La Audiencia de Valencia afea al Ayuntamiento de Mislata que responda con evasivas a la jueza del castillo hinchable

Una de cal y una de arena. La Audiencia Provincial de Valencia ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a que el concejal de Industria del Ayuntamiento de Mislata declare como investigado por el accidente del castillo hinchable de Mislata, ocurrido el 4 de enero de 2022, en el que murieron dos niñas -Vera, de cuatro años; y Cayetana, de ocho- y siete más resultaron heridos al levantarse la atracción por una fuerte racha de viento debido, entre otras muchas presuntas irregularidades, al mal anclaje de la misma y a la ubicación de la propia instalación.

Por contra, ha aprovechado su respuesta a los recursos de la acusación particular para dar un tirón de orejas al consistorio, a quien afea que haya eludido, en ocasiones, responder con claridad y no con evasivas, a los requerimientos de la juez de Mislata que investiga dos homicidios imprudentes, los de Vera y Cayetana, en ese accidente.

Todo ello es la respuesta que ha dado la sección tercera de la Audiencia a la familia de Vera, que ejerce la acusación particular a través del penalista Jorge Carbó, quien había elevado dos recursos tras la negativa de la jueza de Mislata de citar como investigado al edil, como ya hiciera con el anterior concejal al que querían pedir explicaciones como imputado, el de Fiestas, Antonio Almenar, por un lado, y de llamar a declarar a los dueños de las promotoras sobre cuyos solares acabaron instalando parte de las atracciones los feriantes, por otro.

Obliga a declarar a otro técnico municipal

Y, siguiendo con eso de la cal y la arena, al resolver el primero de los recursos, esto es, el que pedía imputar al concejal, la Audiencia sí concede algo que la jueza y el fiscal habían negado: que declare otro técnico municipal más, en este caso de la Concejalía de Fiestas. Por ello, insta a que se cite a declarar como testigo al técnico jurídico de esa área del Ayuntamiento de Mislata, que es quien emitió el informe favorable a la concesión de licencia de ocupación de vía pública para instalar la Feria de Navidad de aquel año que terminó en tragedia.

El tribunal ha dado el visto bueno a que comparezca el funcionario al apreciar que su testimonio "resulta de interés a la investigación puesta en marcha para conocer los pormenores de la expresada licencia de actividad, cuál era su objeto de tramitación y, en todo caso, cualquier extremo relativo a la misma".

Los padres de Vera, tal como ha venido informando al detalle Levante-EMV, intentan desde el principio "que paguen todos los responsables", y no solo los feriantes, al entender que el consistorio tenía el deber de vigilar y garantizar la seguridad de una instalación recreativa sobre la que la instrucción llevada a cabo hasta ahora ha revelado un sinfín de irregularidades.

Después de rechazar la imputación del concejal de Fiestas, Antonio Almenar, el tribunal de la Sección Tercera ha desestimado ahora de nuevo el recurso presentado por la acusación particular en el que pedía investigar al concejal de Industria, Alfredo Catalá, al considerar que la responsabilidad del suceso no corresponde al político, sino a su equipo. Es decir, ha vuelto a aplicar el mismo criterio, que no hay una causalidad directa entre la actuación del edil y el accidente y las irregularidades que le precedieron y lo causaron, porque el primero no supo de los segundos y, por tanto, no pudo tomar decisiones al respecto.

Falta de elementos de anclaje y más

En su escrito, el abogado de la familia argumentaba su petición al considerar que el concejal "no debería haber consentido la puesta en marcha del recinto ferial sin haber comprobado previamente las instalaciones". Según su planteamiento, basado en el marco legal actual, esta inspección era obligada para el Ayuntamiento, y de haberse llevado a cabo "se hubiera podido comprobar la disconformidad de lo proyectado con lo realmente ejecutado".

Es decir, que casi ninguna de las atracciones estaba instalada según lo previsto en el proyecto presentado ante el consistorio y validado por este con la firma del ingeniero de los feriantes. Ese cambio, que acabó siendo letal porque dejó, por ejemplo, el castillo en un lateral y sobre la acera, expuesto al viento y sin poder ser anclado porque lo que tenía debajo era hormigón y asfalto, se hizo a criterio de los feriantes cuando montaron la feria y nunca fue comprobado ni, por lo tanto, detectado.

