Libertad para el concejal de Compromís de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha salido en libertad provisional esta mañana de los juzgados de Dénia tras ser detenido por la Guardia Civil este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental, que no ha ratificado la denuncia en sede judicial. 

Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia ha acordado este mediodía la libertad para el edil, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, informa el TSJ. La víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. El juzgado de Dénia ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm para su enjuiciamiento.

El concejal fue detenido por la Guardia Civil este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental. 

La detención, por su presunta implicación en un delito de violencia de género, se produjo alrededor de las 21 horas en el domicilio de Xàbia donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. 

El edil, perteneciente a la formación política Compromís, fue arrestado tras la denuncia presentada por su pareja y está previsto que pase a disposición judicial este lunes.

El concejal de Altea detenido por supuestos malos a su pareja tratos sale del juzgado de Dénia

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Según consta en la denuncia, el político habría propinado presuntamente una bofetada a la víctima durante una fuerte discusión cuyas causas no han trascendido. Posteriormente, siempre según el relato de la denunciante, el concejal la habría arrastrado por el suelo.

Tras recibir el aviso de un posible episodio de violencia de género, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Altea se desplazó al lugar de los hechos para hacerse cargo de las diligencias y procedió a la detención del concejal.

El entorno de la víctima confía en que el juez valore la adopción de medidas cautelares de protección para la denunciante, entre ellas una posible orden de alejamiento y la prohibición de comunicación por cualquier vía mientras se desarrolla el proceso judicial.

Rafael Ramón Mompó, funcionario de Correos en excedencia por su actividad como enlace sindical, podría enfrentarse a cargos penales recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En caso de condena firme, la legislación contempla desde penas de prisión hasta la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

Reacción del equipo de gobierno

Tras conocerse los hechos a través de los medios de comunicación, el equipo de gobierno municipal ha difundido un comunicado institucional en el que señala que, por el momento, solo dispone de la información publicada y que no ha recibido todavía una comunicación oficial completa sobre lo ocurrido ni sobre las actuaciones policiales o judiciales.

El alcalde ha decidido retirar de manera cautelar las competencias delegadas al concejal mientras se esclarecen los hechos.

En el comunicado, el gobierno local subraya su “respeto absoluto al principio de presunción de inocencia”, al tiempo que expresa una “condena firme y rotunda ante cualquier tipo de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres”.

Asimismo, el ejecutivo municipal reitera su compromiso con la defensa de la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia, y señala que adoptará las decisiones que correspondan una vez se disponga de información oficial completa sobre el caso.

Mientras tanto, el equipo de gobierno ha apelado a la prudencia, al respeto del proceso judicial y a la confianza en el trabajo de las autoridades competentes.