Familiares de las víctimas del incendio de Campanar: "No hemos tenido ningún apoyo ni fiscal, ni judicial, ni político. Es como si se hubieran quemado 10 muebles"

Los familiares de las diez víctimas mortales del incendio que en 2024 devoró el edificio de Campanar tienen fe ciega en que el informe pericial que han tenido que costear con sus bolsillos porque el juez se negó a encargarlo de oficio sirva para reabrir la causa y, esta vez sí, depurar las responsabilidades individuales de quienes favorecieron de un modo u otro el letal resultado de aquel siniestro. Es la primera vez que hablan en público del "dolor y la impotencia" que los consume desde aquella tarde del jueves, 22 de febrero de 2024, sin que "nadie" les haya prestado el apoyo en su incansable lucha por alcanzar "una verdad judicial" que les sirva de mínima reparación.

Ellos son Ruth y Rafa Sala Garrigues, hermanos de Esther; Tam Kachkarov, hijo de Elvira Kachkarova; y Enrique Sanfélix Moreno, padre de Alina, que murió junto a su madre, Florentina Cristea. Hablan de sus casos pero sus voces bien pueden representar los sentimientos de todas las familias de las diez víctimas mortales, entre ellas dos bebés, de dos años y ocho días, hermanos entre sí, y una adolescente de 14 años, Alina, que el próximo 1 de mayo habría cumplido los 17.

Los cuatro han comparecido este martes arropados por los tres abogados que los defienden en esta causa, Ignacio Grau, Miguel Ferrer y Juan Carlos Navarro, y han verbalizado no solo sus sentimientos de dolor por la pérdida de sus seres queridos, sino también la "rabia" y desesperación por el muro levantado en la investigación judicial que ha impedido que haya un solo investigado y que haya sido archivada tres veces, dos por el juez de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València y la tercera, la que está ahora en vigor y pretenden revertir las acusaciones particulares, por la Audiencia Provincial de València.

"El magistrado tenía claro desde el primer momento que la finalidad del procedimiento era el sobreseimiento. Y el fiscal, también. Ha sido no a todo. El primer archivo ya llegó a los 14 días, sin un solo informe de por medio. El único interés era que no hubiese sido intencionado. A partir de ahí, ha sido no a todo. Hasta recoger el material intacto de la fachada que se quiere analizar lo han tenido que hacer los familiares", exponen con acritud Grau y Ferrer, mientras Navarro asiente.

"Necesitamos encontrar la verdad, la justicia y la paz interior"

Rompe el hielo el padre de Alina. "El estado de los familiares de los fallecidos, en general, es de indignación, de soledad, de abandono. Llevamos todo este tiempo, dos años, chocando contra la misma pared. Encontrar un pequeño resquicio de luz al final de este pasillo sin salida nos permite tener la esperanza de encontrar la verdad, la justicia y la paz interior que necesitamos", resume cuando se le pregunta por cómo afrontan la posible reapertura del procedimiento, sobreseído provisionalmente en julio del año pasado.

Desde ese momento, durísimo, "han sido meses muy complicados. Solo el trabajo constante de nuestros abogados nos ha permitido confiar en que podemos encontrar este resquicio. Lo más importante es poder reabrir la investigación judicial para encontrar esa paz interior", reitera. "Tenemos que tener confianza, porque confiamos" matiza, "en la Justicia. Si no confiamos en la Justicia, ¿qué nos queda?", se pregunta.

Enrique Sanfélix expone que conocer las conclusiones del informe pericial elaborado por la arquitecta experta internacional en incendios en edificios Carmen Dorta sobre el que se basa la solicitud de reapertura les ha aportado "mucha esperanza; ilusión, queda poca, pero esperanza sí". Por eso, "sería un palo muy duro para nosotros que nos volvieran a decir que no". Lo que necesitamos es que ese accidente no se vuelva a repetir, que los fallecimientos no sean en balde y que se haga justicia".

"No se puede negar, es una prueba nueva"

Ese informe de 51 páginas, tal como informó Levante-EMV la semana pasada, pone el foco en el revestimiento del edificio de Campanar, cuya composición y estructura convirtió el inmueble en una gigantesca tea que devoró la finca de fuera adentro en menos de una hora. Se trata, como se ha venido informando desde el día de la tragedia, de placas de aluminio con núcleo de polietileno de la marca española Alucoil, con sede en Miranda de Ebro (Burgos), colocadas en fachada ventilada. Dos de los directivos de la firma acaban de ser condenados a tres años de cárcel por un tribunal de Milán por su responsabilidad en el incendio, idéntico al de Campanar, que destruyó el edificio de 18 plantas Torre del Moro en 2020, cuatro años antes de la tragedia de València. Sin víctimas, pero con nueve condenados, mientras que en València, la causa, con 10 muertos, está archivada.

