informe pericial encargado por la Comisión Nacional de Revisión de Finanzas de la CEP, elaborado por un economista y reproducido durante el juicio, concluye que durante el tiempo en el que estuvieron en el cargo hubo "una pésima gestión de los recursos económicos" y una "dejación de las funciones de contabilidad". En su informe, el experto detectó numerosas salidas de caja "injustificadas, de las que no consta documentación que acredite la motivación de esos gastos. En otros movimientos sí que se aportaron ticket o factura, "pero no se ha justificado debidamente su fin sindical".

Entre los gastos que, considera, son retribuibles -es decir, que los acusados deberían de devolver al no haberse justificado- enumera las partidas "abusivas" por gastos de desplazamiento desde o con destino a los domicilios particulares de los acusados, así como los desembolsos "desproporcionados" por actos de representación en comidas y cenas "sin aparente razón justificada", la mayoría en Torrent, Sedaví o Alfafar. Cuestiona también la legitimidad de algunos pagos en bares y restaurantes contabilizados "con anotaciones, sin el debido detalle de los conceptos", la compra de alimentos perecederos para regalar a afiliados sin la debida justificación.

A raiz de una investigación interna también se detectaron supuestas irregularidades en la llevanza de la contabilidad como movimientos bancarios no justificados o traspasos de dinero de la caja de un comité a otro sin justificación alguna, con gastos duplicados en representación de ambos comités y en fechas coincidentes. Dicha investigación concluyó que las supuestas irregularidades cometidas entre finales de 2018 y durante el ejercicio de 2019, hasta que fueron cesados el 6 de septiembre, causaron un perjuicio económico de 10.522 euros.

Captar y retener afiliados

La defensa, ejercida por el letrado penalista Juan Carlos Navarro, ha centrado su interrogatorio en demostrar que todos los gastos que efectuaron sus representados están debidamente justificados. Incluso los 70 euros que se gastaron en la compra de quesos y embutidos en un establecimiento de León, y que se compraron "para hacer un ágape con los delegados sindicales y fidelizarlos", ha señalado el exsecretario. El policía alega que todos los gastos están motivados en su labor como representante sindical y que muchos de los pagos, por importes de unos pocos euros, están enmarcados en una "estrategia para captar y retener afiliados": "En ese momento la asociación emergente Jusapol estaba pegando fuerte y nosotros nos estábamos desangrando".

Afirma que lo suyo "era un trabajo de barro" porque, como representante del segundo comité más potente de España, tenía que reunirse constantemente con compañeros y afiliados para atenderlos, escuchar sus problemas e incluso tratar de captar algún afiliado. "Me tomaba cafés con personas, almorzaba... sí. Pero antes de pasar un gasto yo me preguntaba '¿esto lo haces como Fran o como secretario sindical?'. Esa ha sido la base antes de pasar un cargo". Asegura que todos los gastos y asignaciones, incluso las no justificadas, "eran habituales, la norma" y ha recordado que los estatutos del sindicato indican que "el comité es competente para distribuir recursos económicos y trazar estrategias sindicales".

Autorizados por el Comité Nacional

Respecto a los gastos de desplazamiento o de limpieza de su vehículo, que el perito considera que no están justificados, asegura que durante una asamblea se decidió alquilar un coche porque sería oportuno para la organización, porque usábamos los nuestros para hacer gestión sindical, pero vimos que era mucho más caro y decidimos seguir usando nuestro coche para ahorrar dinero al sindicato. "Lo decidimos nosotros, sí, pero en base a ese ahorro, porque el gasto era infinitamente menor". El exsecretario insiste en que todos los gastos están motivados en su trabajo. "No me excedí". Asimismo, atribuye la denuncia a las diferencias y enfrentamientos que mantuvo con varios compañeros, quienes, asegura, sabían que aspiraba a ser secretario nacional y "quisieron quitarme del medio".

Por su parte, el otro coacusado, el extesorero, ha ratificado la versión de su compañero y ha matizado que los gastos correspondientes al kilometraje "no los pasábamos todos los días, solo cuando íbamos a la oficina para fines sindicales". Asimismo, asegura que el Comité Nacional de la CEP tenía constancia de todos los gastos y los autorizaba. "De no ser así, no hubiera podido meterlos en el programa informático, porque necesito su autorización para ello", ha esgrimido. Tras elevar todas las partes sus conclusiones a definitivas, el caso ha quedado visto para sentencia.