Absuelven a los representantes de un sindicato policial acusados de malversar más de 10.000 euros en comidas y gastos de representación

Los dos máximos representantes de los Comités regional y provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los principales sindicatos policiales en la Comunitat Valenciana, acusados de malversar más de 10.000 euros de los fondos del sindicato en gastos de representación, comidas y desplazamientos han sido absueltos del delito de administración desleal que se le imputaba. Así lo ha dictado la jueza de la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia al no hallar evidencias que acrediten que el antiguo Secretario general y el exsecretario de Tesorería y Finanzas se excedieran "de manera consciente en intencionada, más allá de lo razonable, en sus facultades de administración".

La magistrada no aprecia delito y da la razón a los acusados, que alegaron durante el juicio que los gastos que se les reclamaban "eran habituales". Aunque el Tribunal considera que "podría haber existido una mejor gestión de los recursos" del sindicato, no ve pruebas que determinen que los gastos efectuados sean irregulares ni estén desvinculados de la actividad sindical, como concluía una auditoría interna encargada por la Comisión Nacional de Revisión de Finanzas de la CEP. Es más, la sentencia remarca que hay actas que autorizan la gran mayoría de los gastos efectuados, y que demuestran que cada Comité Ejecutivo Regional "era el responsable de la gestión de sus recursos económicos, sin existir unos "criterios unificados" en cuanto a la gestión de los fondos.

Un trabajo "de barro"

Durante su comparecencia, el principal acusado justificó los gastos que pasó durante su etapa al frente del sindicato alegando que, como representante del segundo comité más potente de España hacía "un trabajo de barro" que hacía necesario reunirse constantemente con compañeros y afiliados para atenderlos, escuchar sus problemas e incluso tratar de captar algún afiliado. "Me tomaba cafés con personas, almorzaba... sí. Pero antes de pasar un gasto yo me preguntaba '¿esto lo haces como Fran o como secretario sindical?'. Esa ha sido la base antes de pasar un cargo", afirmó.

Después de destituirlos del cargo, la CEP presentó en febrero de 2020 una querella contra el antiguo Secretario general y el exsecretario de Tesorería y Finanzas de los Comités regional y provincial del sindicato en la que, en base a un informe elaborado por la Comisión Nacional de Revisión de Finanzas, afirmaba que los acusados habían realizado un gasto "excesivo, injustificado e indebido" de los recursos de la organización causando con ello un perjuicio económico que la CEP cuantificaba en 11.102 euros.

Durante el juicio, el economista que elaboró el informe acusaba a los representantes de haber llevado a cabo "una pésima gestión de los recursos económicos" y una "dejación de las funciones de contabilidad". En su informe, reproducido durante el juicio, el experto detectó numerosas salidas de caja "injustificadas, de las que no consta documentación que acredite la motivación de esos gastos. En otros movimientos sí que se aportaron ticket o factura, "pero no se ha justificado debidamente su fin sindical".

Cenas, cafés, almuerzos y kilometraje

Entre los gastos que consideraba retribuibles señaló las partidas "abusivas" por gastos de desplazamiento desde o con destino a los domicilios particulares de los acusados, así como los desembolsos "desproporcionados" por actos de representación en comidas y cenas "sin aparente razón justificada", la mayoría en Torrent, Sedaví o Alfafar. Cuestionaba también la legitimidad de algunos pagos en bares y restaurantes contabilizados "con anotaciones, sin el debido detalle de los conceptos", la compra de alimentos perecederos para regalar a afiliados sin la debida justificación. "Fue para hacer un ágape con los delegados sindicales y fidelizarlos", señaló el exsecretario.

El otro coacusado, el extesorero, ratificó la versión de su compañero y matizó que los gastos correspondientes al kilometraje "no los pasábamos todos los días, solo cuando íbamos a la oficina para fines sindicales". Asimismo, aseguró que el Comité Nacional de la CEP tenía constancia de todos los gastos y los autorizaba. "De no ser así, no hubiera podido meterlos en el programa informático, porque necesito su autorización para ello", ha esgrimido. Tras elevar todas las partes sus conclusiones a definitivas, el caso ha quedado visto para sentencia.

No había una normativa clara

Por estos hechos que ocurrieron entre finales de 2018 y durante el ejercicio de 2019, la acusación particular solicitaba dos años y medio de prisión para cada uno de los acusados al considerar que ambos abusaron de manera continuada de la facultad de administración y gestión que tenían otorgada sobre los recursos económicos de los comités para defraudar, sin autorización ni conocimiento del sindicato, el importe reclamado. La Fiscalía, por su parte, rebajaba la pena a 18 meses de cárcel.

Sin embargo, la justicia ha respaldado la tesis de la defensa, ejercida por el letrado Juan Carlos Navarro, que solicitaba la absolución de sus representados al considerar que todos los gastos estaban debidamente justificados. Así lo ha visto probado la magistrada, basándose en una explicación "razonable" expuesta por los acusados, y en las pruebas documentales aportadas y reproducidas durante el juicio. Pruebas que acreditan, además, que el sindicato no contaba con una normativa "clara y unificada" en relación al modo en que debía justificarse cada gasto, unas deficiencias que no demuestran la comisión de delito, por lo que absuelve a los dos acusados.