"Mientras a la víctima se la molesta todo el tiempo, el agresor sigue con su vida sin que nada ni nadie le perturbe"

Pilar Sánchez (38), Czarina C. (43), María Isabel (58), María del Carmen Díaz (78), Victoria H. (33), María Belén Fernández (52), Ana Sorribas (64), María José Bou (47), su hija Noemí (12), y Petronila B. (37). Son los nombres de las diez víctimas mortales por violencia de género registradas en España desde el pasado 1 de enero. Un listado que este viernes ha sumado a una nueva víctima, un niño de diez años asesinado en Tenerife por su padre. La madre del menor y pareja del asesino, se encuentra hospitalizada en estado muy grave.

Once crímenes machistas en apenas mes y medio, 47 días para ser exacto -el primer caso se produjo el 4 de enero- que hacen que España asista a uno de sus inicios de año más negros de las últimas décadas en cuanto a violencia machista se refiere, con una media de una víctima mortal cada cinco días, lo que ha hecho saltar todas las alarmas y plantear un debate. ¿Están siendo efectivas las medidas de protección a las víctimas?

Levante EMV ha consultado con expertas en distintos ámbitos que participan en los procesos que se ponen en marcha ante cada caso, desde que se interpone la denuncia hasta que se hace un control y seguimiento del caso, pasando por la valoración de víctima y agresor para examinar los riesgos que determinarán las medidas cautelares que se acuerdan para proteger a las denunciantes.

Tras confirmarse que cinco de las nueve víctimas (las otras dos son dos menores) habían denunciado previamente a su maltratador, y que en un sexto caso lo hizo su entorno, queda de manifiesto que el sistema de protección falló en un 66% de los casos. Un porcentaje excesivamente alto que plantea que urge revisar qué ha fallado en su aplicación, no solo para salvar a futuras víctimas, sino también para evitar que las mujeres que sufren maltrato huyan del mejor sistema de protección mientras no se implementen otros caminos: la denuncia.

Educación desde los 0 años

Carla Mercé, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de a Delegación de Gobierno de la C. Valenciana, cree que la disfunción se produce mucho antes: "Cuando una mujer acude a interponer una denuncia por violencia de género, ya hemos fallado como sociedad, por no haber sido capaces de evitarle esa violencia". Y advierte: "Seguirá pasando mientras no seamos capaces de dar una respuesta conjunta a un problema que es estructural y multifactorial". Es por ello que, insiste, "no se trata de buscar culpables, sino soluciones". La experta matiza que es un error resumir un caso en si hay una denuncia previa o no, o en el nivel de riesgo. "Eso, de alguna manera, es responsabilizar a la víctima o a la administración, cuando la culpabilidad reside en quien comete el delito".

A su juicio, hace falta más sensibilización y formación para erradicar la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. Un trabajo que se debe iniciar desde los 0 años "para educar que nadie es dueño de nadie". También es necesario reforzar los canales de comunicación entre todos los operadores intervinientes y las administraciones competentes. "No podemos actuar como departamentos estancos". Además, añade, los tres niveles administrativos con competencias y recursos en esta materia -local, autonómico y estatal- "tenemos que generar confianza a las mujeres y sus entornos para que nos trasladen la realidad de lo que están viviendo y poder darles la mejor respuesta".

Mercé insiste en que en la Comunitat Valenciana "hay muchos recursos y muy bien dotados, pero necesitamos que se conozcan más y mejor". A modo de ejemplo, y a nivel estatal, habla del 016, un servicio de información especializado, de asesoramiento jurídico y de contención psicológica de emergencia que informa, asesora y apoya a las víctimas en 53 idiomas, las 24 horas del día y los 365 días de la semana. Sin dejar rastro en la factura telefónica. "Todavía hay mucha gente que desconoce la función del 016, y que piensa que es un teléfono de denuncia".

Más control y cooperación

Por su parte, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria y experta en violencia de género, Lara Esteve, admite que las herramientas de las que disponemos actualmente, entre ellas las órdenes de protección a las víctimas, "no son infalibles", aunque remarca que los incumplimientos "son un porcentaje mínimo", lo que demuestra que "son efectivas". Lo dice con conocimiento de causa, porque trabaja todos los días con casos de violencia de género. Entre diez y quince a la semana, más de 200 casos desde el inicio del año, solo en su partido judicial. Una cifra muy elevada que pone de manifiesto que la violencia machista "está muy lejos desaparecer".

