Un maltratador ataca a puñetazos a un funcionario en la cárcel de Picassent durante el reparto de comida

Un funcionario de Prisiones ha tenido que ser atendido en un hospital de València con importantes lesiones tras ser agredido a traición por un interno de la cárcel de Picassent durante el reparto de comida, que le ha propinado varios puñetazos antes de que pudiera reducirlo. La agresión se ha producido en un módulo de internos violentos y con un alto grado de conflictividad en torno a las dos de la tarde de este jueves, cuando el funcionario le hacía entrega de la bandeja con el menú de mediodía, momento en que el preso le ha atacado por la espalda, primero, y frontalmente, después.

Se trata de una nueva agresión en este centro penitenciario, el mayor de toda España por su población reclusa, que supera de manera holgada y constante los 2.000 internos, y la masificación que sufre, algo que vienen denunciando de manera reiterada los sindicatos de funcionarios de Prisiones, con Acaip-UGT a la cabeza, sin que desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias se eleve el número de trabajadores o se rebaje el de presos.

Un recluso recién llegado

Este nuevo ataque grave, que se produce solo dos meses después de la última agresión importante, ha tenido lugar en el módulo dos del edificio de Cumplimiento, un espacio que alberga internos con perfil violento y/o conflictivo. El presunto agresor, de menos de 30 años, es un hombre de nacionalidad italiana que había ingresado en el centro penitenciario por orden judicial hace apenas unas semanas, acusado de un delito de violencia machista.

El recluso, que pese a ser su primer ingreso en una cárcel española y llevar poco tiempo interno ha protagonizado ya numerosas peleas e incidentes con otros presos, aprovechó el momento en que el funcionario depositaba la bandeja, de espaldas a él, para propinarle un fortísimo puñetazo en la región lumbar, para, a continuación, lanzarle un segundo golpe con el puño en la cara justo en el momento en que se giraba para repeler el ataque.

Varias sanciones acumuladas

El funcionario, que fue auxiliado al poco por sus compañeros, redujo como pudo al agresor, que ahora será reclasificado como consecuencia de esta acción, por lo que lo más seguro es que sea regresado de segundo a primer grado, el más restrictivo de todos.

Fuentes de toda solvencia han explicado a este diario que el interno ha acumulado múltiples sanciones por agresiones y peleas con otros internos en el corto espacio de tiempo que llevaba ingresado en el centro penitenciario de Picassent. Por esa razón, ha ido pasando por distintos módulos atendiendo a su escasa capacidad de convivencia pacífica con el resto de la población reclusa.

Otras fuentes consultadas por este diario han remarcado que el presunto agresor tiene un notorio historial delictivo en su país, Italia, aunque no han trascendido los delitos por los que fue detenido y encarcelado por las autoridades italianas.

Déficit grave de médicos

Según fuentes conocedoras de los hechos, este recluso sufre problemas psiquiátricos, un hecho que afecta a la inmensa mayoría de los internos en centros penitenciarios, ya que un porcentaje elevadísimo tiene enfermedades mentales derivadas del consumo abusivo de estupefacientes y de alcohol que se ven agravadas por la deficiente atención médica que reciben en las prisiones.

La razón es simple. Solo la prisión de Picassent ya tiene un déficit de médicos del 75 %, según vienen denunciando los sindicatos sectoriales desde hace décadas. En cuanto a psiquiatras, no hay ninguno, por lo que la medicación psiquiátrica la administran y supervisan los escasos médicos que hay.

La situación, crítica en ocasiones, obliga a tener que trasladar constantemente a los internos a servicios sanitarios y hospitalarios en el exterior, lo que incrementa las brechas de seguridad y las posibilidades de fugas o agresiones durante esos recorridos.

El Consell se lava las manos

La responsabilidad de la atención sanitaria es de las comunidades autónomas, que deberían haber asumido la atención a la población sanitaria hace más de dos décadas, en cumplimiento de la ley que regula el sistema nacional de salud y que fue aprobada en mayo de 2003. Esa norma daba un plazo máximo de 18 meses para hacer realidad esa transferencia, es decir, la fecha límite era noviembre de 2004.

Sin embargo, 23 años después de la entrada en vigor de la ley y casi 22 desde que expiró la moratoria, Valencia, como la mayoría de las comunidades, sigue sin hacerse cargo de esa competencia. De hecho, solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido por completo la atención sanitaria a la población reclusa sin necesidad de apoyarse en servicios externos.