Según ese ingeniero de parte, imputado también en la causa, él sí habría supervisado, según dice, personalmente, el recinto una vez instaladas las atracciones, un día antes de abrir al público, el 4 de diciembre de 2021. Sin embargo, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional demostró que su móvil -y, por tanto, él, concluyen los agentes- no se movió de su despacho en Elx en todo ese día, por lo que difícilmente podía estar al mismo tiempo en su oficina y en Mislata, controlando el cumplimiento del proyecto ferial.

Esa es, insiste la acusación particular, aplicando la lógica más elemental y los datos que ha asentado la investigación, la razón por la que el ingeniero validó la feria y las atracciones: porque nunca llegó a estar en Mislata (tampoco hay otros elementos, como facturas, fotos, etc, que prueben su presencia en el municipio el 3 de diciembre de 2021), así que no detectó esos cambios fundamentales respecto del proyecto plasmado en papel.

El deber de vigilancia del ayuntamiento

Pero, exponen los padres de Vera, tampoco lo hizo quien tenía el deber de garantizar la seguridad en última instancia, esto es, el Ayuntamiento de Mislata, razón por la que creen que es exigible que alguno o algunos de sus responsables políticos sean investigados por estos dos homicidios imprudentes, el de su hija Vera y el de la otra niña, Cayetana.

Sin embargo, la Audiencia ha sido exquisitamente cautelosa y les ha negado la pretensión al entender que ninguno de los dos concejales, ni el de Fiestas, antes, ni el de Industria, ahora, fue informado de esas irregularidades por sus técnicos ni fue consciente, en el caso del segundo, por ejemplo, que esos mismos funcionarios ni siquiera llegaron a incoar el correspondiente expediente para tramitar permisos y acumular la documentación relativa a la instalación ferial de esa Navidad.

Entre esas irregularidades, enumeran las que detectó la Policía y confirmaron luego los testigos, entre ellas la extraordinaria falta de elementos de anclaje del hinchable, que fue instalado sin tener en cuenta sus dimensiones, la carencia de cuerdas y contrapesos homologados para su correcta sujeción como alternativa a la falta de piquetas o de mobiliario urbano al que fijarlo o la mayor exposición al viento derivada de ese improvisado cambio de ubicación del castillo.

Rechaza citar a los dueños de las parcelas

No es la única respuesta de la Audiencia. Además del auto en el que rechaza que declare el concejal de Industria pero concede que lo haga un técnico de Fiestas, la Audiencia ha emitido un segundo escrito en el que responde a la petición de los padres de Vera de que declaren los dueños de los solares privados, hoy construidos, en los que en ese momento, diciembre de 2021 y enero de 2022, se instaló parte de la feria de Navidad de Mislata.

Es justo ahí, en la contestación a ese escrito, cuando afea al ayuntamiento que dirige Carlos Bielsa que responda con evasivas a una pregunta directa de la jueza cuando esta les requirió que informasen sobre la titularidad de algunas de las parcelas sobre las que los feriantes ubicaron las atracciones, haciendo caso omiso al proyecto aportado al ayuntamiento.

Así, la magistrada rechaza, por innecesario, que declaren los responsables de las promotoras Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios S. A. y Makati Directorship S. L. U., titulares de las parcelas ubicadas en la Plaza de la Libertad de Mislata sobre las que se instaló la feria, para que informen si el ayuntamiento les solicitó algún tipo de permiso, escrito o verbal, para permitir que se instalaran las atracciones en las parcelas de su propiedad y si estos la concedieron.

Y lo hace porque considera que ya ha quedado suficientemente probado que la feria ocupó, sin permiso, parte de los terrenos privados de esas empresas con la respuesta que dio en su momento el Catastro y con el informe de Homicidios, que incluía fotografías de cómo estaba la feria en el momento del siniestro.

Dos homicidios imprudentes

La cuestión no era baladí, teniendo en cuenta, como ha venido publicando Levante-EMV desde hace más de tres años, que la única documentación con visos de autorización para toda la feria fue la declaración responsable firmada por el ingeniero contratado por los feriantes, con despacho en Elx, y una licencia de ocupación de vía pública, el único documento, como refleja la investigación judicial, expedido por el Ayuntamiento de Mislata.

De momento, siguen investigados por dos delitos de homicidio imprudente los dos feriantes, el ingeniero contratado por estos que les firmó la documentación de la instalación y el ingeniero municipal que firmó el expediente administrativo, pese a sus reiterados intentos, desechados uno tras otro por la Audiencia, de que se sobresea la causa para él con el fin de quedar al margen del accidente.