Preguntada por qué se puede hacer para garantizar la eficacia de las medidas de protección a las víctimas, Esteve destaca la importancia de "controlar el cumplimiento de las resoluciones judiciales", las medidas que acuerdan los magistrados basándose en muchos factores, como las declaraciones de la víctima y el agresor o las valoraciones de riesgo hechas desde el ámbito policial. "Es fundamental que la orden de protección no acabe con el auto de la jueza. Ese es solo el primer paso", insiste. En ese sentido, explica que hay que garantizar la vigilancia a las medidas acordadas como, por ejemplo, que un maltratador no quebrante una orden de alejamiento.

A este respecto, agrega, es importante que las víctimas reciban una atención especializada en todos los sectores, no solo en el judicial, y que todos los organismos implicados cooperen y trabajen conjuntamente. Es decir, si se decreta la medida cautelar de prohibición de aproximación, es imprescindible que tengan constancia los centros escolares y sanitarios, entre otros. "Si el colegio no sabe que existe una orden contra un padre, no puede impedir que entre al centro o que recoja a sus hijos", explica. Además, concluye, hay que examinar de manera adecuada todos los factores para que los análisis de riesgo que se realizan -que mide el peligro de reincidencia con un ataque grave o letal- sean precisos y se acuerden las medidas adecuadas.

Más de 17.000 mujeres bajo protección

El seguimiento para la protección de las víctimas se lleva a cabo a través del Sistema VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior que supervisa la seguridad de más de 17.000 mujeres en la Comunitat Valenciana. Todas ellas tienen un agente de referencia -Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local- que se les ha asignado y que conoce su caso tras una valoración policial del riesgo (VPR). Esta se realiza tras tomarles declaración -en demasiados casos a través de Protocolo 0, ese que se pone en marcha cuando la víctima es resistente a denunciar- en cualquier centro policial. A partir del resultado, los jueces podrán tomar una decisión de qué medidas poner en marcha para proteger a la mujer y a sus hijos e hijas.

La inspectora jefa de la llamada Policía Autonómica, Pilar Bojó, jefa de las Oficinas de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de la Generalitat Valenciana -hay tres, de la etapa del Botànic, una en cada palacio de Justicia de València, Alicante y Castelló- matiza que el seguimiento a las víctimas no es una cuestión de vigilancia, sino de protección. Es para eso para lo que está concebido el Sistema VioGén, "para dar la mayor protección posible a las víctimas y a sus hijos siguiendo una serie de procedimientos dirigidos a que esto se haga de la forma más efectiva y eficaz posible". Bojó reivindica que lo que hace falta para mejorar la protección de las mujeres es "concienciación social, colaboración de todas las partes y organismos implicados, y trabajar sobre aquellas cosas que fallan o se pueden mejorar".

Sobre el perfil de las víctimas, destaca que cada día acuden a las oficinas mujeres de diferentes edades, nacionalidades, nivel económico y cultural, que lo único que tienen en común es sufrir o haber sufrido maltrato por parte de quienes son o han sido sus parejas. A todas ellas les brindamos una atención multidisciplinar por parte de policías, psicóloga, trabajadora social y letrado especializado con el fin crear una red de apoyo y asistencia integral", agrega. No en todos los centros de denuncia reciben esa atención y salen ya con un abogado asignado, como señala la ley.

Herramientas buenas, pero infrautilizadas

Además del sistema VioGén 2 -es la versión mejorada en 2024 del primer VioGén-, la C. Valenciana cuenta con una completa red, pionera en el país, de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), una herramienta cuya puesta en marcha está recogida ya desde la ley integral de 2004, pero que en el resto de autonomías, o no existen o, como mucho, hay una en la capital de provincia y ya. Su creación fue un empeño personal de la consellera de Justicia Gabriela Bravo, en tiempos del gobierno PSPV-Compromís, y son un referente en el abordaje de la violencia contra las mujeres en todo el Estado. Además, están comarcalizadas, para evitar tediosos desplazamientos a las víctimas.

