Crimen del canónigo: La Audiencia de Valencia condena a 28 años de cárcel al único autor identificado

El crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado la noche del 21 de enero de 2024 en su piso del número 14 de la calle Avellanas de la capital, ya tiene condena. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 28 años de cárcel a Miguel Tomás V. N., el hombre que estableció el plan junto a una tercera persona -el autor material del crimen, que jamás fue identificado- con la intención de matar al sacerdote y hacerse con sus objetos de valor.

El magistrado que presidió el tribunal popular, José Antonio Mora Alarcón, le impone las penas que buscaba la Fiscalía después de que un jurado popular respaldara su tesis y lo declarara cooperador necesario de un crimen que si bien no ejecutó -no fue la persona que asfixió al cura hasta la muerte-, sí que organizó. Lo hizo, según el veredicto del jurado, puesto de común acuerdo con un colaborador a sabiendas de que la víctima vivía sola y no tenía oportunidad de defenderse. "No fue una muerte accidental", subrayó el portavoz del tribunal popular.

Es por ello que el único acusado fue declarado culpable de asesinato, robo con violencia y estafa. Ahora, la sentencia condena al único responsable identificado a 20 años de cárcel por el delito de asesinato, cinco por el robo con violencia y tres más por el delito de estafa continuada. El fallo no contempla ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil al no considerar probada la existencia de familiares directos de la víctima que pudieran reclamar por su fallecimiento.

La sentencia, que cierra provisionalmente un caso sin que se sepa qué persona mató con sus manos a Alfonso López Benito, no es firme será recurrida por la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Durante la celebración del juicio, el condenado mantuvo que no participó en el asesinato ni el robo, que no estuvo en la casa y que fue un hombre llamado "Manuel" el que le entregó las tarjetas y el teléfono móvil de la víctima en la calle. Sin embargo, el presidente del Tribunal considera, de conformidad con el veredicto del jurado, que esta tesis no quedó probada debido a que, a la hora de la muerte, los datos de posicionamiento móvil acreditan que "estaban situados en el mismo lugar los teléfonos móviles de la víctima y el acusado, puesto que desde las 2:04 horas, (…) el teléfono de la víctima empieza a tener actividad y desde el mismo se realizan varios intentos de acceso" a las aplicaciones bancarias y comerciales de la víctima.

Añade la resolución que este hecho probado se refuerza con la declaración espontánea del condenado ante la Policía tras su detención, en la que describió el estado en el que se encontró el cadáver de la víctima, manifestaciones "que concuerdan con las imágenes del finado tumbado encima de la cama", circunstancia que concuerda con que la entrega de tarjetas y teléfono móvil se realizó en la casa en la que ocurrieron los hechos y no en la calle.

El jurado considera que estuvo en el piso

La resolución judicial respalda con su sentencia la tesis del jurado, que vio probado que sobre las once de la noche del 21 de enero de 2024 Miguel Tomás, acompañado de otra persona con la que había ideado un plan previo, a la que durante el juicio identificó como "Manuel -un temporero colombiano al que conocía de trabajar en el campo, según su declaración- acudió al domicilio de la víctima, de 79 años y con la que le unía una relación de amistad desde hacía meses.

Los agresores aprovecharon que el septuagenario se encontraba solo en su domicilio y el acompañante del condenado le tiró en la cama, le tapó la boca y le ahogó con la otra mano, mientras le apretaba el cuello. Este mecanismo combinado de estrangulación y sofocación acabó con la vida de la víctima, que no tuvo oportunidad alguna de defenderse del ataque.

A continuación, los agresores se apoderaron del teléfono del anciano y de dos tarjetas de crédito que se quedó el penado. Con una de ellas, sacó dinero en efectivo y realizó compras por valor superior a los 2.300 euros. Según consideró probado el jurado popular, el condenado le entregó parte del dinero en efectivo al autor material del asesinato mientras que con la otra tarjeta realizó compras por valor de 375 euros.

Durante los registros practicados por el Grupo de Homicidios en el piso de la calle Avellanas, los investigadores no hallaron ningún rastro de ADN del acusado. Sí que encontraron restos de otro varón no identificado, además de otros 7 vestigios de huellas, lo que acreditan que en el momento del crimen el acusado no estaba solo. A pesar de que el acusado aseguró durante el juicio que recibió las tarjes y el móvil de la víctima en una plaza próxima a El Corte Inglés, y que en ese momento desconocía que el cura estaba muerto, el veredicto, y ahora la sentencia, ve probado que Miguel Tomás se encontraba en el piso, y que fue ahí donde se produjo el intercambio.

La prueba clave: las llamadas

Así lo acredita el posicionamiento de su teléfono móvil, que lo situaba en la zona del crimen en las horas en las que se produjo. También las nueve llamadas que realizó a Cajamar haciéndose pasar por el sacerdote para conseguir el PIN de la tarjeta, y que finalmente consiguió porque el cura lo tenía anotado en un papel que guardaba en la funda de móvil. Algunas de estas llamadas fueron reproducidas durante el juicio.

El cuerpo de López Benito fue hallado sin vida por el conserje del número 14 de la calle Avellanas y por un amigo de la víctima la mañana del 23 de enero de 2024, sobre las 10.45 horas. Estaba desnudo en su cama y cubierto por una sábana. Los informes forenses presentados en la cuarta sesión fueron determinantes y revelaron que el cura falleció por asfixia, y que su asesino usó un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación que duró varios minutos. El único acusado por el crimen fue detenido un día después en el hostal donde había buscado cobijo, a escasos 300 metros de la comisaría de Abastos.

El juicio por el crimen del canónigo ha dejado desde la Instrucción hasta el juicio numerosas curiosidades: desde los siete pen drives que fueron localizados en una habitación y que jamás fueron localizados por petición de un juez al hecho de que la investigación se cerrara sin haber identificado al autor material del crimen. Otra curiosidad poco habitual: pese a tratarse de un asesinato y de que el juicio ha durado una semana entera, no ha habido presencia de familiares de la víctima -ni de sus parientes directos ni de esa otra familia a la que perteneció por elección desde su juventud, la Iglesia- en ninguna de las seis sesiones. Ni siquiera del Arzobispado de València a cuyo órgano de Gobierno pertenecía desde 2015, cuando fue nombrado canónigo de asuntos jurídicos.

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