Los abogados no contemplan que el juez no reabra el procedimiento. "Es una prueba nueva y es una prueba pericial. No puede negarse. Como mínimo debe reabrir para valorarla", sostiene Ferrer. ¿Y qué esperan? "De momento, vamos a ver el material constructivo, el Alucoil, porque la experta ha detectado importantes errores e inexactitudes que los jueces, el de Instrucción y los de la Audiencia, dieron por buenos para determinar el archivo provisional de la investigación".

Cuatro conclusiones: los errores de los jueces

Se resumen en cuatro: uno, que nadie ha probado que la reacción al fuego -la base de la virulencia del incendio- de las placas efectivamente colocadas en Campanar se corresponda con la que marcaba la norma en aquel momento -Alucoil entregó al juzgado supuestas certificaciones que eran, unas, fotocopias de distintos documentos, y otras, folios manuscritos; dos, que los jueces dieron por legales las placas basándose en que eran acordes a una normativa anterior -y menos restrictiva- de la que ya estaba en vigor (2 de julio de 2005) cuando se concedió la licencia de construcción (18 de julio de 2005) y, por supuesto, cuando se compró la primera partida a la firma burgalesa (23 de julio de 2007); tres, sobre el papel, las placas tenían un grosor de 4 milímetros -0,5 cada plancha de aluminio y 3, el interior de polietileno, pero la realidad es que el informe de la Policía Nacional dice que las placas que analizaron tienen 4,5 mm de espesor, lo que implica que es posible que todas las fachadas sumaran un 12,5 % más de esa "gasolina sólida" que fue la brea en llamas que convirtió en antorcha el edificio; y cuatro, que el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) que emitió un certificador oficial dando por buenas y ajustadas a la norma las placas fabricadas en Miranda, documento que no era obligado pero que servía como argumento comercial para que los arquitectos optasen por un material entonces novedoso solo es útil si nadie altera después sus características.

Pero eso es solo el primer paso. Esperan, todos ellos, abogados y familiares, que a partir de ahí puedan avanzar en el proceso judicial para llegar a dirimir todas las posibles responsabilidades, incluida la descoordinación de los servicios de emergencias de la que todos ellos fueron testigos cuando se arremolinaron a las puertas del edificio clamando porque extrajeran a sus seres queridos sin que nadie les hiciera caso. "Los bomberos optaron por el confinamiento. Todos los que no hicieron caso, siguen entre nosotros". Y los que se quedaron, como sus parientes, murieron.

"Les pedí por favor que la sacaran; no tuve respuesta"

Es el turno de Rafa Sala. Su hermana Esther vivía alquilada -los diez fallecidos eran inquilinos- con su pareja, que en ese momento estaba fuera, en la torre más baja, de ocho plantas. "A mi hermana le indicaron que se quedara en la vivienda. Incluso llegó a hablar con un bombero, totalmente equipado, que les pidió a ella y otra mujer que se quedaran. El sentimiento de impotencia, de que no la pude ayudar y de que no la pude sacar...". Su voz se quiebra, el llanto le obliga a parar. "Eso es lo que me sigue matando por las noches".

Se repone y continúa, pero la emoción se queda instalada en su tono. "Espero que a través de este informe pericial se nos abra la puerta para averiguar también si hubo falta de coordinación, falta de medios, que se pueda aclarar todo aquello. Porque el sentimiento de impotencia, de rabia por el pasotismo de todos, por ver que no se ha hecho nada ni por parte de la Justicia, ni de nadie...". La frase queda en el aire. Y remata, con un dolor insoportable en su expresión: "Nunca hemos encontrado una puerta abierta".

Rafa, que es policía local y por eso supo mejor que nadie que su hermana iba a morir sin que nadie la rescatara, denuncia que ese día "hubo mucha falta de coordinación. Les pedí una y otra vez 'por favor, sacadla', les dije piso y puerta, no tuve respuesta". Y después de eso, cuando intentaron buscar la verdad, la soledad y el abandono: "No ha habido ningún apoyo, ni del fiscal, ni judicial, ni político. Como si se hubieran quemado 10 muebles", concluye con amargura.