Cada unidad la integra un equipo multidisciplinar formado por un médico forense, psicólogos y trabajadores sociales que se entrevistan con las víctimas y, aquí radica la diferencia con las policiales, también con el agresor. Las UVFI, explica su jefa en València, Purificación Beltrán, constituyen una poderosa herramienta, porque realizan valoraciones forenses integrales (VFI), esto es, desde todos esos ángulos psicosociales y médicos. Eso sí, esa evaluación integral que hacen las UVFI se lleva a cabo transcurrido un tiempo, cuando la situación se ha 'enfriado' y los indicadores no se distorsionan por esa tensión propia del momento crítico que es la denuncia. La VFI es "fundamental", a juicio de Beltrán, porque "es mucho más profunda y se centra en la figura de la víctima y de la relación de pareja con el agresor".

¿Por qué no hay más valoraciones forenses de urgencia?

Pero no es la única intervención forense que prevé la ley. La figura del médico aparece, o debería aparecer, mejor dicho, por primera vez el día que el agresor ya detenido es llevado ante el juez o la jueza de guardia. Sobre todo, si hay indicadores en la evaluación policial que hablan de que hay menores en riesgo o de que se está ante un caso de especial relevancia. En esas situaciones, la Fiscalía o el titular del juzgado debe pedir que el forense de guardia explore al agresor y a la víctima (ojo, si él se niega, ya no se molesta a la mujer; no se hace ninguna de las dos), para que haya criterios médicos en la evaluación -desde adicciones a cuestiones de salud mental, entre otras-, lo que permite diagnosticar y observar parámetros que no tiene por qué captar un agente policial en la citada VPR. Esta última se basa principalmente en las respuestas de la víctima a un cuestionario -amplio, eso sí-, por lo que el resultado está automatizado, si bien es cierto que el agente tiene la potestad de subir manualmente el nivel de riesgo -¡nunca de bajarlo!- si considera que 'la máquina' se ha quedado corta o si encuentra indicios alrededor de la víctima -testigos, familiares...-que agravan lo que ella cuenta.

A pesar de que esa valoración forense inicial de urgencia, la VPR-H, es un magnífico complemento a la VPR que ha salido del cuartel o de la comisaría, porque aporta más datos y desde ángulos científicos que ayudarían a los jueces a decidir qué medidas dictar, casi nunca se solicita, denuncia Beltrán. Para muestra, un botón: en todo 2025, solo se han hecho 10 de esas evaluaciones en el juzgado de guardia -en realidad, 5, ya que son dobles-, según recoge la propia memoria del Instituto de Medicina Legal de València del que dependen las UVFI. "No se les está sacando todo el partido que ofrecen. Es una buena herramienta y está infrautilizada", incide Purificación Beltrán.

Poner el foco sobre el agresor

La jefa en Valencia de las UVFI, como la magistrada Lara Esteve, destaca otro error habitual: poner todo el foco sobre la víctima y ninguno, o casi ninguno, sobre el agresor. "La experiencia nos indica que muchas veces a las mujeres les incomoda que se les llame por teléfono por parte de los agentes protectores, que van haciéndolo a distintas horas. Igual las pilla en el trabajo o con amigos o familiares, y tienen que dejarlo todo para contestar. Y mientras, el agresor sigue con su vida sin que nadie ni nada le perturbe. Eso no sucede con otros delitos. O cuando el agresor lleva una tobillera de control telemático, es ella la que está en un sinvivir. Cuando, si el seguimiento policial se hiciera sobre el agresor, no solo se equilibraría la situación, sino que, además, se descubrirían datos fundamentales a la hora de subir o bajar el riesgo en esas valoraciones posteriores a la VPR, que es una foto fija".

A lo largo del seguimiento de la víctima, se van haciendo las valoraciones policiales de evolución del riesgo, es decir, las VPER, que tienen en cuenta cómo ha ido cambiando (o no) la situación. Entrevistándose con él y con su entorno, destaca Beltrán, como se hace con la mujer, "los agentes averiguarían si bebe o no, si consume tóxicos, si continúa o no trabajando, si tiene vida social y de qué tipo... Todo eso permitiría modificar el riesgo y probablemente anticipar e incluso coartar quebrantamientos, por ejemplo, o poner en marcha algunos mecanismos y recursos de ayuda para evitar riesgos".